Malas-pagas II
Lo de la falta de apoyo por parte del régimen a los venezolanos que viven en el exterior no es nada nuevo. En 2014, una dolorosa noticia nos despertaba a la realidad: para poder enterrar al general Merlina Godoy, sus deudos tuvieron que hacer una colecta entre los otros venezolanos —exilados, expatriados, emigrados, o de condiciones parecidas— que vivían en la Florida. Esa humillación fue por culpa del IPSFA -—el organismo que supuestamente debe velar por la seguridad social de los militares retirados— que desde hacía más de seis meses no le enviaba a Merlina la pensión que se había ganado como uno de los mejores aviadores militares de Venezuela. Desde los lejanos “Vampiro” de la década de los 50, pasando por los F-86, y hasta los “Mirage III” del momento de su retiro, fueron muy destacados y reconocidos sus desempeños en el área operacional como piloto y en el área académica como instructor de vuelo de varias generaciones. Y pudo ser enterrado gracias a la generosidad de otros paisanos a quienes, probablemente, tampoco les sobraba la plata.
Pensionados venezolanos (militares y civiles) que habitan en otros países están endeudándose para poder comer, atrasándose en el pago de los alquileres, descuidando su salud por no poder comprar sus medicinas. Al mismo tiempo, los “premiados” por la nomenklatura derrochan por decenas de miles los dólares o euros que les mandan puntualmente desde Miraflores. ¿Contribuirá en algo al desarrollo o al reconocimiento de Venezuela la muchachita que funge de embajadora alterna ante la ONU, que está requetebién remunerada, y a la que se la premia solo por ser hija del muerto viviente? ¿Tenía Aristóbulo que movilizar un avión de cuerpo ancho para ir, acompañado de una centena de chupasangres, hasta Suráfrica? ¿A qué? A los narcosobrinos que están siendo enjuiciados en los Estados Unidos los defiende uno de los bufetes más caros de ese país; ¿de dónde salen esas divisas? Todas esas erogaciones están cubiertas por un manto oscurísimo. Como esos, muchos otros casos de embudo ancho para ellos y sumamente angosto para los demás.
Los intentos de evadir la culpa que salen de la esfera oficial no pueden ser más infelices: desde el “¿Y quién los manda a irse de Venezuela?”, hasta el “¡Bien merecido, por traidores!” uno los ha escuchado todos. Son pobres de espíritu sin remedio. Para contestarles a ellos, me apropio de un trozo de algo escrito por un querido amigo y colega, el coronel José Alberto Blanco:
“…nuestra actitud sobre el particular siempre ha sido la de entender la falta de comprensión que se posee acerca de nuestra humillante situación y concederle el crédito de la indulgencia a la fuente de tales criterios (…) Muchos de nosotros salimos del país hace más de 15 años por razones diferentes de las políticas, otros por la necesidad de buscar una mejor vida para su familia, o perseguidos por la situación política imperante en Venezuela. Cualquiera que haya sido la causa, lo real es que uno tiene derecho a fijar su residencia donde crea existan las mejores condiciones para la vida y el desarrollo y ello no admite ninguna discusión discriminatoria”.
“La paradoja de nuestra situación y la que viven nuestros compatriotas en nuestro país es que allá, teniendo (…) disponibilidades de dinero; no se consigue qué comprar y ello es sin duda duro de aceptar y soportar. Por otro lado, nosotros que podemos conseguir todo lo necesario para vivir una vida sin mayores limitaciones, no contamos ni siquiera con escasas disponibilidades de dinero para comprar y en la mayoría de los casos, ni para comprar las medicinas ni pagar los tratamientos médicos para subsistir”.
“…los pensionados en el exterior no hemos podido recibir nuestra pensión por más de tres años (…) y los menos desafortunados por más de un año. (…) Sencillamente estamos muriendo de hambre y vergüenza, porque el Estado Venezolano, uno de los países más ricos de Latinoamérica, no puede cumplir con su obligación de pagar las pensiones a sus nacionales en el exterior aunque sea seis meses atrasados o una fracción de ellas, cosa que hacen hasta los países más pobres del mundo, como es el caso de Haití (…) Y para que ese agobio sea mayor, debe enterarse de que el liderazgo institucional responsable de esta cruel violación de derechos humanos, dice que no puede hacer nada por nosotros y pretende lavarse las manos (…) hace más de un año que no cuenta con los recursos para vivir y tendrá que bajar indignamente su orgullo de anciano, para seguir viviendo de la limosna pública de una ONG u organización local que limitadamente le viene ayudando” (…) se trata de ancianos que han luchado toda su vida por ganar esa pensión, que ahora algunos tildan de ‘privilegio inmerecido’”.
“Se llega al extremo de no poder regresar a territorio patrio por no contar con los medios para hacerlo ni mucho menos para recomenzar una vida a tan avanzada edad. Es la trágica situación de no poder vivir ni aquí ni allá”.
La pensión no es un privilegio, es un derecho laboral adquirido. Las remesas no lo son; pero devienen de un decreto que está vigente. El gobierno recibió nuestros dineros con el compromiso de hacerles llegar su equivalente en divisas a nuestros familiares. Y no las entrega desde septiembre del año pasado. ¿Entonces, se lo robaron? Al Estado no le queda sino cumplir con su palabra empeñada y firmada y debe hacer llegar esos fondos a sus ciudadanos, sin importar donde estos fijen su residencia.
