La institucionalización del “sapo”

En su libro Buenas y Malas Palabras, hace ya más de medio siglo, el profesor Ángel Rosenblat refería la contribución del hampón venezolano al enriquecimiento del vocabulario político de Venezuela. Entre los términos más usados coloquialmente señalaba al “sapo”, con el cual se designaba al ladrón que delataba a sus compañeros o al delator en general. La procedencia de esta desambiguación era situada por Rosenblat en México, Colombia o Chile. Además de los dos últimos, en Ecuador y Costa Rica se aplica hoy en día al chivato, espía, soplón, traicionero y en Venezuela, también al chismoso y lengualarga.

¿Antecedentes venezolanos?

Es bien conocido, que durante su desarrollo social reciente la humanidad ha cobijado y promovido la existencia de soplones y delatores, particularmente para la consecución de cuotas de poder y el enriquecimiento personal. Durante la lucha independentista y luego desde su instauración como República, Venezuela no estuvo exenta de ello.

Llegado al poder por un golpe de estado pacífico dado a su compadre Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez inició el establecimiento de un ejército profesional a través de la Academia Militar. Para incrementar la estrategia de seguridad y defensa creó una organización conocida como la Sagrada, formada principalmente por tachirenses, la cual según Simón Alberto Consalvi puede ser considerada como la primera policía política organizada en el país, con el objetivo de defender al Gobierno, controlar a la disidencia y servirle de guardia personal. Probablemente, la actuación de ambas estructuras contribuyó a la derrota definitiva de los caudillos militares regionales, que habían insurgido constantemente contra los Presidentes de la Nación, con grupos armados improvisados, desde la disolución de la Gran Colombia en 1830. Esa tarea fue ejecutada sin contemplaciones por la Sagrada, cuyos miembros, de fidelidad incuestionable al tirano, se convirtieron en los domesticadores y aplacadores de aquella sociedad, republicana sí, pero atemorizada y silenciosa. Para concretar su función, la Sagrada tenía sus procónsules civiles, al decir de Elías Pino Iturrieta, férreos burócratas, empleados fieles que mantenían informado a Gómez de la vida de los venezolanos en los estados donde fueron colocados y le facilitaron los negocios, contribuyendo a repartirse no solamente la hacienda pública sino a la Nación misma. Hombres y perros de presa a la vez, sojuzgaron las regiones.

En la infancia democrática de la Venezuela betancurista de los años sesenta del siglo XX era frecuente la presencia de espías (sapos) gubernamentales que merodeaban en los ministerios y universidades en busca de supuestos comunistas para encarcelarlos. En realidad, su conexión con la policía política, la Digepol, era incuestionable, particularmente cuando el Gobierno tuvo que enfrentar la actividad creciente de la guerrilla izquierdista, urbana o no. Inicialmente era una tímida estrategia política de represión si se la compara con la envergadura perversa de la Seguridad Nacional, puesta de manifiesto durante la dictadura perezjimenista, enfocada principalmente hacia la persecución de los adecos en la clandestinidad y provocar temor en la población.

Los años chavistas

El gobierno de Chávez no emprendió modificaciones importantes de la Disip, la policía política heredada de los años democráticos.

Era mayo de 2005 cuando el Ministerio de Comunicaciones puso en marcha una Red de Inteligencia de Taxistas y Motorizados, con la intención evidente de espiar y “sapear” al venezolano, a la mejor usanza cubana, de donde procede. Pagada con fondos públicos, hoy en día se desconoce la utilidad de esta red para el Gobierno, pero aún está allí.

En junio de 2008, como producto de la Ley Habilitante, fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que resguardaría la seguridad nacional y del Estado, según sus promotores. Sin embargo, pocos días después, en un extraño movimiento político, el primer mandatario la derogó. Se dijo que era un repliegue táctico ante el rechazo general producido en la población, pero en realidad dejó en la estacada a quienes la habían diseñado y defendido, cuando él era el único responsable. El artículo 16 convertía a los venezolanos en soplones y delatores, por lo que había sido bautizada como Ley Sapo. Fue el primer intento de institucionalizar, formalmente, la figura del sapo en el país. Su inspiración también era cubana.

Con la creación de los Consejos Comunales, a través de la ley orgánica sancionada en noviembre de 2009, estas organizaciones fácilmente se convertirían en sede, generosamente financiadas, de las actividades de soplones que informarían a la policía política acerca de cualquier tipo de actividad privada y sospechosa de sus miembros y vecinos. Sin embargo, hábil en el camuflaje, el Gobierno llamó “inteligencia social” al sapeo. Este es un paso adicional orientado hacia la sociedad comunista, también de factura cubana, si no se la detiene participando activamente en sus reuniones y elecciones, para orientarla hacia una genuina democracia.

En enero de 2012 se aprobó, durante una prolongada y única sesión de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Aunque es muy específica en su competencia sobre delitos de terrorismo, delincuencia organizada y narcotráfico,  permite investigar, perseguir y juzgar cualquier tipo de actividad, individual o colectiva, que pueda considerarse sospechosa por antigubernamental. Esto la hace peligrosamente amplia y discrecional, pues engloba los delitos enmarcados dentro del Código Orgánico Procesal Penal y en casi todas las leyes especiales de Venezuela. Abogados constitucionalistas la han calificado no solamente de inconstitucional, sino también de ser muy vaga e intimidatoria. De la ley es preocupante el contenido del Artículo 13, donde se contempla el deber de todo ciudadano de delatar; “todo organismo, persona natural o jurídica” son sujetos obligados a hacerlo. So pena de multa.

El patriota cooperante

Antes de que en 2010 la Disip pasara a ser el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la expresión “patriota cooperante”, como sinónimo de sapo, ya era utilizado en esa policía política. Pero es con la aprobación de la LOCDOFT que el uso de dicha expresión se extiende y tiende a sustituir, en el habla popular, a la del “agente encubierto” contenida en esa ley.

Es así como el romántico agente encubierto (mole en inglés, Maulwurf en alemán) que se infiltraba en una organización para extraer información de ella a favor de su empleador gubernamental o privado, el espía de las novelas, filmes y programas de televisión del género, ha degenerado en el patriota encubierto asociado con la  LOCDOFT.

Según sus proponentes, el patriota cooperante debería tener una ideología revolucionaria firme e inquebrantable y pasar por un entrenamiento de hasta dos  meses, cuando aprendería el manejo de equipos de comunicación y de redes sociales, así como la detección de amenazas y la redacción de informes, aparte de la necesaria ideologización.

En deseos, el Gobierno apuntaba hacia lo grande. El periodista de El Nacional, Javier Ignacio Mayorca mencionó, que la Dirección de Contrainteligencia del Sebin quería reclutar 24.000 patriotas cooperantes antes de diciembre de 2011. ¡Una verdadera CIA venezolana! Se desconoce si lograron ese objetivo.

Los primeros participantes fueron extraídos del PSUV, alcaldías, instituciones educativas, Corpoelec, Metro de Caracas y miembros de consejos comunales.

El sapo cooperante actúa en el anonimato y denuncia ante la policía política a quien, según su parecer, pudiera desestabilizar al régimen, de palabra o acción.

Esta perversa figura ya se ha estrenado contra venezolanos detenidos, que también han visto sus residencias allanadas por ejercer su derecho a la protesta pública contra las políticas sociales y económicas del Gobierno, promotoras de inseguridad, hambre, inflación, injusticia, principalmente desde el 12 de febrero de 2014. Más de medio centenar de casos han sido denunciados por los abogados defensores de los derechos humanos Theresly Malavé y Gonzalo Himiob como producto de esta estrategia, que han conducido a imputaciones de la Fiscalía sobre delitos contemplados en la LOCDOFT.

Para concluir

La protesta pacífica está siendo considerada por el Gobierno como una acción terrorista y conspirativa, a pesar de su soporte constitucional. Pero el asunto deja de ser jurídico-legal para transformarse en político. El procedimiento empleado es profundamente irregular: no existe una autorización previa del juez; la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso y a la defensa se ignoran; no se fundamenta el motivo de la detención o el allanamiento, ni hay presencia de jueces o abogados defensores. La acusación del sapo, aun sin identificación ni clave que lo resguarde, tiene peso definitivo en ese procedimiento. Todo ello constituye una violación flagrante de los derechos civiles constitucionales.

Es evidente, que no existe vigor ni fortaleza sino miedo en el Gobierno. Y convencido de que también ha perdido la calle, solamente encuentra como respuesta la persecución abierta de los jóvenes opositores o de cualquier miembro de la sociedad civil que proteste pacíficamente, con el agravante de que la denuncia de un sapo cooperante está conduciendo a la condena de inocentes por terrorismo o conspiración.

La institucionalización del sapo en Venezuela es un hecho incontrovertible.

Su presencia y actividad, extrañas a la idiosincrasia del venezolano, se han transformado en requisito o elemento esencial del procedimiento judicial ante una Fiscalía y tribunales obedientes al poder central, en una Venezuela al borde del colapso.