La guerra de Maduro
Jugar a la guerra puede terminar siendo sumamente peligroso. Así lo muestra la historia… Sólo con recordar la tragedia que significó para el pueblo japonés el error histórico de atacar la base naval de Pearl Harbor, es un excelente ejemplo de ese riesgo. Permitió al gobierno de Franklin Delano Roosevelt romper el aislacionismo de su pueblo e intervenir en la Segunda Guerra Mundial. En la América Latina, el doloroso caso de la Guerra de las Malvinas debería hacernos reflexionar para no cometer los mismos errores. El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron con la noticia de que las islas Malvinas habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco del Ejército. El criterio estratégico que imperó fue que Inglaterra no enviaría tropas a recuperar las Islas. Craso error. El verdadero objetivo del régimen militar era fortalecerse ante el desastre económico y las graves denuncias por violación de derechos humanos. El resultado: la derrota y la muerte de cerca de 650 jóvenes argentinos.
La creación de la Zona de Defensa Integral de la Fachada Atlántica debería haber sido la respuesta necesaria ante la provocativa e intransigente posición mantenida tanto por el anterior como por el actual gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Lo que no es fácil de explicar es la rectificación del decreto 1787, alegando “fallas en los originales”. La nueva versión del decreto, aparecida el 8 de junio de 2015, tras indicar las mismas coordenadas plantea “que existe un área marítima por delimitar que será determinada una vez se resuelva la controversia pendiente entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana según el Acuerdo de Ginebra”. Esta rectificación deja en claro que los puntos T, U, V en la práctica no existen. El colmo es que en ese mismo decreto se creó la Zona de Defensa Integral Occidental produciendo tal grado de preocupación en Colombia que su gobierno emitió una nota de protesta, la cual, según creo, no ha tenido respuesta..
Crear esta crisis con Colombia es inexplicable. Nuestras relaciones se encontraban totalmente normalizadas después de la firma del Acuerdo de San Pedro Alejandrino entre los presidentes Barco y Pérez y el reconocimiento por ambos gobierno de los principios de la bilateralidad y de la globalidad. Es verdad que las relaciones durante estos últimos años han sido muy complejas, pero nunca los delicados enfrentamientos se originaron por problemas limítrofes. Ahora, volvemos de nuevo al doloroso pasado que parecía superado. Regresar a tensiones militares como la producida por la presencia de la Corbeta Caldas en aguas territoriales venezolanas no es lo más conveniente para ninguno de los dos países. Después de haber superado tan delicada situación, surgió un período realmente positivo en nuestras relaciones que permitieron fortalecer importantes vínculos económicos y comerciales. Reconstruir ese pasado reciente debería ser el objetivo del liderazgo democrático.
En verdad, Nicolás Maduro está conduciendo a Venezuela a un delicado enfrentamiento internacional difícil de superar sin graves consecuencias para Venezuela. Lo curioso, es que se haya escogido un momento de marcada debilidad de nuestro país para provocarlo. Generar, al mismo tiempo, un incremento de tensiones militares con Guyana y Colombia no tiene sentido. Al analizar la situación con Guyana se requiere tomar en cuenta que ese país tendrá un firme apoyo de la Comunidad del Caribe y del Reino Unido, motivado a sus estrechas relaciones históricas. Tampoco se puede olvidar la reciente reunión realizada en Jamaica entre el presidente Obama y el Caricom y las difíciles relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. En el caso de Colombia, su potencialidad militar es similar a la de Venezuela, pero se debe considerar como un factor fundamental sus privilegiadas relaciones con los Estados Unidos.
Lo inaceptable, como lo entiende perfectamente bien el pueblo venezolano, fue tratar de hacer creer que la maniobra de crear la Zona de Defensa Integral de la Fachada Atlántica era una respuesta a la posición de Guyana de rechazar “una solución práctica de la controversia” como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Si hubiese sido así no se habría rectificado, de manera mucho más discreta, dicho decreto manteniendo que tres de los cuatro puntos que definen dicha Zona Estratégica está en discusión con Guyana. En definitiva, el real objetivo de esta maniobra ha sido tratar de obtener la mayoría en las elecciones parlamentarias. No creo que se logrará. Es demasiado el descontento nacional. Además, la experiencia de la Guerra de las Malvinas indica que es un grave error histórico diseñar una política exterior que sólo busca satisfacer objetivos de un gobierno en particular y no verdaderos intereses nacionales.
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@FOchoaAntich
El concepto de que la Argentina heredó las
islas de España es falsa. La ley en su momento, no podía aceptar herencia sin
posesion y estipula que «sin
oposición de algunos años fue necesario» antes soberanía fue aceptada.
Vernet había pedido permiso a la cónsul británico en BUENOS AIRES en dos
ocasiones de establecer «su» colonias y el británico protestó cuando
fue nombrado gobernador militar apolítica y por el régimen BA. Jewett no tenía
arreglo. El concepto del uti possidetis juris (herencia de España) es sólo al
derecho internacional consuetudinario, aplicables a los que optan por utilizar.
Gran Bretaña, Francia y Brasil nunca han optado por utilizar uti possidetis
juris y UPJ ha «nunca» se utilizara en «cualquier» corte o
tribunal «sin el consentimiento de ambas partes.
La Corte Internacional de Justicia ha
confirmo en una juicio y cuatro
opiniones consultivas que ‘el derecho a la libre determinación es aplicable a
todos los territorios no autónomos.» No hay excepciones. En este sentido el 20 de octubre
de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó una moción promovida
por España y Argentina a las restricciones sobre el derecho a la libre
determinación al afirmar que éste es un derecho fundamental. A la luz de la CIJ
1995 Timor Oriental, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la libre determinación
como jus cogens derecho «convincente».
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