La crisis exige un nuevo juego político
Quienes administran dineros públicos no deberían molestarse si le piden cuentas. Es un derecho y un deber constitucional de los ciudadanos ser celosos de la administración de los bienes de la nación. Un gobernante de honor no evade sus responsabilidades ni ha de sentirse afrentado si el pueblo le pide memorias y cuentas. Estas, se hacen más imperiosas y necesarias si es acusado por delitos o retardo en el cumplimiento de funciones propias a su investidura. Si se siente afrentado o difamado, su reputada conciencia lo impulsa a demostrar, de manera denodada y fehaciente, su inocencia. Ese es su núcleo ético, su deber moral. Al evadir, y a su vez, perseguir a sus detractores o acusadores, falta a su deber y, deja consigo, dudas. Su acto, en lugar de conferirle honor y valentía, lo descalifica, ante la opinión pública, con epítetos poco honrosos. Pues, jamás ha de convertir a sus acusadores en víctimas.
El pueblo venezolano pide a gritos memorias, cuentas y justicia para los infractores y culpables de la actual crises. No se trata de un asunto particular. Y si fuese exigencia de un particular, la Constitución Nacional, lo respalda. No estamos en el siglo XII a. C. ni frente a Agamenón, rey de Micenas, ni puede invadirnos el temor del adivino Calcas: “– ¡Oh Aquiles, amado por Zeus! Deseas que explique la cólera de Apolo, el arquero de dios. Pues bien; pero tú compréndeme y jura antes que estás pronto a defenderme de palabra o de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre argivos, al que obedecen todos los aqueos.” Lo reiteramos, los venezolanos tenemos Constitución y no estamos en esa época, jamás podemos estar en la situación de Calcas, ni decir como él: “Un rey resulta siempre vencedor cuando se enoja con un particular; y si por un día contiene su ira, guarda el rencor en el fondo de su pecho hasta que halla la hora propicia para vengarse. Di tú si estás dispuesto a garantizar mi vida.” Canto I “La Ilíada”. Tampoco vivimos el feudalismo del siglo XI d. C. De aquellos castellanos, que con el Mío Cid y 11 caballeros más, hicieran jurar a rey Alfonso VI de no haber dado muerte a su hermano Sancho II. No podemos vivir el destierro ni las vicisitudes que atraviesa el Mío Cid, para salvar su honor y defenderse de un rey rencoroso y vengativo. Nuestra realidad es diferente. Estamos en el siglo XXI. Ya deberíamos entender, que a pesar de las grandes fallas de la actual civilización, tenemos que empezar por reorientar nuestros comportamientos políticos.
No tratemos de imitar los hechos históricos que azotan a la Venezuela desde el siglo XIX al presente. Pues ante tantas virtudes de los héroes de la patria, están los antihéroes que la manchan y rebosan de miserias humanas. Los excesos y crímenes de José Tadeo Monagas, Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre otros tantos, refieren que no han sido superados ni los temores de Calcas ni los arrebatos vengativos de rey Agamenón. La ira y la venganza del presidente Maduro y de sus gobernadores, mantienen a centenares de presos políticos y miles de perseguidos por hacer política. Los venezolanos no pueden permitir que se siga gobernando con represión, presos ni crímenes políticos, menos con excesos policiales, corrupción e impunidad. Este tipo de gobernantes, buscan que el pueblo se confronte entre sí, hacen creer a sus seguidores que como mandatarios son imprescindibles, y a los opositores, los tratan como estorbosas piezas desechables e indignas de atención gubernamental. No podemos permitir que nos digan: “Si no gustan de nuestro socialismo, que se vayan”. No podemos permitirles que bajo su ejecutiva premeditación alevosa, irrumpa, disperse y prohíba protestas; menos que asalte alcaldías y a los Poderes Públicos. No podemos permitirle, que hoy se repitan, casos que semejan el asalto al Congreso Nacional del 20 de enero de 1848, donde mueren 8 personas, entre ellas la eximia figura de Santos Michelena y 3 parlamentarios más. Las violaciones de la Constitución y la conspiración contra el Poder Legislativo del actual gobierno de Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia incurren en un crimen de lesa humanidad, y por tanto, de leso Derecho. “La política – como lo apunta Carlos Fuentes – tiene que ser un ejercicio diario de derechos y vigilancias”.
El diálogo es para exigir cumplimiento de la Constitución. Si los razonadores del gobierno y oposición se comprometen cumplirla, el diálogo tendrá resultados positivos. Y con ello, urgen cambios de la agenda político-económica, la excarcelación de presos políticos, el cese de represión y de la violación de los DDHH. El pueblo rechaza el vampirismo político y el actual exceso de poder. La crisis político-económica tiene en jaque mate al rey, su acción termina aquí. Hay que entender que el tablero (el país) y las piezas (la población) exigen un nuevo juego político.
