La emergencia educativa en pandemia
El inicio de clases se da en medio del colapso de servicios básicos y crisis hiperinflacionaria agudizado por la inédita realidad de la cuarentena por el COVID-19.
Esta situación impacta con mayor fuerza a las comunidades en las que el ya maltrecho sistema público de educación se resiente aún más en medio de graves carencias. Las modalidades de educación no presencial se dificultan frente a la falta de servicios eléctricos y el acceso a internet.
De igual forma, los profesores protestan ante la situación de sueldos casi inexistentes y la precariedad de las condiciones de trabajo, a las que se suma las nuevas dificultades que trae consigo la adaptación de materiales y contenidos a la nueva modalidad de educación en línea. Como se ha visto en diferentes manifestaciones que este gremio ha realizado en las últimas semanas, la respuesta del Estado victimario ha sido de desconocimiento y represión violenta.
A través de la red de comedores de Alimenta la Solidaridad en estados de Miranda, Aragua, Carabobo, Táchira y Distrito Capital, hemos monitoreado esta situación que afecta a las familias de las comunidades más vulnerables.
Los niños y jóvenes acuden en casi un 80% al sistema público de educación. En encuestas realizadas en las últimas semanas en nuestra red, un 37% de las personas afirmaron que no habían podido iniciar las actividades educativas y un 67% afirma no contar con las condiciones necesarias para volver a clases. Un 70% de los encuestados en el nivel de secundaria no cuentan con profesores suficientes para todas sus materias.
Esta realidad constata la continuidad de procesos de exclusión y colapso en el área de la educación, que inciden con mayor fuerza en sectores vulnerables. Es significativo que en nuestro monitoreo casi un 70% de los encuestados no consideran que haya condiciones para volver a clases. Esto se opone a la propaganda oficial que insiste en pintar un cuadro de efectividad y funcionamiento, de alcance masivo y logros alcanzados, que es sencillamente irreal.
La precariedad de la educación primaria, secundaria y superior es uno de los principales factores de profundización de los procesos de fragmentación y desigualdad que está generando el modelo dictatorial que destruye a Venezuela. En respuesta a ello, redes de apoyo y solidaridad, así como grupos civiles y ONG han tenido que ampliar el alcance de sus trabajos para aliviar esta situación, a través de iniciativas que buscan conseguir materiales, realizar actividades y apoyar al personal educativo y a los grupos familiares.
Es evidente que sin un cambio en el modelo político dictatorial no podremos enfrentar efectivamente el colapso educativo, pero por otro lado es fundamental la vinculación de los diferentes actores sociales en torno a la generación de iniciativas que aborden esta situación.
Insistiendo en la protesta, la movilización dirigida a la mejora de condiciones de planteles y personal, así como el encuentro alrededor de esta situación de comunidades y organizaciones civiles, pueden representar un alivio de enorme importancia para muchos, así como una forma de ejercer presión y priorizar la implementación de soluciones reales y efectivas que nos permitan enfrentar esta emergencia.
