Los desequilibrios microeconómicos y los precios “justos”

La gente está acostumbrada a que los economistas analicen los impactos de los desequilibrios macroeconómicos sobre la inflación y los balances externos del país. En el caso de la Venezuela actual, un gasto público desbordado ha generado un déficit cercano al 20% del PIB en los últimos años que, junto a la “maquinita” del BCV, ha arrojado a la circulación una masa enorme de dinero sin respaldo. Ésta presiona sobre una oferta restringida de bienes y servicios, y un mercado de divisas limitado, para empujar sus precios al alza. Este desequilibrio entre oferta y demanda se agrava por la destrucción del aparato productivo doméstico en razón de las políticas de control de precios, regulaciones, penalizaciones y expropiaciones que ha instrumentado el régimen bolivariano, y ahora también por la disminución de las capacidades de importación a consecuencia de la caída en los precios internacionales del petróleo.

Lo que no suele airearse con igual frecuencia son las distorsiones que estos desequilibrios causan a nivel microeconómico, es decir, entre los agentes económicos individuales: usted y yo como consumidor, trabajador y/o empresario. Es obvio que la inflación hincha la estructura de costos de la producción y comercialización de bienes y servicios, y que el incremento en el precio del dólar surte el mismo efecto en todo lo que se importe o tenga un componente importado. Para que una empresa no quiebre, debe subir los precios de lo que vende para recuperar este incremento en sus costos. Y, a menos que las remuneraciones aumenten en igual proporción, los trabajadores y empleados se empobrecerán. Pero si estos incrementos salariales no se basan en mejoras en la productividad, lo que ocurrirá es un impulso mayor a la inflación, dejando atrás, fatalmente, a las remuneraciones. Se presenta un severo y cruel desequilibrio microeconómico entre el costo creciente de los bienes y servicios que requiere una familia para vivir dignamente y los magros ingresos que ésta percibe.

¿Cómo ha respondido el gobierno “revolucionario” ante esta tragedia? Agravándola con el desabastecimiento. En vez de atacar las causas de la inflación –los desequilibrios macroeconómicos– le coloca una camisa de fuerza a los agentes individuales para que no puedan responder ante el problema. Como su política de acoso al sector privado merma la productividad, los salarios reales no aumentan sino que disminuyen, salvo para quienes ocupan altos cargos en el Estado. Para compensar por este deterioro, el Ejecutivo les impone a productores y comerciantes precios que no guardan relación con sus costos, para hacer que los bienes y servicios que venden sean “accesibles” al pueblo. Asimismo,los obliga a una serie de regulaciones y controles sobre el manejo de inventarios, “guías” de transporte y las relaciones laborales, que encarecen aun más sus actividades. El consecuente cierre de negocios, caída de la inversión y merma en la oferta interna de estos bienes y servicios pretende sustituirse, entonces, por su importación pública, sin pagar impuestos y aprovechándose de un dólar baratísimo pero escaso, sólo a disposición del oficialismo, para resguardar el consumo de la población. Pero el despilfarro de los petrodólares y la caída en los precios del crudo impiden suplir por esta vía las insuficiencias de oferta. De manera que, al lado de la reducción del empleo productivo y las presiones para mantener bajos los salarios para compensar los costos impuestos y poder competir con importaciones abaratadas, se une el desabastecimiento.

Pero esta dinámica perversa la conocen bien los venezolanos. Los bienes y servicios baratos, accesibles al pueblo por obra y gracia de la “revolución” no lo son tanto cuando hay que aguantar horas de cola a las puertas de los mercados, frecuentemente para encontrar que lo que uno busca no está. O, también cuando la única forma de conseguir estos bienes es pagando un sobreprecio –que puede ser significativo- a revendedores. Se acentúan los desequilibrios microeconómicos porque los salarios, ante el deterioro de la capacidad productiva doméstica y la inflación, no alcanzan para vivir –a veces literalmente, cuando lo que no se consigue son medicamentos indispensables o que permitan ser operado en hospitales y clínicas. Más aún, los controles y las regulaciones interponen obstáculos –verdaderas vallas- a la interacción fluida entre oferta y demanda, que muchas veces son sólo superarables con la garrocha de la corrupción.

Porque el resultado principal de esta política supuestamente justiciera del gobierno “revolucionario” es una economía que sólo funciona lubricada con corrupción. La brecha entre precios regulados y efectivos es un filón sumamente atractivo para el arbitraje –el “bachaqueo”- de todo aquel con “padrinos” o las conexiones adecuadas. Pero la tajada del león corresponde a quienes tienen acceso a los dólares a 6,30 bolívares y a quienes “custodian” las fronteras. Los incentivos para el llamado “contrabando de extracción” son altísimos cuando el rédito se contabiliza a ratios de bolívar / dólar “innombrables”; y la tentación para dejarse “mojar la mano” para mordisquear en este negocio es, para muchos funcionarios, irresistible. ¡Imagínense las posibilidades que se presentan con la gasolina que prácticamente se regala en nuestro país! Finalmente, esta la veta que representan las oportunidades múltiples de extorsión por parte de quienes fiscalizan el cumplimiento de los precios “justos” y de los controles y disposiciones cada vez más draconianas que impone el Estado. Y aquí no hemos mencionado los proventos del narcotráfico, tan “mediático” en estos momentos, ni la lavandería de dineros ilícitos que se disfraza detrás de negociaciones de PdVSA.

¿Por qué un gobierno que dice “defender al pueblo” no corrige tan nefasta política? ¿Por qué no enfrenta los desequilibrios macroeconómicos y fomenta la iniciativa privada indispensable para poder mejorar la productividad y, con ello, cerrar la brecha microeconómica? Obviamente, porque las políticas de control representan un negoción que ha prohijado intereses poderosísimos que no van a despedirse, de buenas a primeras, de semejante festín. Los “revolucionarios” en el poder todavía creen que pueden excusarse echándole la culpa de sus desmanes a la “burguesía” y al “imperio”. De ahí la idiotez de continuar insistiendo en una “guerra económica” como camuflaje. Ello se acompaña de todo un arsenal ideológico en el cual categorías mitificadas escamotean la realidad de un régimen de expoliación usufructuado por una oligarquía milico-civil. A los “capitalistas chupasangre” que oprimen a un pueblo trabajador, noble e indefenso, se une ahora la cruzada por unos “precios justos” -que sólo podrá definir el propio Maduro (¡!)-, como parte de la puesta en escena de esta lucha moralista entre el bien y el mal. Esta acción redentora de los “precios justos” acaba de hacer el milagro de desaparecer los huevos, como antes hizo con la leche, el jabón de baño y el papel tualé.

Este régimen de expoliación ha engendrado un sistema de complicidades que ha permeado todos los poderes públicos. El bálsamo ideológico con que se encubre busca aliviar toda conciencia de culpa. Que muchos favorecidos del régimen depredador crean efectivamente en estas monsergas fascio-comunistoides y se autoproclamen “revolucionarios”, de “izquierda” y protectores del “pueblo” ante una “derecha que busca restablecer sus escandalosos privilegios”, solo refleja el desespero por un cobijo moralista que los ampare de tener que enfrentar la cruda realidad de miserias que han creado. Pues que sepan estos “revolucionarios” que ese pueblo que alegan defender ya está harto y comenzará a desmontar este sistema de complicidades con la sólida mayoría que obtendrá en las elecciones parlamentarias del 6-D. ¡Que no se quede nadie sin votar por el cambio!