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Junto a la persecución política, una de las tareas más eficaces del régimen ha sido la de publicar inoportuna, distorsionada y malintencionadamente sus estadísticas, las que deben ser – no lo olvidemos – de Estado. Cifras indispensables para la adopción y corrección de las políticas públicas, brillan por su ausencia en los más disímiles ámbitos.
La omisión más conocida y sentida que, por sí misma, genera consecuencias impredecibles, corresponde a la economía. Nada se sabe de la versión oficial de los niveles de inflación, como si bastara para detenerla, por muy expreso e inequívoco que sea el mandato constitucional y legal de su publicación periódica, apenas un ejemplo del veto que sobre ésta y otras materias afines prevalece, dejando que la deducción obre partiendo del testimonio personal y familiar: una canasta básica equivale a siete cartones de huevos, innovando la nomenclatura de nuestras urgencias.
La Carta Semanal del ministerio de Minas e Hidrocarburos, entregada impresa al antiguo liceísta que tenía pendiente una exigente tarea, es un curioso recuerdo, porque los números dedicados a la producción y todas las facetas de la industria petrolera, deben obtenerse partiendo de los portales digitales de la OPEP o de la Agencia Internacional de Energía, en la que – por cierto – figura nada más y nada menos que Cuba como destacada productora del crudo. Las memorias y cuentas ministeriales, si se obtienen, exhiben un poemario de guarismos contradictorios que no tienen correspondencia alguna con la realidad.
Algún brote epidémico, inmediatamente es censurado como si fuese suficiente para superarlo, y poco o nada se conoce de las tasas de enfermedades recurrentes, contagiosas y otras dolencias agravadas por la falta de equipos y demás insumos. Así como catalogan de empleo cualquier diligencia forzosa para sobrevivir, entendemos que los números de las Inspectorías del Trabajo son de una lamentable insinceridad de los casos ventilados y resueltos, por no hablar de las cotas alarmantes y angustiosas de las muertes violentas, harto sospechosas, apenas conocidas, en las que no figuran otros delitos que, por consiguiente, no parecen tales.
En una reciente rueda de prensa liderada por la colega diputada María Corina Machado, contó con el complemento técnico de la exposición del Ing. Miguel Lara, revelando cifras preocupantes sobre la industria eléctrica, obtenidas por su reconocida especialidad en la materia, o, luego, el Ing. Víctor Poleo difundió otras que hablan de una estafa por encima de $ 17 mil millones en el sector. Coincidieron los tres, en la carencia de números oficiales que revelen la íntima situación en la que nos encontramos en el campo de la generación y distribución eléctrica, contrastando con las décadas anteriores.
Las inversiones realizadas en el sector eléctrico entre 1950 y 1998, incluyendo obras como la del Guri, siendo el apagón toda una rareza en el país que llegó a exportar la energía, es la mitad o menos de la mitad de lo que se ha “invertido” desde 1999 hasta el presente, con el desastre – antes impensable – ocasionado. Irremediablemente “desiguanizado” el tema, apenas constituye un ejemplo del desastre que ha creado el régimen, poniendo en peligro la misma República.
Próxima la discusión del presupuesto público en el hemiciclo parlamentario, es necesario denunciar la desaparición forzosa de las estadísticas oficiales. Por cierto, solía y suele pasar en los socialismos reales.
@LuisBarraganJ
