Guyana y Maduro
Con el decreto 1787 del 27 de mayo Venezuela crea y activa unas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN). En la ZODIMAIN Atlántica, se incluye además de las áreas marinas y submarinas de nuestra fachada atlántica y de la Zona en Reclamación, buena parte de la fachada atlántica guyanesa, pero también aguas correspondientes a Surinam y Guayana francesa, violando además el límite marítimo entre Guyana y Surinam, fijado en el Laudo Arbitral de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2007. El decreto tiene el aspecto positivo de demostrar que en la Fuerza Armada y en el gobierno, después de años de inacción y olvido hay preocupación por las acciones de Guyana, tanto en la Zona en Reclamación del Esequibo, como en nuestra fachada atlántica. Sin embargo el aspecto negativo es la extralimitación del decreto, al afectar Surinam y la Guayana francesa y violando un arbitraje de la CIJ. Después de la protesta de Guyana el decreto fue reimpreso por “fallas en los originales” y se le agregó un párrafo que menciona que las líneas definitivas se fijarán una vez que se resuelva la controversia con Guyana según el Acuerdo de Ginebra de 1966. El párrafo y un comunicado de la Cancillería que propone un pronto encuentro entre los dos Cancilleres parecían dirigidos a bajar las tensiones. Por otro lado, Maduro acusa a la Exxon-Mobil, como “instrumento” del gobierno norteamericano, de ser parte de una “agresión” contra Venezuela en alianza con el nuevo gobierno guyanés, calificado de extrema derecha, por iniciar la exploración petrolera en la concesión Stabroek, que abarca áreas tanto de la Zona en Reclamación como de la fachada atlántica venezolana del delta del Orinoco. Olvidando que en la concesión, la Exxon está asociada con la China National Offshore Corporation (CNOOC), 100% de capital estatal chino y socia de PDVSA en la Faja del Orinoco y en el proyecto de gas costa afuera Mariscal de Ayacucho. Olvidando también que la concesión fue entregada por el anterior gobierno guyanés. Además decir que el nuevo gobierno es de extrema derecha demuestra una absoluta falta de seriedad. Ambos partidos mayoritarios en Guyana se declaran socialistas y además puedo afirmar que el actual partido mayoritario en la coalición de gobierno, cuando estuvo en el poder antes de 1992, mantuvo una política bastante más a la izquierda que el del saliente Presidente Ramotar. Pero frente a la reclamación venezolana Guyana ha seguido siempre una política de Estado. A lo largo de más tres décadas, todos los gobiernos han mantenido la misma estrategia y, en buena parte, los mismos asesores y expertos. Maduro anunció en su discurso ante la Asamblea Nacional que, por sugerencia de Tribunal Supremo de Justicia el decreto 1787 será sustituido y “perfeccionado” por el 1859, y que “se verificarán técnicamente” las líneas de las ZODIMAIN.
Es evidente que en el Directorio que gobierna Venezuela hay diferencias en relación con el tema de Guyana, por una parte un sector resiente la acusación del gobierno guyanés y de la prensa caribeña que el gobierno Maduro, por su debilidad interna, está traicionando el legado” internacionalista” del Comandante Chávez. Otro sector está decidido a utilizar la supuesta conspiración de la Exxon, el” Imperio” y sus” títeres” guyaneses para tratar de recuperar puntos en el decaído apoyo popular de cara a las próximas elecciones legislativas. El discurso de Maduro demuestra que la mayoría del Directorio ha optado por la utilización de la reclamación del Esequibo, así como también del enfrentamiento con la llamada “oligarquía mediática” de Bogotá con el objetivo de exacerbar el nacionalismo en función electoral, distraer la atención del desastre socioeconómico y tratar de poner en dificultad a la oposición exigiendo la necesaria Unidad Nacional frente a la agresión externa. Maduro llamó a consulta la Embajadora en Guyana y “revisará” todas las relaciones con Guyana, también anunció una campaña internacional de opinión sobre el tema de la reclamación y nombró una Comisión Presidencial de altos funcionarios para asuntos limítrofes. El gobierno, para demostrar seriedad en la reclamación, debería además de mantener el patrullaje tradicional de la Armada en nuestra fachada atlántica, nombrar, con urgencia, un negociador por Venezuela a tiempo completo. El actual encargado, Roy Chaderton, tiene otros cuatro cargos que atender. El nuevo negociador debe ser asistido por un equipo de funcionarios y apoyado por una Comisión de Expertos. Hace falta una verdadera política de Estado, por encima de las diferencias políticas, para un asunto de Estado.
@sadiocaracas
