¿In-justicia o In-mundicia?
«La indiferencia es la razón misma por la cual nunca podremos dormir tranquilos; un día perderemos todo, no porque seamos débiles y nos aplaste alguien más fuerte, sino porque hemos sido cobardes y no hemos hecho nada». Joël Dicker
La Argentina ha convertido, desde hace muchos, muchos años, su Justicia en una inmundicia pero, desde que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, nació la división, o la grieta, entre los jueces y fiscales «puros» o «militantes». Gracias al matrimonio imperial, hoy el Poder que debiera ser el más insospechado -ya que tiene en sus manos la defensa de los ciudadanos contra los abusos del Estado y, a la vez, dispone sobre los bienes y la libertad de éstos- se ha convertido en un partido de fútbol, con dos hinchadas enfrentadas hasta la exasperación. Los ciudadanos hemos dejado de ser, como manda la Constitución, iguales ante la Ley y, dependiendo de qué fiscal y qué juez intervenga, en especial en el fuero federal, el fiel de la balanza se inclinará hacia un lado o hacia otro; ya esto ha quedado tan demostrado que se puede prever, con casi total certeza, la resolución que será adoptada.
¿Quién ha sido responsable de tamaña desmesura? Obviamente, los primeros han sido los presidentes Menem y ambos Kirchner, que han avanzado sobre los otros poderes del Estado sin pudor y sin medida, comprando voluntades -en el caso de los magistrados de Comodoro Py, alquilándolas- con sobres de la SIDE o conocidas «banelcos», sacrificando en el camino a la República. Pero también lo ha sido la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que lo ha tolerado sin reaccionar, más allá de algunos discretos discursos y, en algunos casos, hasta se convirtió en cómplice.
Se puede argumentar que la Justicia no dispone de una policía judicial, a la cual encomendarle el estricto cumplimiento de los fallos de la Corte, pero eso no es -ni podría serlo- óbice para decir que el alto Tribunal dispone de remedios constitucionales. Por ejemplo, hubiera podido pedir el juicio político de Néstor y Cristina Kirchner por no reponer en su cargo al Procurador Sosa; esa solicitud no habría prosperado con la actual composición del Congreso, pero dado un testimonio importante para la independencia del Poder Judicial, del cual es titular. Tampoco reaccionó la Corte cuando una señora Juez, la Dra. Rodríguez Vidal, dictó una medida cautelar que impidió -por un rato- que el Ejecutivo asaltara el Banco Central y se hiciera de sus reservas internacionales y, por ello, fue perseguida hasta por la Policía Federal.
Esta semana, Felisa Miceli, a la que se encontró una bolsa con gran cantidad de inexplicable dinero en el baño de su despacho de Ministro de Economía, y destruyó el acta policial que lo reflejaba, vio reducida su condena de modo tal que, ahora, no deberá cumplirla. La Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por dos jueces de Justicia (i)Legítima y sólo uno independiente, convirtió el escándalo en un nuevo mamarracho.
Las cárceles del país están llenas de delincuentes de poca monta, mientras los grandes criminales del país siguen en libertad y, en a veces, ejercen cargos públicos. Algunos casos claman al cielo: Ricardo Jaime, responsable directo de la masacre de Once, es un ejemplo paradigmático, pero esa lamentable lista también está integrada por quienes distrajeron los fondos para las obras que, en La Plata, hubiera evitado los muertos por la inundaciones o, en las provincias norteñas, los chicos desnutridos, Amado Boudou, Báez, Insfrán, Vanderbrole, Núñez Carmona, Cristóbal López y muchísimos otros cómplices, socios y testaferros de las más altas autoridades del país.
¿Qué pueden pensar tantos empresarios, contra los cuales han sido utilizada como arma letal la AFIP? Cuando el Juez Norberto Oyarbide sobreseyó de modo fulminante las denuncias por el monstruoso enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina, seguramente entendieron que aquí unos son más iguales que otros; baste recordar que los contadores de la propia agencia de recaudación fueron puestos a disposición de los imputados para corregir las incongruencias habidas en las declaraciones juradas presentadas, originadas en la seguridad estar por encima de la ley que los embarga.
Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los casos de IBM, Skanska -la propia empresa reconoció el pago de coimas-, y tantos otros, con la compra de material ferroviario a España y Portugal -los miles de mails probatorios del masivo robo fueron desechados-, y con cientos de causas resonantes por sobreprecios en la obra pública, donde nada fue investigado o las pruebas obtenidas fueron declaradas insuficientes.
Mañana se conocerá la resolución de Casación sobre la recusación del Juez Bonadío en la causa Hotesur, el negocio de la familia presidencial, que puede llevar a la cárcel nada menos que a Máximo Kirchner y su parentela; si fuera apartado, como se supone que ocurrirá por la presión o la seducción del Gobierno sobre los jueces llamados a resolverlo, seguramente la investigación terminará en nada y un nuevo baldón caerá sobre nuestro Poder Judicial.
La Presidente intentó, aconsejada por Hebe de Bonafini y a lo bestia, tomar el Palacio de Justicia con el fracasado proyecto de democratizarla; sin embargo, continúa intentándolo y, más allá de la cortina de humo que constituye la pretensión de designar a Carlés como miembro de la Corte, enviará al Congreso un proyecto para ampliar el número de integrantes del alto Tribunal. Cuando lo consiga, podrá designar conjueces, que pertenecerán a esa ignominiosa organización que se autocalifica de «legítima», para garantizar tranquilidad en el horizonte penal de los funcionarios. La modificación de los códigos Civil y Comercial y Procesal Penal y la actuación de ¡Giles! Carbó desde la Procuración en la designación de fiscales van en el mismo sentido.
Sólo la permanente movilización de la sociedad en las calles podrá evitar que Cristina logre sus fines y termine por destruir lo poco que aún queda de la Justicia argentina; ya lo demostró el 18F, cuando salió bajo la lluvia a reclamar contra la impunidad en el crimen de Nisman. La preocupación del Gobierno fue mayúscula, y derivó en la rastrera campaña que acusó al muerto de todos los males, pretendiendo confundir a la persona con la obra -la investigación criminal- para debilitarla y permitir su archivo.
Durante siglos, Occidente creó un sistema de derechos que protegiera a los ciudadanos de los avances del Estado. Algunas de las piedras basales de ese andamiaje son muy conocidas: principios de legalidad, de juez natural, de irretroactividad de la ley, de in dubio pro reo, de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, de pruebas indubitables, de ley más benigna, etc. Desde que los Kirchner, de la mano de Duhalde, se hicieron con el poder en la Argentina, todo ese sistema se vino abajo y, para quienes fueron considerados enemigos del relato, las garantías constitucionales dejaron de existir y los jueces corruptos convalidaron tamaña calamidad. ¡Casi como en Venezuela!
También en este caso hubo doble vara a la hora de medir. Las prisiones federales están llenas de ancianos, muchos enfermos (casi 300 han muerto ya en la cárcel), juzgados y algunos condenados por leyes dictadas décadas después de los hechos que se les imputan, en juicios en los que, a toda luz, los testigos presentados por los fiscales son manifiestamente mendaces y han sido adoctrinados; tampoco rige para ellos el derecho a la prisión domiciliaria en razón de la edad, pese a que la mayoría cuenta ya con más de 70 años. Obviamente, me refiero a los militares y policías acusados por reprimir a la subversión, muchos con menos pruebas que las que se invocan contra el Tte. Gral. Milani, que ha sido puesto a cubierto por el Gobierno, mientras que los asesinos de tantos civiles, jueces y funcionarios gozan de las mieles del poder desde bancas legislativas, sillas curules o embajadas.
La sociedad ha olvidado que, «con una Justicia proba, rápida e independiente, todo será posible y, sin ella, nada lo será». Cuando digo todo, me refiero a que terminarían los peores males que afectan a nuestro país: la inseguridad, la corrupción, la malversación de caudales públicos, el narcotráfico, la transparencia en el financiamiento de la política, el acceso a la información pública y hasta la salud, la educación, la vivienda y el monto de las jubilaciones. Si tuviéramos una Justicia así, llegarían además las inversiones que necesitamos como el aire que respiramos, encabezadas por el dinero de los propios argentinos que hoy lo mantienen en el exterior, podríamos salir del default y reencaminar nuestras relaciones con el mundo.
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