La Masacre de Tumeremo
En septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, al Sur de la ciudad de México, la policía persiguió y atacó a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayonitzapa. Hubo 41 estudiantes desaparecidos sobre quienes se supone que fueron asesinados y sobre cuyos cadáveres, según investigaciones forenses, hay indicios y dudas sobre su identificación. Ese monstruoso hecho tiene a las autoridades mexicanas muy cuestionadas hasta la fecha, tanto internamente como a nivel internacional. Se ha determinado que en ese crimen estuvieron involucrados altos funcionarios del gobierno local del Estado de Guerrero, cuerpos policiales y militares e incluso bandas vinculadas a carteles del narcotráfico.
El caso de los mineros de Tumeremo se parece mucho al de los estudiantes en Iguala. Hay fundadas sospechas de que los mineros fueron atacados por una banda criminal, con apoyo policial e incluso de la Guardia Nacional. Un sobreviviente ha declarado cómo los mineros fueron detenidos, cómo se les disparó para asesinarlos y cómo los cadáveres fueron montados en un camión para arrojarlos en una oculta mina. El gobernador del Estado Bolívar niega la masacre, enfrentándose a hechos notorios. Ni el SEBIM ni la GNB han actuado con la diligencia debida; sólo la Fiscalía del Ministerio Público ha encargado de la investigación a dos fiscales y, en la sesión de la Asamblea Nacional del 7 de los corrientes, se va a discutir. El diputado De Grazia ofreció llevar el testimonio de un sobreviviente.
Ante esos hechos constitutivos de graves delitos contra los derechos humanos, es bueno recordar lo que dispone el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional:
Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad
- A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
- a) asesinato
omissis
- i) Desaparición forzada de personas;
Por otro lado, el Estatuto de Roma dispone lo siguiente sobre la responsabilidad penal en estos casos:
Artículo 25
Responsabilidad penal individual
- De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.
- Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
- De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:
- a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable;
- b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;
- d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:
- i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o
- ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;
Como puede observarse, son muchos más que los autores quienes responden penalmente por este tipo de delito.
En la prensa del domingo 6 de marzo se citan las siguientes declaraciones de Rocío San Miguel que ojalá sólo sean sospechas sin fundamento legal, por su gravedad:
La directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel observa una posible relación entre la denuncia de la masacre de 28 mineros en Tumeremo, al sur del estado Bolívar y la recién creada Compañía Anónima, adscrita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Vía Twitter se preguntó el domingo 6 de marzo de 2016 si sea “la antesala de las operaciones de explotación minera de Camimpeg a cargo de la Fanb en Arco Minero”.
San Miguel se basa en la denuncia presentada por el diputado Américo de Grazia y ex gobernador Andrés Velásquez sobre la desaparición de 28 mineros que habrían sido asesinados y descuartizados en la Minas Atenas, a una hora de Tumeremo.
La activista exige también vía Twitter al comandante de REDI Guayana, Benavides Torres y al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez a explicarle al país los sucesos ocurridos en Tumeremo.
Ver:
En la sesión de la Asamblea Nacional del 7 de los corrientes, se va a discutir. El diputado De Grazia ofreció llevar el testimonio de un sobreviviente.
