La saga de Tascón
Ignoro si hay estadísticas sobre el particular; pero lo cierto es que cada uno de nosotros conoce a alguien que perdió su empleo en la administración pública, le negaron la posibilidad de contratar con el Estado, o no tuvo oportunidad de acceder a una beca o a una vivienda pública, como consecuencia de haber ejercido un derecho previsto en la Constitución y haber formado parte de aquellos millones de venezolanos que, en 2004, solicitaron la revocatoria del mandato presidencial de Hugo Chávez.
Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magaly Chang fueron tres de las víctimas de esa canallada, al ser despedidas de sus empleos en la Dirección de Fronteras, dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, al frente del cual, en ese entonces, se encontraba José Vicente Rangel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de estas tres mujeres que no se dejaron chantajear y que no cambiaron su conciencia por un empleo seguro.
Después de acosar y perseguir a quienes organizaron la recolección de firmas, primero para un referéndum consultivo y luego para un revocatorio del mandato presidencial al que se pusieron todas las trabas imaginables, Hugo Chávez ordenó al CNE que entregara al diputado Luis Tascón copia de la lista de todos los ciudadanos que habían hecho esa solicitud. Aunque Chávez y Tascón ya fallecieron, las consecuencias que esa decisión tuvo en la vida de los venezolanos permanecen indelebles en la memoria colectiva. El CNE ya había verificado esas firmas, siendo innecesario, e ilegal, que se entregara al gobierno copia de las mismas; pero, ahora, la lista de quienes ejercieron ese derecho iba a cumplir una misión diferente, inconcebible en una sociedad democrática.
La lista Tascón fue el equivalente al registro policial más eficiente que se pueda imaginar de quienes, hace doce años, no querían para Venezuela el socialismo del siglo XXI, no apoyaban los delirios del entonces jefe del Estado, y ni siquiera imaginaban el desastre al que nos conduciría. Gracias a ella, todas las oficinas del gobierno dispusieron de información precisa sobre aquellos que no compartían el proyecto político oficialista y que defendían una sociedad pluralista, en que se reconociera y se respetara nuestras diferencias. Esa información sirvió para lanzar a la calle a miles de funcionarios públicos, muchas veces sin ninguna esperanza de que pudieran encontrar un nuevo empleo, estigmatizándolos frente al resto de la sociedad, causándoles angustia y sufrimiento, destrozando sus relaciones de familia, y frustrando el proyecto de vida que ellos se habían trazado.
A través de distintos voceros, el gobierno manifestó que tenía derecho a que los funcionarios públicos fueran de su absoluta confianza; además, en el caso particular de Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magaly Chang, el Estado alegó que, al poner término a sus contratos de trabajo, no tenía que expresar ninguna causa. Por una parte invocaba el derecho a contar con personal de confianza, afirmando explícitamente que ningún opositor al entonces presidente Chávez tenía derecho a un empleo público, y por la otra se sostenía que no había ninguna represalia en contra de quienes hubieran firmado solicitando la revocatoria del mandato presidencial; pero nunca se indicó la causa por la que esas personas fueron despedidas de sus empleos en la administración pública. Si esos son los argumentos en los que el Estado basará su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal vez debería decantarse por uno o por otro; pero ambos parecen contradictorios.
Como ha sido usual en estos diecisiete años, en la aplicación de la lista Tascón, el gobierno contó con el apoyo incondicional de los otros poderes del Estado. En particular, el CNE colaboró entregando los datos de quienes habían ejercido un derecho constitucional y tenían la legítima expectativa de que ese órgano, luego de verificar sus identidades y la expresión de su voluntad en un acto cívico, no haría uso indebido de sus datos y sus identidades. Por acción o por omisión, los tribunales de justicia (TSJ incluido), la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo también contribuyeron a que se consumara ese acto de segregación ideológica de los venezolanos, dividiéndolos entre ciudadanos con plenos derechos y, en el lado opuesto, sujetos excluidos de la igual protección de la ley. Esa complicidad entre los distintos órganos del Estado para perseguir y castigar a los opositores políticos es la manifestación más perversa del uso que se dio a la lista Tascón.
La aplicación de la lista Tascón, como un cruel castigo por tener ideas políticas propias, constituyó un ejercicio arbitrario del poder público que causó daño a las víctimas de la persecución política y a la sociedad en su conjunto, erosionando las bases de la convivencia democrática. Ahora, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que tenga la última palabra.
