Legalidad y conveniencia de las sanciones internacionales
La sociedad internacional transita hacia la constitución de una auténtica comunidad internacional en la que los intereses individuales ceden ante los comunes, entre ellos, la protección de los derechos humanos, uno de los grandes avances del derecho internacional en los últimos tiempos. Ante esas nuevas realidades surgen algunas normas y principios, mientras que otros se transforman. La soberanía ya no es la misma, tampoco el alcance del principio relativo a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados puede interpretarse de la misma manera. La solidaridad ya no es un simple mecanismo de cooperación. Las normas superiores o imperativas de derecho internacional (jus cogen) surgen y se aceptan como obligatorias para todos.
Ante las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, ante los crímenes y las atrocidades de regímenes forajidos, la comunidad internacional, todos los Estados, tienen hoy el deber de injerencia, en el sentido positivo de una expresión que hasta ahora chocaba con algo sagrado: la independencia y la soberanía. La Carta Democrática de la OEA y otras cláusulas del mismo tenor insertas en distintos instrumentos internacionales autorizan y obligan a los gobiernos a expresarse y a exigir el respeto de las normas fundamentales de derecho internacional, sobre todo, esas que interesan a la humanidad, las relativas a los derechos humanos y a la protección del ambiente. No es una injerencia indebida, en definitiva, como lo afirman aquellos que se esconden tras la interpretación tradicional de algunas normas y principios para cometer sus atrocidades. Por el contrario, es una acción que se ajusta, y ello es parte de lo novedoso, a un deber de protección que se consolida, compatible con el ejercicio del principio de solidaridad internacional.
El régimen de Nicolás Maduro comete, como se constata en numerosos informes y documentos internacionales, de las Naciones Unidas y de la OEA en particular, violaciones sistemáticas y generalizadas graves de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad que, como dice el Estatuto de Roma de 1998, por el que se crea la Corte Penal Internacional, chocan con la conciencia de la humanidad. Ante esa violación del derecho internacional, los Estados pueden y deben, independientemente de si son o no afectados directamente por tales actos, adoptar medidas unilaterales para exigir al Estado de que se trate rectificar y garantizar el restablecimiento del orden jurídico.
De allí que gobiernos de la región y de Europa, algunas instituciones y otros órganos internacionales hayan adoptado medidas unilaterales legítimas y legales que se traducen en sanciones individuales en contra de los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y de crímenes que, como apoyo al terrorismo, narcotráfico o lavado de capitales producto de alguna actividad ilícita, interesan a la comunidad internacional en su conjunto.
No estamos, de ninguna manera, ante medidas contrarias al derecho internacional. Muy distintamente, estamos ante medidas que se insertan en el derecho de la responsabilidad internacional del Estado cuyo régimen, aunque aún en formación, permite que la comunidad internacional, cualquier Estado, pueda adoptar medidas unilaterales provisionales y proporcionales para exigir el respeto del orden jurídico, en particular, cuando se trata de normas internacionales superiores o del jus cogens.
La Cumbre de las Américas es el mejor espacio para concertar posiciones en favor de la adopción de acciones que favorezcan el retorno de la democracia en Venezuela, sin que ello pueda ser considerado una injerencia en los asuntos internos del país.
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