¿Hacia el estallido social en España?
La entrada en recesión de la economía española implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental y derivó posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, posterior desahucio e inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los colchones vitales como únicos salvavidas del naufragio económico español.
El colchón vital del Plan Prepara
El Plan Prepara incluye los 400 euros de subvención durante seis meses a los parados que han agotado completamente el subsidio y se prorroga semestralmente desde que fue instaurado por Zapatero en el 2011 y es previsible que el Gobierno del PP la prorrogue debido a la presión social, medida que sólo será un parche temporal para evitar el estallido social que se avecina en un futuro mediato. Así, el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio (según UGT, 1.800.000 desempleados no perciben ningún tipo de prestación y la tasa de cobertura está disminuyendo cerca de 15 puntos en dos años). Dicho colchón vital se completaría con la Renta Mínima de Inserción (RMI), ayuda pública para personas que no tienen recursos suficientes para atender las necesidades más básicas de la vida y que, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo aunado con el papel de la solidaridad familiar y de organizaciones no gubernamentales como Cáritas, que serían el último salvavidas de los futuros restos del naufragio económico español.
El colchón familiar
Según el Consejo Económico y Social, en el primer trimestre de este año 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español. A ello se añade que la mayoría de las pensiones tendrán un exiguo incremento del 0,25 % para el 2015 (no siendo descartable la congelación de las mismas para ejercicios posteriores), lo que contribuirá a reducir el grosor del colchón familiar y elevar el riesgo de pobreza. Así, en el último informe de Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, se advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 % de la población en el horizonte de la próxima década (en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 27% de la población y afectaría ya a 13 millones de personas) mientras según el Banco de España, un 10% de familias acaudaladas concentraban el 70% de la riqueza financiera en el 2012.
El colchón de la economía sumergida
La economía sumergida, o el mercado negro, consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación fiscal y social del Estado. Según un informe elaborado por el instituto Tax Research,( que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal). La economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional y si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años. Finalmente, según FUNCAS, las arcas del Estado dejaron de ingresar por este motivo en la pasada década hasta 32.000 millones de euros, (el 5,6% del PIB oficial) y hasta 1984 trabajaron en la economía sumergida 1,4 millones de personas, pero entre 2006 y 2008 la cifra se disparó a 4 millones de personas , y sólo las cuotas de IVA dejadas de ingresar en el último año podrían acercarse a los 18.000 millones de euros,(cantidad superior a la suma del gasto sanitario anual de Madrid ).
Por otra parte, según explica Ricardo Sánchez-Seco Tomás en invertia.com, la SICAV es un sofisticado producto de ingeniería financiera, híbrido de sociedad anónima y fondo de inversión que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes o accionistas, con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades en lugar de al 30% siempre que el capital permanezca en la SICAV. La ventaja frente a los fondos de inversión radica en las reducciones de capital, ya que los dueños de la SICAV pueden sacar dinero sin tributar hasta que no supere la cantidad inicialmente invertida. Así, se considera que lo que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por las inversiones de las Sicav siguiendo el criterio FIFO (First In First Out), lo que permite sacar todo el capital y dejar dentro de la Sicav sólo las plusvalías, que a su vez pueden generar nuevas plusvalías si se acierta con las inversiones, de lo que se deduce que se trataría de un de instrumento para evitar la fuga de capitales pues en el supuesto de que se les exigiera más impuestos a las SICAVS se irán a otros países donde sea más fácil obtener más rentabilidad , trasladando su patrimonio a una sociedad europea bajo legislación menos restrictiva.
Además, el contrabando de tabaco se ha triplicado desde 2010 y representa más del 15% del mercado, según un estudio de la tabacaleraJapan Tobacco Interantional, lo que equivale según Aduanas y el Comisionado del Mercado de Tabacos a un fraude fiscal de entre 500 y 600 millones de euros al año y según denunció Mario Espejo, el presidente de la Unión de Estanqueros de España, ” la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha detectado ya la existencia de fábricas ilegales que están falsificando marcas como Marlboro, Chesterfield o Ducados Rubio”. Paralelamente, las ventas por Internet en España alcanzaron un nuevo récord al facturar 2.421 millones de euros, lo que supone un aumento del 27,4% respecto al mismo periodo del año anterior y el décimo trimestre consecutivo de crecimiento, según revela el último informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).
Así, asistimos en Internet a la aparición de negocios alegales ,trabajadores que no se dan de alta como autónomos porque no es un servicio que hagan todos los días aunque les aporta un ingreso extra para acabar el mes y el mismo Ministerio de Trabajo reconoce que ”cuando se trata de ventas por Internet y a contra-reembolso, resulta complicado de controlar pues ese dinero no queda registrado” a lo que habría que añadir el negocio de las apuestas online que generará este año unos ingresos de alrededor de 800 millones de euros, (según algunos de los datos incluidos en el libro ‘El Juego online’ presentado en Madrid por la Fundación Codere).
¿Poniendo puertas al campo?
El Gobierno aprobó el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal para en palabras del Ministro de Hacienda Cristobal Montoro,” facilitar a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida”. Sin embargo,tratar de regularizar la economía sumergida conllevará una drástica reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía, con la consiguiente constricción de las actividades económicas marginales y riesgo de solvencia del mismo Estado,de lo que sería paradigma las cerca de 40.000 empleadas de hogar que trabajaban por horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social y que tras la regulación habrían pasado a formar parte de la economía sumergida al no haberse regularizado su situación por parte de sus empleadores.
¿Hacia el estallido social?
Según José Miguel de Elías, director adjunto de la empresa de investigación de mercados y opinión pública Sigma 2, “la ciudadanía sabe que las élites políticas y financieras provocaron la crisis, fueron los beneficiarios de ella, son cómplices en su desarrollo y encubrimiento, y ahora tratan de eludir responsabilidades”. Recordar que el salario mínimo de un trabajador se sitúa en 642 €/mes y el de un diputado o senador con dietas y otras prebendas podría llegar a los 6.500 Euros-mes y que según un estudio de la consultora de recursos humanos ICSA, los directivos españoles ganarían de media, 173.000 euros brutos anuales y el 10% de los directores generales mejor pagados de las grandes empresas más de 235.000 euros brutos. En estas circunstancias, De Elías presagia un estallido social, pues “en España se darían ya todas las condiciones de grave deterioro social, necesarias y suficientes para el estallido social: altísimo paro juvenil y de larga duración, población inmigrante en paro y/o exclusión social creciente, marginación ascendente, exclusión en alza, precariedad laboral en ascenso, falta de mínimos personales vitales en nuevos sectores sociales, de lo que sería paradigma una población carencial de más de un tercio de la ciudadanía”.
