Las sanciones en el ámbito de las negociaciones políticas
El régimen de Nicolas Maduro pide el levantamiento de las sanciones para poder avanzar en una negociación que nos permita salir de la enorme crisis que atraviesa el país que, como hemos dicho, no es una simple crisis coyuntural, sino una crisis compleja que por su gravedad, con los derechos humanos en el centro, es del interés de la comunidad internacional, la cual se ha expresado rechazando las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de tales derechos, incluido el derecho a la democracia; y ha adoptado sanciones individuales en contra de funcionarios involucrados en la violación de tales derechos y en actos delictivos transnacionales, como la corrupción y otros conexos como el narcotráfico.
Sin entrar en los detalles sobre la oportunidad o conveniencia de una negociación en las actuales circunstancias, ni ante el procedimiento, en particular, acerca de la representatividad de quienes participan en ella, debemos reafirmar que las sanciones son justamente la herramienta de presión más importante sobre el régimen para forzarle a respetar los derechos de las personas y permita la restauración de la democracia en el país.
Las sanciones no pueden ser consideradas un preliminar o una condición para negociar y avanzar en un proceso de transición. Tales medidas unilaterales no pueden ser levantadas antes de la negociación, sino después, si los logros nos satisfacen a todos. Para que las sanciones puedan ser levantadas el régimen debe responder a las exigencias mínimas que garanticen el retorno a la democracia y al Estado de Derecho. Tendrá primero que liberar a los más de 400 presos políticos civiles y militares que son tratados en forma inhumana y degradante, muchas veces cruelmente torturados; garantizar una elección limpia y justa que refleje la voluntad real del venezolano y permitir el cambio hacia la democracia, con asistencia y supervisión nacional e internacional independiente e imparcial; respetar la libertad de expresión y el derecho de todos a informar y a ser informados; cesar las confiscaciones, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. En definitiva, garantizar que el país se abrirá a todos, sin condiciones ideológicas o políticas.
Por otra parte, y ello debe estar también muy claro, los derechos humanos no pueden ser negociados para avanzar en un proceso de transición. Ni las víctimas, ni la sociedad, ni el orden jurídico lo permitirían. Se trata de normas absolutas que son inderogables. Si se busca un arreglo para iniciar la transición, tampoco la justicia puede ser negociada. Hay obligaciones superiores que están por encima de la voluntad de los negociadores, sometidos al Derecho Internacional, como es luchar contra la impunidad, es decir, investigar los crímenes y sancionar a los responsables. De otra forma, cualquier proceso de transición estaría condenado al fracaso.
Las sanciones y en eso voy a insistir, no son ilegales ni ilegitimas. Están fundadas en el Derecho Internacional. Todo Estado tiene derecho a adoptar medidas en contra de otro cuyo régimen o la autoridad en el poder viole los derechos humanos en forma sistemática y generalizada como es el caso de Venezuela. No solo es un derecho de la comunidad internacional, es decir, de los Estados y de las organizaciones internacionales, adoptar y mantener estas medidas, sino una obligación que deben cumplir para defender a una población oprimida que sufre las violaciones y atropellos que van más allá de los derechos civiles y políticos, como los económicos y sociales, nuestro caso claramente, en el que se irrespetan los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación.
Las sanciones no pueden entonces levantarse antes de llegar a un acuerdo. Son parte de la negociación misma, nunca un preliminar como dije. Este planteamiento del régimen no es más que una maniobra dentro del proceso de negociaciones que debe ser rechazada por todos. Si se levantan las sanciones, que lejos de afectar al país como lo ha denunciado el régimen ante la Corte Penal Internacional que pronto se pronunciara rechazando tal aberración, no podrá llegarse a un acuerdo que pueda garantizarnos el retorno a la democracia en todos sus aspectos.
