La prisión como mecanismo de control político
La prisión como mecanismo de control social, para aquellos que transgreden leyes, o simplemente para aquellos que le son incómodos a los que detentan el poder, es un fenómeno relativamente reciente y que vino a sustituir las formas punitivas corporales que han predominado a través de los siglos.
Algunos autores consideran que la práctica sistemática de encarcelar a personas data del siglo XVIII, cuando los cuáqueros norteamericanos crearon penitenciarias para sustituir la práctica de los correccionales con sitios en los que los detenidos serían redimidos a través de lecturas de la Biblia, tiempo para la auto reflexión y separación de las influencias corruptoras de otros. Sabemos que ninguno de estos buenos propósitos lograron los resultados deseados.
Sin embargo, la cárcel, u otros métodos de confinamiento, fueron usados de manera sistemática por los regímenes totalitarios, tanto de corte sovietico como fascista. Era el mecanismo preferido de estos gobiernos para aislar de la sociedad a las personas que les resultaban políticamente inaceptables, y así surgieron en la Unión Soviética los Gulags y en la Alemania Nazi los lager o campos de concentración.
Una vez superados en el siglo XX los totalitarismos ideológicos, la práctica de usar la prisión y los encarcelamientos son usados como mecanismos de presión política contra los adversarios de los regímenes de corte autoritario actualmente existentes en el mundo.
Muchos han sido los intentos impulsados por las Naciones Unidas para detener este tipo de violaciones a los derechos humanos y se han constituido numerosas ONGs para velar que eso no siga ocurriendo, pero lamentablemente ese no es el caso en países neocomunistas, o simplemente en dictaduras de corte neofascistas.
Afortunadamente existen mecanismos legales que juzgan y condenan ese tipo de crímenes y para ello se han creado acuerdos internacionales como la Convención de Palermo y la Corte Penal de La Haya.
Esperamos que las sociedades encuentren una alternativa eficaz para impedir que se encarcele a aquellos que no han cometido delito alguno, salvo el de disentir de la clase política en el poder.