La transición implica la urgencia de un nuevo contrato social
La palabra transición sacude Indudablemente el espectro político nacional, al motivar por los cuatro costados del país la aspiración a un cambio ante el sufrimiento acumulado durante 25 años, en medio de un ambiente de crispación y exclusión permanente, auspiciado desde las altas esferas del poder como política de estado.
Ese aroma de primavera política lo revela las giras que realiza la líder opositora María Corina Machado a lo largo y ancho del territorio nacional, al recibir las exigencias transformadoras de la población a pesar de la gran incertidumbre que generan las dictaduras, con el uso abusivo del poder y la ferocidad de sus acciones para no perderlo.
Este nuevo escenario de relaciones entre la tiranía gobernante y el surgimiento de una oposición de fresca imagen ante la población, ha sido el terreno propicio para el surgimiento de propuestas, de planes de reconstrucción nacional que avivan el ideario colectivo de superar el peor capítulo de nuestra historia republicana próxima a cumplir 2 siglos en 2030.
Ahora bien, la mayoría de los conversatorios y propuestas rondan alrededor del restablecimiento del orden democrático, en tal sentido debemos alertar que esta lógica pretensión para que sea viable, debe obligatoriamente incluir las bases de un pacto social que restablezca el concepto de trabajo en toda su dimensión.
Este eje de acción debe ser la respuesta al proceso de demolición desatado desde el Estado chavomadurista contra el mundo del trabajo, desatado desde los poderes públicos contra todas y cada una de las instituciones relacionadas con el sistema de relaciones de trabajo, al punto de envilecerlas y transformarlas en caricatura en función de la ideología gobernante.
Veamos indicadores emblemáticos de la tragedia nacional. El estudio realizado por Provea, Encovi (2022) revela que la pobreza en Venezuela se mantiene para 2021 en “niveles máximos posibles de 94,5%”, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%, un alza de 8,9 puntos, desde los 67,7% en que se ubicaba el año pasado.
Por otra parte, un experto de la ONU en declaraciones el 14/02/2024 instó a combatir en Venezuela las causas profundas del hambre y la desnutrición, refiriéndose a informes según los cuales casi el 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta.
Según informe de la consultora Statista Research Department 15/10/2023 el (PIB) per cápita estimado de Venezuela ascendía a 3.500 dólares estadounidenses en 2022. El PIB venezolano ha registrado un descenso constante por casi una década, agregando que la recuperación de 2015 fue prontamente perdida en los dos siguientes años. Es importante resaltar que El PIB per cápita es una medida de la producción económica de un país que considera su número de habitantes, lo que lo convierte en una confiable medida del nivel de vida de un país,
Recientemente el prof. Héctor Lucena en entrevista realizada por PROVEA (13/05/2024) indica “En cuanto a la participación nacional en el Ingreso Nacional en América Latina, Venezuela ha llegado a estar con solo 10% según datos de la OIT en 2022, en tanto la mayoría de los países de la región estaban por encima del 50%”. Cifra alarmante que resalta por la brecha de desigualdad más profunda de la región, contradictoria con las registradas en el siglo XX en nuestro país cuando registraba promedio de 45%. de participación del trabajo en el Ingreso Nacional.
A estos datos debe agregarse el derrumbe de los tribunales laborales y penales, la Fiscalía General, el MINTRA, el CNE, órganos públicos utilizados como comisarios políticos para perseguir la libertad sindical.
A este contexto de penurias se observan los altos niveles de desempleo ubicadas en 40%, las políticas de flexibilización y precarización laboral, la suspensión de los convenios colectivos, la promoción de actores paralelos a los sindicatos, como los consejos de trabajadores, milicias obreras orientadas a minar la fuerza de los sindicatos. Derivando en la debacle de todo lo relacionado con el concepto del trabajo, y en la diáspora de aproximadamente 10 millones de personas durante el siglo XXI.
Por tanto, es un momento oportuno de reflexión para los representantes de los trabajadores activos y jubilados, a quienes corresponde superar la visión reducida de solicitar solo un aumento salarial y de pensiones, se trata de reconocer que la reconstrucción laboral determina valorar integralmente el lugar del trabajo en la nueva Venezuela.
Para ello el sindicalismo debe aproximarse a la academia especializada en el tema, y por otro lado superar las divergencias y divisiones que debilitan cada día su presencia ante una sociedad ávida de cambios, a fin de diseñar la propuesta de los trabajadores de rescate del valor del trabajo en la sociedad.
En la historia hubo grandes acuerdos el New Deal del presidente Roosevelt para reconstruir la economía estadounidense en 1930 y superar la gran depresión, entre otras medidas mediante el impulso del factor trabajo en la economía.
Así también destaca luego del derrumbe de la Alemania nazi en la segunda guerra mundial, el papel de la central sindical alemana la DGB como pieza fundamental al implantar el modelo de Cogestión, pacto entre empresarios, estado y trabajadores para reconstruir Alemania, logrando ser la segunda economía del planeta durante el siglo XX, cuya prolongación actual es la Economía Social de Mercado.
Aclaramos que esta posibilidad se concreta con mandatarios nacionales dispuestos a impulsar estos grandes pactos, en el caso norteamericano el presidente Franklin Delano Roosevelt, en el caso de Alemania las figuras de Konrad Adenauer (socialcristiano) y Willy Brandt (socialdemócrata).
En el caso de Venezuela reconocemos que con Maduro y su cáfila gobernante será imposible diseñar cualquier cambio en ese sentido, lo ha demostrado de nuevo hasta la saciedad con la violación de los acuerdos en el contexto del Foro Social auspiciado por la OIT, de allí la importancia de una salida democrática el próximo 28 de Julio mediante un proceso de elecciones que garanticen la participación popular.
