No se puede normalizar lo que ocurre en Venezuela

La semana pasada la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela presentó su informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela.

Según su investigación, las protestas post electorales dejaron un saldo de 25 personas asesinadas, la mayoría de ellos jóvenes de los sectores populares. Explicó la relatora Marta Valiñas, que la respuesta del Estado a las protestas civiles fue «orquestada por los más altos niveles civiles y militares del Gobierno, incluido el presidente Maduro» y llevó a prisión a 158 niños, algunos de ellos con algún tipo de discapacidad, menores de edad que fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio. Según los datos difundidos por el propio Estado venezolano, 2.200 personas fueron detenidas. En su investigación concluyen que la situación de los Derechos Humanos en nuestro país no ha mejorado, sino que por el contrario «las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto poselectoral», indicó Valiñas.

Este informe, construido con datos verificables y fuentes confiables, sistematiza, explica y difunde a la comunidad internacional una realidad que sufrimos los venezolanos en nuestro país: el uso de los poderes del Estado en la conformación de un aparato represivo en contra de los adversarios políticos del régimen, el despliegue de las instituciones públicas y el sistema judicial para perseguir la disidencia democrática, aterrorizar a la población e imponer una supuesta “normalidad” en la sociedad venezolana. Una estrategia represiva que estuvo en construcción durante años y que ahora se extiende por el país con una violencia inédita en nuestra historia reciente y que tiene como fin la preservación en el poder de quienes han decidido dar la espalda a la Constitución desconociendo la voluntad popular expresada el 28 de julio.

La sistemática violación de los Derechos Humanos es una práctica injustificable que no es admitida en ninguna democracia, incluso en aquellas sometidas a la presión de una conmoción interna o ataque extranjero. Sin embargo, los poderosos que nos gobiernan (hasta enero del 2025) pretenden justificar este terrorismo de Estado apelando a absurdas teorías conspirativas sobre golpes de Estado e intentos de magnicidios, guiones dramáticos y puestas en escena que pretenden ocultar el miedo que le tienen a un pueblo que de manera cívica y pacífica decidió sacarlos del poder.

Estamos muy lejos de vivir la normalidad que nos quieren imponer, la violencia es un recurso volátil y peligroso que no puede sustituir la legitimidad que dan los resultados de unas elecciones donde la mayoría de los venezolanos decidió sacarlos del poder. El pueblo está del lado de la legalidad y la Constitución y será desde este espacio donde se seguirá luchando para concretar el cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría de los venezolanos.  

El informe presentado por el panel de expertos de la ONU nos recuerda la importancia que tiene el registro, sistematización, difusión y denuncia de la violación de Derechos Humanos en nuestro país, con un esfuerzo como este se podrá llevar ante la justicia a quienes pretenden convertir al pueblo venezolano en rehenes de su ambición. Las democracias del mundo, los organismos multilaterales, los medios de comunicación, periodistas y activistas de DDHH han sido actores importantes en este proceso de regresar a Venezuela a la democracia y a ellos debemos todo nuestro agradecimiento y compromiso de trabajo en los complejos momentos que tenemos por delante, un camino difícil en el que debemos seguir trabajando juntos.

Los ciudadanos, en nuestras comunidades, tenemos el reto de hacer valer la decisión soberana expresada el 28 de julio, así como documentar y denunciar las violaciones a los DDHH. Gracias a este esfuerzo las distintas instancias internacionales, pueden contar con información comprobada que les permita trabajar en el rescate de la democracia y el respeto a las garantías establecidas constitucionalmente.

Varias ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tienen habilitados números telefónicos para que quienes se sientan vulnerados en sus derechos puedan denunciar. Además podrán recibir asesoría psicológica y jurídica.

• Cofavic tiene dos líneas de comunicación por Whatsapp para atención psicojurídica: 0424-1947373 y 0424-2708638l
• PROVEA recibe denuncias por [email protected] Tlf 0424.176.9441
• Foro Penal presta atención a personas detenidas. Para hacer las denuncias comunicarse por 0412-556-8211, 0412-556-8212 o escribir a [email protected]
• Observatorio Venezolano de la Violencia  recibe denuncias por este correo electrónico [email protected]
• Espacio Público recibe denuncias a violaciones a la libertad de expresión  al 0424-1127622
• Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ correo:  [email protected]
• Amnistía Internacional 0212-7931318, [email protected]
• Centro de Justicia y Paz (Cepaz) [email protected]
• CECODAP. Para atención psicológica para niños, niñas, adolescentes y sus representantes 0424-2842359; 0414-2691229
• PsicoLínea UCAB. Primeros auxilios psicológicos.  0414-121.7882 y 0424-172.3981