La ruta del cambio
La sociedad venezolana ha sido llevada, por el gobierno de Nicolás Maduro, al borde del colapso económico, político, social, incluso ético y moral, con la participación de una cúpula cívico militar corrupta, protegida por el Tribunal Supremo de Justicia, al tratar de prohibirle a la Asamblea Nacional que la controle e investigue, tal como lo establece la Carta Magna
Cumpliendo con un mandato de los venezolanos que se expresaron el 6 de diciembre del 2015, eligiendo 112 diputados de la oposición democrática a Asamblea Nacional, una mayoría calificada frente a 54 que obtuvo el oficialismo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó por unanimidad una Hoja de Ruta para el cambio de gobierno en este mismo año 2016. En una victoria sin precedentes en la historia política de nuestro país, los electores dotaron a la Asamblea Nacional de una mayoría de 2/3 que le permite iniciar un conjunto de mecanismos constitucionales para provocar la salida del Presidente de la República, Nicolás Maduro, por la vía democrática, pacífica y electoral, conminándolo en primer término a renunciar, para evitar que continúe el deterioro de la vida social y económica de millones de ciudadanos que no encuentran medicinas ni alimentos para subsistir.
Frente a esta nueva realidad, el gobierno no sólo trancó el juego institucional, sino que también trató de consolidar su poder autoritario obligando a varios magistrados a renunciar al Tribunal Supremo de Justicia, acogiéndose a una jubilación prematura, y nombrando de una manera ilegal a sus sustitutos, carentes de currículos adecuados a las exigencias de lo establecido en la Constitución Nacional vigente. De allí que la Asamblea Nacional además de continuar cumpliendo con sus facultades constitucionales de legislar, controlar y debatir los principales problemas del país, haya decidido propiciar una enmienda constitucional para recortar el período de Nicolás Maduro a 4 años, para realizar elecciones a comienzos del 2017. Paralelo a la Enmienda Constitucional adelanta los pasos para consultarles a los venezolanos si están de acuerdo con revocarle el mandato al Presidente de la República.
Pero como estamos frente a un régimen autoritario que no respeta la Constitución Nacional y utiliza al TSJ como instrumento o aparato de choque, para tratar de frenar el rol constitucional de la Asamblea, bloqueando todas aquellas decisiones que apunten hacia un cambio en la conducción de la política en el país, la Mesa de la Unidad Democrática, aprobó que en caso de que el TSJ continúe boicoteando la función legítima de la Asamblea, se convocará a una Asamblea Nacional Constituyente, para que el poder originario transforme toda la estructura institucional de la nación.
