La incomodidad de permitirse ser democrático
La Asamblea Nacional (AN) dejó de ser el verdadero ente legislativo de los Poderes Públicos del Estado y del pueblo. Su parcialidad política sirve a un amo. Esto conmueve y mueve a las simientes del sistema socialista del país y cercena a las libertades democráticas. Aquí no hay socialismo ni democracia que valga. Esta es la debilidad de la condición unicameral del parlamento venezolano. El resultado de la Ley Habilitante que la AN delegó al presidente de la República Nicolás Maduro desde 20 de noviembre de 2013 al 20 de noviembre de 2014, viola a la Constitución Nacional Bolivariana de la República de Venezuela (CNRBV) en todo el espíritu de los 13 artículos del Título III De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes. Para conseguirlo, desatiende a los artículos del Título VIII De la Protección de la Constitución. Capítulo I De la Garantía de la Constitución y el Capítulo II De los Estados de Excepción. Esta realidad, nos advierte de una buena vez, que el país estará en estado de emergencia permanente.
Las libertades públicas no solo son amenazadas; están desde ya violentadas y amordazadas. Todos al parecer, estamos obligados a servir a un amo y no a un presidente electo democráticamente, como debería ser, dentro de un Estado democrático, como lo dicta la CNRBV en su Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”
Varias de estas Reformas, como la de Seguridad de la Nación y muchas de las nuevas leyes aprobadas bajo la Ley Habilitante del pasado 20 de noviembre, impacta contra pueblo y, específicamente, contra todo ejercicio de acción de la disidencia, oposición o cualquier particular que adverse democráticamente a las políticas del régimen “revolucionario” instaurado desde 1999. El gobierno dicta los límites a la disidencia, a la oposición. Pero recuérdese, que para un gobierno antidemocrático, el disidente no es sólo el que se opone, se desafilia o ya no quiere dar apoyo; sino aquel que por alguna razón, usa formalmente sus derechos y libertades para discutir contra políticas del gobierno que apoya y la del partido al que pertenece. Este socialismo dispara contra el principio de los contrarios que pudieran orientar las riendas de la propia revolución.
La gente dice que este paquetazo es teledirigido desde la Habana; pero que no dejan de tener el talante madurista que busca esconde la basura debajo de la alfombra. Por ello pretende condenar a los ductos de las libertades democráticas y del estado de derecho. Y todo porque ataca al debido proceso contemplado en todos los ordinales del Artículo 49, de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, a la preeminencia de los DDHH y a las garantías constitucionales, la devora la Ley Habilitante del 20 de noviembre de 2014.
Ninguna norma, como la recién promulgada Ley Anticorrupción puede prohibir que la población o a un ciudadano en particular, obtener información sobre el desarrollo o giros de cualquier caso ilícito y punible. ¿Para qué se busca amparar secretos sobre irregularidades? El presidente de la República se coloca al margen de lo que está establecido en la CNRBV, cuando dice darle: “carácter, secreto, reservado o de divulgación limitada de información hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones se tenga conocimiento por parte del Cuerpo Nacional Anticorrupción”. Este obstáculo destruye al ejercicio de la ley, si los Poderes Públicos se guardan para sí, el secreto. Por otro lado, cualquiera pudiera adivinar, cuando Maduro asegura que: “La información no será utilizada para chantajear”, que no dispone de la información ni conocimiento de las leyes que sancionan a la extorción y a la difamación.
Maduro busca esconder a la macabra historia que sembró al líder político Leopoldo López y a los estudiantes desde el 12 de febrero. Así es como mutila a las libertades de las personas y a la de los medios de comunicación social. Promulga contra leyes, porque con ellas, busca levantar ventiscas de desorden para desviar la atención pública. El gobierno pareciera decir: la oposición solo tiene un único deber, acatar ciega y resignadamente a la revolución, de lo contrario, pierde sus derechos. De tal manera este paquetazo madurista, no hace más que proseguir con el desconocimiento del Artículo 26 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Puesto que, de todos es conocido, que el gobierno desatendió y desatiende estos derechos en contra de los detenidos desde el mes de febrero. Igualmente lo hace, al ignorar los preceptos del Artículo 28. “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.”
Reiteramos, estos atropellos no solo levantan sospechas; más bien, certifica que el gobierno de Maduro busca esconder a todos los actos de violación de DDHH que cometió desde el 12 de febrero del presente año hasta la fecha. Y sin duda, busca atornillarse para obtener más poder, sin la incomodidad de permitirse ser democrático o socialista. Porque en sí, no es democrático ni socialista. En consecuencia, la bota vil y farsante de su totalitarismo, busca aplastar a la libertad de los venezolanos.
