La Ley de Amnistía

Seguro que, en cualquier otro país democrático del mundo, una “Ley de Amnistía” es un acto perfectamente normal en el orden de la relación entre sus ciudadanos y casi nunca procede de esfuerzos casi heroicos de la oposición para reclamarla al gobierno.

Una consecuencia de procesos de paz que empiezan después de años de guerra, la Amnistía es el símbolo clave de la reconciliación entre los que ayer, por razones que se hurgan, violaron la ley y hoy deciden perdonarse por el bien de la reconstrucción y constitucionalidad.

Salvo que ocurran conflagraciones como la de la “Segunda Guerra Mundial”, donde fue necesario, incluso, formular una nueva jurisprudencia para sellar el “Nunca Más”, o devastaciones tan generalizadas y profundas como las que dejaron las dictaduras totalitarias en la exURRS y Europa del Este, -que dieron lugar a que se prefiriera la reconciliación a procesos y juicios tan complejos que quizá no acabarían nunca- los tratados de paz, y uno de sus bienes más necesarios, la Amnistía, siempre van a flamear después de los conflictos, de la mayoría de los conflictos.

Hubo Amnistía y Ley del Perdón como culminación del derrocamiento de las pavorosas dictaduras militares que asolaron al Cono Sur entre mediados de los 70 y los 80 que, si después obligaron anularlas para condenar asesinos en serie y reos de crímenes contra la humanidad, fueron la garantía de que la estructura funcional de países como Argentina, Uruguay o Chile no colapsara.

Una mención inexcusable hago al Acuerdo de Paz de Esquipulas, que selló la paz entre los países centroamericanos y las facciones internas que los desgarraban desde los 70, y aun de los 60 – a Guatemala sobre todo- que sentaron las bases para una normalización, regularización y pacificación en democracia, sigue vigente y le mereció el Premio Nóbel de la Paz al expresidente costarricense, Oscar Arias.
Pero la Ley de Amnistía que acaba de introducir el Foro Penal en la Asamblea Nacional -y es un clamor de la oposición y el pueblo venezolanos desde hace aproximadamente tres años- tiene otro origen, otra naturaleza, y por tanto, sus alcances, fines y perspectivas, son, necesariamente, diferentes a los arriba mencionados.

Si me viera forzado a especificar la diferencia, diría, que es “nacional” y versa sobre una materia más circunscrita a la actual problemática de la política continental y mundial que a la de hace tres o cuatro décadas.

En efecto, no es la consecuencia de una guerra civil o intrarregional , donde se empeñaron fuerzas armadas y batallas y combates se dieron para desaparecer ejércitos o partidos, pero sí de violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos contrarias a la muy sensible cuarta generación de derechos humanos de nuestro tiempo, que establece que los derechos humanos deben respetarse siempre y en cualquier circunstancia.

Además, son universales, globales y su violación en un país no permite que el cacareado “principio de soberanía” se use para evitar que los transgresores sean juzgadod por leyes, códigos y estatutos internacionales.

En otras palabras: que ya no hay pretextos para que, en el marco de una relativa paz social, militar y política se violen los derechos humanos de los ciudadanos, sea por delitos de desacato, orden público o de choques difusos, pues sería poner en manos de los gobiernos dictatoriales o autoritarios la herramienta ideal para reprimir las diferencias políticas, pero disfrazándola.

Y aquí llegamos al centro, al núcleo, al meollo de la actual situación política venezolana, en la cual, un gobierno de signo militarista e identificado con una ideología extremista de izquierda, dice respetar formalmente la norma constitucional que garantiza el derecho a la tolerancia y la disidencia, mientras en la práctica tiene cerca de 100 presos políticos por oponérsele y delitos de conciencia.

Una doctrina o práctica política perversas, derivada de la Caída del Muro de Berlín, el colapso del comunismo y el fin de la Guerra Fría que, en cuanto determinó un orden jurídico mundial esencialmente democrático, constitucionalista y de estado de derecho, pensó podía cerrarle el paso al ingreso de dictaduras, gobiernos al margen de la Ley y Estados Forajidos.

Por eso, los totalitarismos de izquierda y derecha, civiles y militares, se camuflaron, renunciaron a la estrategia de tomar el poder por la violencia (golpes de estado, insurrecciones o amagos de guerra civil) y tomaron la cuesta de participar en elecciones que, si terminaban en resultados que le daban el poder a sus candidatos, lograban el objetivo supremo de tomar el poder en paz, democráticamente y por las fragilidades de las democracias electoralistas, constitucionalistas y burguesas.

Seguía, por tanto, el rebanar de la independencia de los poderes, la anulación de los derechos individuales y colectivos y la redacción de una constitución para que el caudillo populista o socialista, abriera las puertas, a través de un proceso mediano o largo, a la dictadura de siempre.

La actual situación de los presos políticos venezolanos es consecuencia de un proceso histórico de esta naturaleza, puesto que, están presos por un gobierno seudodemocrático y por enfrentar sus violaciones de los derechos humanos. Sin otra causa ni razón que, hacer uso de derechos que les garantizaban la Constitución y las Leyes.

Fueron detenidos y acusados de delitos que no habían cometidos y enjuiciados y condenados a penas que no siquiera estaban contemplados en los códigos que normatizan la justicia penal.

Pero eso, si logran ser enjuiciados, porque lo usual es que, se le someta a procesos que no empiezan nunca y, si empiezan, jamás concluyen.
Un caso típico es el del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido desde el 19 de febrero del 2015, y a casi a un año de su detención, no se ha realizado la primera audiencia.

Por el mismo camino va el exgobernador del Estado Zulia y excandidato presidencial, Manuel Rosales, encarcelado después de su regreso al país en diciembre pasado al no admitir un juicio por delitos que no había cometido, -lo cual lo obligó a exilarse- y ya gasta más de tres meses esperando que se le inicie el proceso infructuosamente.

Los exalcaldes, Leopoldo López y Daniel Ceballos, también son víctimas de esta extraña “justicia” antes chavista y ahora madurista, que encarcela y enjuicia por delitos no cometidos ni contemplados en lo códigos y, sin embargo, condenados a penas que solo aplican para los comisión de ilícitos que no cometieron, podían cometer.

Sería largo citar una lista de los venezolanos y venezolanas que permanecen injustamente en cárceles inapropiadas, sometidos a controles no permisados por la ley, con régimen alimenticio, de cuidados médicos y recreacional exiguo, con su sistema de visitas que se interrumpe a menudo y los aleja de familiares y sin otra esperanza para la lograr la libertad que el mandamás de turno los indulte.
“La Tumba”, una de las cárceles más tenebrosa de la tenebrosa policía política SEBIN, podría ser un emblema o ícono del régimen carcelario madurista, como que algunos, o muchos, de sus calabozos están bajo tierra y se usan como fórmulas de tortura para que los presos “confiesen” y delaten a sus compañeros de infortunio.

“La tortura”, palabra terrible y método con que los detenidos de las la policías políticas de toda la historia (pero en particular las policías de las dictaduras nazi y comunista del siglo XX) eran obligados a acusar a inocentes o autoconfesarse culpables de delitos que no habían cometido.

Por tanto, abominado, condenado y extirpado de todo los códigos penales que se redactaron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, resucitado en Venezuela por Chávez y Maduro –quienes lo heredaron de sus socios en represión del G-2 cubano- y aplicado sin ningún límite ni control, tal denuncian continuamente presos que sufren condenas, o esperan ser declarados culpables en juicios que replican las peores formas una justicia criminal, aberrante e inhumana.

Por todo ello, no cabe sino aplaudir, celebrar y apoyar el Proyecto de Ley de Amnistía Política introducido por el Foro Penal en la Asamblea Nacional, que tiene el respaldo de la fracción opositora, de todo el pueblo venezolano y que no dudamos será aprobada en semanas o meses.