La Cumbre Amazónica: “Unidos por nuestros negocios”
Bajo el lema “Unidos por nuestros bosques” y después de 14 años sin reunirse, la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), realizada en la ciudad de Belén, Brasil, el 8 y 9 de agosto, en la que participaron Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Ecuador, Surinam y Venezuela, concluyó sin pena ni gloria, ya que, en realidad, fue una reunión de socios que tratan de lavarse la nefasta imagen de depredadores del medio ambiente y continuar engañando a la opinión pública internacional sobre sus verdaderas intenciones. Como veremos más adelante, la realidad es que el 70% del territorio de los ocho países que conforman la Amazonía está infiltrado por corporaciones criminales apoyadas por el castrochavismo o Socialismo del Siglo XXI. El eslogan apropiado ha debido ser “Unidos por nuestros negocios”.
Cómo creerle a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien propuso la “erradicación de las actividades mineras ilegales” cuando su régimen, en alianza con la guerrilla colombiana y oscuras organizaciones internacionales, es el promotor de una minería salvaje que destruye las selvas al Sur del Orinoco, provocando una devastación ambiental y humana sin precedentes. Cómo no dudar de las intenciones de Lula da Silva, cerebro del Foro de Sao Paulo, que ahora se presenta como conservacionista ‘progre’, para alimentar los titulares de la izquierdista y sesgada prensa europea, que lo presenta como el paladín del cambio climático, desdeñando su pasado como depredador de la biosfera. Entre 2002 y 2021, se deforestaron 8.223 Km2 (5,110 millas cuadradas) de la selva brasileña, como lo ha demostrado el sistema de monitoreo satelital Prodes del INPE, una verdadera catástrofe ambiental que incluye el período en el que Lula gobernó Brasil (2003-2010). Según Green Peace, su gobierno promovió, financió y participó como accionista de las grandes industrias y corporaciones locales y transnacionales que operan en la Amazonia, convirtiéndose en el principal impulsor de la más grande deforestación del planeta. Además, las leyes presentadas ante Congreso brasileño con el fin de conceder derechos de propiedad a esas corporaciones, ocupantes ilegales de millares de hectáreas y así duplicar la porción de selva que pudiera ser deforestada “legalmente”. Las organizaciones Trident Ploughshares, la Right Livelihood Award Foundation y la fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), denunciaron que, durante el gobierno de Lula, Brasil fue el país que registró la mayor cantidad de asesinatos de lideres ambientales y sociales, 365 víctimas de los sicarios de empresas ganaderas, agrícolas, mineras y madereras.
Bolivia, otro de los países participantes del encuentro, disfraza sus verdaderos intereses en la Amazonía. Dos semanas antes de la Cumbre Amazónica, bajo la tutela de Luis Arce, factótum de Evo Morales, los ministros de defensa de Bolivia y del régimen terrorista de Irán firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en el campo de seguridad y de defensa en el que Irán ofrece a Bolivia “tecnología militar avanzada”. La estrecha relación con Irán la comenzó Evo Morales a pedido de Cuba y Venezuela durante el gobierno de Chávez. En relación con el tema ecológico, en el año 2011, Evo Morales, reprimió salvajemente una marcha de indígenas que protestaban la ocupación de sus tierras y del parque nacional Tipnis, reserva de 3.860 kilómetros cuadrados en la cuenca amazónica boliviana, donde viven 14.000 indígenas, pobladores ancestrales de ese territorio. Desde entonces, Morales quien fue calificado de “falso indígena”, trató de imponer el proyecto de carretera promovida por Lula, planificada, financiada y construida por Brasil con el objetivo de conseguir una salida al océano Pacífico, para exportar al Asia los productos de las megacorporaciones que están devastando la Amazonia brasileña. A la sombra de este proyecto también se encontraban los productores de coca, prestos a adentrarse en esa reserva natural. Recordemos que desde 1996, Evo Morales está a la cabeza del Comité de Coordinación de las seis federaciones de productores de coca de Bolivia.
Ecuador y Perú son promotores de la industria petrolera en esta región. Ecuador realiza una explotación petrolera a gran escala en la Amazonía ecuatoriana pese a las protestas y reclamos de las comunidades indígenas dirigidas contra Chevron-Texaco, culpable de haber arrojado durante 28 años, 60 millones de litros de petróleo y 68 mil millones de litros de vertidos tóxicos en el ecosistema amazónico, además de los 235 mil millones de pies cúbicos de gas que había quemado al aire. Actualmente es la región más pobre de Ecuador con los índices de cáncer y malformaciones congénitas más altos del país. Es importante destacar que, durante muchos años, Ecuador ha sido el aliviadero de la narcoguerrilla colombiana, convirtiéndose en uno de los epicentros de las rutas de narcotráfico de América Latina dirigidas a EE. UU. y Europa. La sociedad ecuatoriana es víctima de la violenta disputa entre carteles transnacionales de la droga por el control de las rutas transamazónicas. En el Informe Mundial de las Drogas 2022 de UNODC se informó que Ecuador era el tercer país del mundo en decomiso de cocaína. En coincidencia con los días posteriores a la cumbre, más de 8 toneladas de cocaína fueron incautadas en el puerto de Róterdam proveniente de Ecuador, cuyo valor de reventa se estima en 600 millones de euros, el anuncio de la fiscalía holandesa ocurre un día después del asesinato de Fernando Villavicencio, un destacado periodista y candidato presidencial en Ecuador conocido por denunciar la alianza de la izquierda regional con el narcotráfico.
Guyana, otro de los invitados al evento, no puede apostar al cese de la minería, debido a que su economía funciona gracias a la extracción de este mineral en las selvas y ríos del territorio Esequibo (territorio en reclamación por Venezuela), aunque pronto se convertirá en un importante productor de petróleo en sociedad con la norteamericana ExxonMobil. El Esequibo, fronterizo con Venezuela y Brasil es una “tierra de nadie” (No man’s land) en la que “Guyana ha promovido la insostenible mediana y pequeña minería de oro al oeste del río Esequibo, 15 millones de hectáreas de bosques y ríos (…) Las concesiones de oro abarcan las tierras en las que viven el 80% de los pueblos indígenas, comunidades amenazadas por los garimpeiros brasileños y los grupos armados provenientes de Venezuela, entre estos el ELN, que someten a los indígenas e introducen de contrabando gasolina y mercurio”, como lo expresara Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco en su artículo Venezuela y Guyana amenazan la biodiversidad en el disputado territorio esequibo (2022).
En la cumbre amazónica, Venezuela y Colombia actuaron con grotesca ironía al proponer la “creación de un tribunal amazónico de justicia para los delitos ambientales contra la selva” (en Venezuela no hay Estado de derecho), “la creación de una fuerza de tarea de la OTCA” (en Venezuela los militares son los perpetradores del ecocidio), “un plan de reforestación ‘cero’ que permita mapear las áreas críticas y tener prácticas sostenibles como alternativas económicas soberanas y ecológicas en armonía y en equilibrio con los derechos de la naturaleza y la erradicación de las actividades mineras ilegales”, a sabiendas que el régimen chavista ha permitido la explotación de oro, la penetración de la narcoguerrilla colombiana y toda suerte de negocios de extracción de minerales estratégicos manejados por militares y mafias del crimen organizado, incrementándose a raíz de la desafectación y la liquidación del sistema de parques nacionales, reservas forestales y de la biosfera de ese territorio, cedidas al negocio multimillonario de actividades mineras, petroleras, forestales y “otros desarrollos”, contemplados en el decreto del Arco Minero del Orinoco, que ha colocado en situación de riesgo ecológico y humano dicha región. Los proyectos extractivos promovidos por Chávez y continuados por Maduro, están arrasando indiscriminadamente la selva y utilizan mercurio en el proceso de extracción del oro, perjudicando los suelos y envenenando los ríos. Las minas se encuentran en territorios indígenas, donde niños y jóvenes son utilizados como guías, esclavizados, hostigados y asesinados, lo que implica la progresiva desaparición de las etnias Yeküana y Yanomami, culturas que han sobrevivido en armonía con la selva por miles de años. El Amazonas venezolano, territorio de 184.000 Km2, forma parte del ecosistema amazónico, considerado como el pulmón del planeta, un inmenso territorio de 6 millones de kilómetros cuadrados y una de las más prodigiosas reservas de recursos naturales del mundo. Su destrucción en progreso se encuentra en riesgo de alcanzar un punto de no retorno, poniendo en riesgo las 400 culturas indígenas que allí habitan y que constituyen un reservorio de la sabiduría ancestral de la humanidad.
