Modelo rentista y dilema del prisionero
Para darle alguna acepción al término, lo entendemos como un escenario de incentivos, a favor de utilizar recursos y esfuerzos, motivados por intereses propios en detrimento del interés público, para capturar parte de la renta petrolera.
Tal comportamiento por parte de grupos de interés, políticos, funcionarios públicos y empresarios, no responde exclusivamente a la existencia de una ingesta de recursos y reservas petroleras, sino especialmente al entramado legal, regulatorio y de políticas de control; que hacen un negocio “vulnerarlo” o “franquearlo” para garantizar ser parte del festín de captar renta, sin tener que crear valor ni riqueza. De hecho, las distorsiones han llegado a tal punto, que se ha perfeccionado una economía de puerto en detrimento de la producción y la generación de valor doméstico.
Los economistas basados en el enfoque teórico de la captura, tanto los que responden a la escuela de la teoría de la regulación económica –acuñada fundamentalmente por George Stigler- como del Public Choice –endilgada a James Buchanan, ambos laureados con el Nobel-; dirían que tal diseño del Estado, de las normas, trabas y alcabalas administrativas y regulatorias responden a los intereses a favor de perfeccionar tal modelo rentista.
El modelo del Estado paternalista, responde perfectamente a esta visión de análisis del Public Choice; que reconoce el interés de quienes administran el poder en detentarlo y en consecuencia diseñar políticas redistributivas, clientelares y expoliadoras; para garantizar la masa crítica que los sostenga en el poder. Tal modelo perverso se facilita en la medida que el ciudadano atomizado, mal puede exigir accountability sobre su alícuota parte de la renta petrolera, y se conforma por una pésima, escasa o nula función pública, cuya principal responsabilidad es coadyuvar a la provisión de bienes públicos –entre otros, seguridad jurídica, seguridad personal, resguardo de las libertades civiles y económicas, un sistema jurisdiccional de enforcement de los derechos de propiedad, etc.-.
¿Por qué nos ha costado tanto cambiar esta realidad si la conocemos desde los años 70s? Porque resulta difícil que quienes tomen el poder se desprendan de este, tanto político como económico, cambiando el modelo de Estado planificador-rentista.
La teoría económica sobre la regulación y las políticas públicas asoma, como una condición necesaria para inmunizarse contra tales problemas de dilema del prisionero o de miscoordination social; contar con ciudadanos que se entiendan como Residual Claimants del modelo rentista que lesiona nada más y nada menos que a la eficiencia económica como bien social que se requiere para crear valor y riqueza –y en consecuencia empresas, acceso a bienes y servicios, inclusión económica y social, generación de riqueza para poder luego distribuir riqueza y no pobreza, etc.-.
En el Congreso Anual de Conindustria por un lado, y altos funcionarios públicos por el otro, han señalado la necesidad de transitar de tal modelo rentista a uno en el cual exista competencia y profundidad de mercado, para garantizar cantidad, alternativas y calidad de bienes y servicios. Así las cosas, la Política de Competencia, y el marco regulatorio en Venezuela debe ser discutido. Es el momento preciso para llevar adelante esta tarea. Por ejemplo, como lo señaló Conindustria en su evento anual, el país debe iniciar una discusión urgente sobre qué ha pasado con la política y regulación de competencia en el país. Por qué se ha dejado languidecer al ente regulador de competencia en el país y por qué desde el año 1999 el legislativo suele repetir cada año legislativo que se encuentra en mora respecto a un mandato constitucional que sólo ha contado con numerosos proyectos de regulación contra los monopolios sin siquiera discusión pública alguna.
