¿Hay que eliminar el actual modelo de prestaciones sociales?
Las recientes declaraciones del presidente de Fedecámaras Adán Celis jr. publicadas el 10/04/2024 han pasado debajo de la mesa, tal vez por los efectos del candente debate político que estremece a la oposición venezolana, en torno a la definición de una candidatura unitaria que enfrente al mandatario dictador en las elecciones presidenciales del próximo mes de julio.
Quizás en otro momento de finales del siglo XX estas declaraciones hubieran tenido el impacto de lanzar una granada fragmentaria en una fiesta de carnaval, a tenor de recordar la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en 1997 cuando se modificó parcialmente la retroactividad de la antigüedad laboral y la doble indemnización por despido, producto del acuerdo alcanzado en la mesa tripartita del momento. Siendo notoria la escasa respuesta sindical salvo excepciones ante el reciente planteamiento empresarial.
Según los propósitos de la Tripartita de otrora aquella reforma parcial de la LOT permitiría aumentar el salario sustancialmente solicitado por los trabajadores y sus representantes sindicales, siendo en realidad el resultado la integración de los bonos complementarios al salario implementados durante el segundo mandato del Dr. Caldera (1994-1999). Decisión que determinó un salario mínimo en 1998 de 120.000 bs equivalente a 176 $, y adicionalmente el compromiso de cumplir con las obligaciones laborales vencidas tanto en el sector público como en el privado.
En aquel contexto el sector privado concretó de inmediato los efectos de la reforma de la LOT aprovechando la oportunidad del cambio de la norma, entretanto en el sector público aun cuando se estableció como fecha límite el año 2002, hasta el sol de hoy poco o nada se honró del acuerdo alcanzado, cuyo pasivo laboral para 2004 registró la astronómica cifra aproximada de 4 millardos de dólares.
En resumidas cuentas, palabras más palabras menos con la mencionada reforma de la LOT, ni los trabajadores salieron satisfechos con el cambio producido y por el lado empresarial hubo discrepancias, al señalar como el causante del poco o nulo efecto en el salario y el poder adquisitivo del trabajador, el cambio político con la llegada del chavismo al poder en 1999.
El resto de la historia conocida transcurre durante el siglo XXI entre aventuras y desventuras que incluyen una nueva constitución en 1999, la cual incluyó justamente en su articulado y disposiciones transitorias en función de restablecer la norma original, luego sobrevino la imposición presidencial del ilegal e inconsulto Decreto Ley Orgánica del Trabajo (DLOTTT) en 2012, y la difusión de la defensa de la retroactividad de las prestaciones en tono de jerga de lucha de clases en “cruzada permanente contra el patrono privado explotador”.
Finalmente, este discurso retórico significó una pesada lápida a la añorada conquista laboral de la Venezuela próspera del siglo XX, al convertir el tema de las prestaciones sociales en un canto de sirena junto al deterioro integral de todo el sistema de relaciones de trabajo (SRT), al ser el ejecutivo nacional el ejecutor de políticas laborales contra su vigencia.
Este cuadro dramático nos colocó en medio a una tragedia sociolaboral ante la debacle económica del país, acentuada durante la década de la infamia regentada por el aspirante mandatario nacional, cuya dimensión extrema pulverizó el valor del trabajo y precarizó al infinito las relaciones de trabajo.
Las declaraciones de Adán Celis como representante empresarial no le significan frío ni calor para una masa trabajadora que lo ha perdido todo, no solo la ansiada retroactividad de las prestaciones sociales que la protegía ante la inflación, también la seguridad social, la contratación colectiva, los pasivos laborales, el reconocimiento a la libertad sindical, los tribunales laborales éticos, un ministerio del trabajo como administrador eficiente de las relaciones de trabajo, etc.
En el fondo su propuesta discutible se reduce a “más billete en la cartera del trabajador” a cambio de suspender la norma, entre tanto el futuro del trabajador y su familia se diluye en bonos carcomidos por una inflación cuyo significado es “pan hoy y hambre para mañana”. Aun así, es un planteamiento a debatir libremente entre los actores del mundo del trabajo y la academia especialista en la materia.
¿Cuál debe ser entonces el norte? A mi criterio una revisión integral y total del SRT que permita sin prejuicios el restablecimiento de los convenios de la OIT, firmados por el estado venezolano desde el siglo pasado y violentados por la actual administración, en la dimensión planteada recientemente por el Prof. León Arismendi, director del INAESIN, quien aboga por la implementación de un “programa de trabajo decente” que abarque líneas de acción sobre empleo productivo y bien remunerado, sistema de seguridad social y de protección a los trabajadores y políticas concertadas en materia salarial, laboral y sindical”.
¿Por dónde comenzar en las vísperas del primero de mayo 2024?, Definiendo en el marco del Foro Social tripartito hasta ahora irrelevante para el gobierno, un salario suficiente, la apertura de las convenciones colectivas suspendidas en el sector público, el reconocimiento de pasivos laborales y el respeto al libre ejercicio de la libertad sindical.
