La Velocidad y el Olfato
«Hay que abrir las llagas y heridas para poder curarlas». Lutero
La Diputada Margarita Stobizer acusó al Gobierno de estar detrás de la notoria disminución en la velocidad de los procesos por corrupción que involucran a Cristina Elizabet Fernández y a sus principales testaferros; atribuyó la causa al razonable interés de Cambiemos en tenerla como contendiente en las elecciones legislativas del próximo año, ya que su sola presencia actúa como factor divisor del peronismo.
No coincido con ella; creo que Mauricio Macri ha hecho (sea por propia vocación, sea por la vigilancia que ejerce Lilita Carrió) que el Poder Ejecutivo deje de inmiscuirse en el comportamiento de la Justicia federal, rompiendo así una tradición que viene de muy lejos. Así, los magistrados que tienen su asiento en Comodoro Py han quedado en total libertad de acción, algo que los ha sumido en un profundo desconcierto.
Muchos organismos de la actual administración han formulado fuertes denuncias frente a las innumerables irregularidades que sus nuevos responsables siguen encontrando todos los días; el kirchnerismo no dejó lugar, por pequeño que fuera, sin apropiarse de todos los recursos posibles, y los autores de tantos desaguisados se cuentan por docenas.
Sin embargo, y pese a que varias de las causas ameritan el dictado de prisiones preventivas, hoy sólo están en la cárcel cuatro de ellos: Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Omar «Caballo» Suárez y José López, y este último sólo fue detenido cuando se lo descubrió arrojando fortunas en efectivo. En cambio Boudou, Echegaray, Moreno, Sabbatella, los Zacarías, Oyarbide, De Vido, Anímal Fernández, Capaccioli, Cristóbal López, Spolsky, Garfunkel, Scioli, Baratta, Cámeron, Mariotto, Berni, los hijos de Báez, el jardinero y los ex secretarios privados de Cristina, Di Cesare, D’Elía, Máximo y Florencia, Andrea del Boca, Vandervroele, Ulloa Igor, Zannini, Capitanich, Mariotto, Abal Medina, Vanoli, Sbatella, Paladino, Schiavi, De Pedro, Granero, Tomada, Daura, Reposo, Milani, Picolotti y muchísimos más, siguen gozando de una inexplicable libertad.
Por mi parte, debito el visible enfriamiento en la marcha de los procesos por corrupción de la cuenta de los propios jueces, a quienes consideraba las mejores «narices» de la Argentina. Dado que su actitud tiene la ventaja adicional de resultar funcional al presunto interés de la Casa Rosada, y como hacen los empresarios locales, que demoran sus inversiones hasta ver si el Gobierno gana las elecciones del año que viene, los magistrados quieren tener la certeza de que sus antiguos patrones han sido enviados, definitivamente, al basurero de la historia. Se equivocan, y olvidan así que la temporaria impunidad que parecen estar ofreciendo a estos verdaderos genocidas (el régimen kirchnerista, al saquear tantos fondos públicos, ha exterminado por hambre e insalubridad a los más pobres) está reñida con la gobernabilidad, y ponen así sus propias cabezas en juego.
La ciudadanía debería autoconvocarse frente a la sede del Consejo de la Magistratura para exigirle urgentes resultados en las auditorías ordenadas a los juzgados federales para determinar cómo han sido llevadas las causas por corrupción y, sobre todo, para obligarlos a resolver rápidamente.
Los retrógrados y politizados sindicatos que nuclean a los «trabajadores de la educación» -antes se llamaban «maestros»-, todos ellos fanáticos kirchneristas, mantuvieron posiciones beligerantemente opuestas a la evaluación del aprendizaje de los alumnos de todo el país, indispensable para corregir sus defectos, y hasta fueron apoyados por algunos padres extraviados. Los argumentos utilizados para la crítica hubieran resultado risibles, si no fuera porque está en juego el futuro de sus víctimas; al mejor estilo de Kiciloff, cuando dijo que medir la pobreza era «estigmatizante», quienes debieran enseñar se niegan a que toda la sociedad se entere de la pésima instrucción que se imparte; y eso pese a que todavía no se ha evaluado a los propios educadores.
En un mundo que exige a los trabajadores cada vez mayor especialización, ya que la tecnología está expulsando del mercado laboral a los menos calificados, reemplazados por máquinas, más baratas y más eficientes, este panorama es criminal: la calidad de educación pública que se está impartiendo condena a generaciones enteras de argentinos a permanecer en la pobreza. Se verán imposibilitadas de acceder, no ya a la universidad, puesto que quienes terminan el secundario ni siquiera comprenden los textos que leen, sino tampoco a carreras terciarias. Los padres han tomado conciencia de ello y, cuando le suman la cantidad de días de clase perdidos por las reiteradas huelgas e injustificadas ausencias de los maestros, hacen migrar a sus hijos, masivamente, hacia la enseñanza privada.
El otro hecho destacado de la semana fue la obvia graduación en política, con honores, de Macri. Aún en medio de uno de los peores escenarios desde el punto de vista socio-económico, que impone márgenes estrechos a la maniobrabilidad, ha sabido manejarse con arte, apretando y aflojando frente a los demás actores, y consiguió desactivar un paro general que debía producirse antes de que comenzaran a notarse los síntomas firmes de la segura reactivación, como demuestra la confianza que expresan los mercados diariamente. Ahora habrá que ver cómo reaccionan las organizaciones sociales de izquierda ante un diciembre que todavía será complicado, y qué hacen el Gobierno y los empresarios para que transcurra en paz.
En materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, también ha comenzado el camino correcto, con el envío de las fuerzas federales a los enclaves urbanos con mayor incidencia de la criminalidad. Aún resta elevar al Congreso los proyectos de ley necesarios para autorizar la participación de las fuerzas armadas en la custodia de las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas, dotándolas de los elementos y de las normas necesarias. Será el único modo de garantizar a sus miembros que no serán más tarde procesados, como sucediera a quienes tuvieron que combatir a las guerrillas marxistas en las décadas de los 70’s y 80’s, casi dos mil de los cuales continúan muriendo en las cárceles, recluidos allí precisamente por sus vencidos.
Uno de esos canallas togados, el Juez Carlos Rozanski, acorralado y al borde de la destitución por el Consejo de la Magistratura debido a las denuncias por dejar prescribir las causas sin repercusión mediática y por los malos tratos a su propio personal, renunció como integrante del Juzgado Oral Federal N° 1 de La Plata, un epítome de las nulas causas por la comisión de presuntos delitos de lesa humanidad, de la violación de todas las garantías constitucionales y de la discriminación jurídica en contra de los imputados.
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