Guatemala 2019 y la encrucijada electoral
El 16 de junio Guatemala tiene el desafío de emitir un voto responsable. Sin embargo, lo ocurrido en estos meses: judicialización de la política, poca oferta electoral, altos niveles de incertidumbre ciudadana, nos obliga a preguntarnos: ¿estamos listos para asistir a las urnas en medio de esta encrucijada electoral?
Con el decreto 1-2019 emitido por el Tribunal Supremo Electoral dio inicio la carrera electoral a nivel presidencial, legislativo y municipal. Esta se ha desarrollado en tres fases, según el artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP):
1. Del 19 de enero al 17 de marzo de 2019. En este período las organizaciones políticas postularon e inscribieron candidatos. Durante esta etapa también inició la integración y juramentación de juntas electorales departamentales/municipales y concluyó el proceso de empadronamiento.
Sin embargo…
Las dinámicas institucionales y partidarias durante el mes de marzo dieron cuenta de una presentación tardía de documentación para inscripción. Esto ocasionó, según datos iniciales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el registro de 24 solicitudes de inscripción de candidatos a presidente y vicepresidente.
A menos de un mes para las elecciones generales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la captura de uno de los candidatos, acusado de nexos con el crimen organizado. También se conoció la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que rechazó tres candidaturas, argumentando impedimentos constitucionales y por encontrarse en investigaciones judiciales.
La encrucijada electoral…
Si al caminar por las calles guatemaltecas, usted le pregunta a cualquier persona: ¿por quién votará este 16 de junio?, es muy probable que le responda de tres maneras: 1) creo que no iré a votar porque todos son más de lo mismo; 2) es que no sé si al final mi candidato participará en las elecciones; o 3) no tengo idea porque no escuché propuestas políticas.
Desafortunadamente, estas realidades coinciden con estudios con mayor rigurosidad metodológica como los de cultura política de la democracia en Guatemala, cuyos resultados recientes dan cuenta de que a 8 de cada 10 personas en el país no les interesa la política; 7 de cada 10 no simpatizan con ningún partido político; únicamente 1 de cada 5 personas afirma que irá a emitir su voto este 16 de junio; mientras que 2 de esas cinco 5 personas votarían pero dejando la papeleta en blanco o anulándola.
2. Del 18 de marzo al 14 de junio. Durante esta fase, las organizaciones políticas han realizado campaña electoral, entendida como cualquier actividad con el objetivo de difundir programas de gobierno; captar, estimular o persuadir a los electores; así como promover políticamente a ciudadanos, afiliados o candidatos, por medio de la celebración de reuniones públicas, asambleas, marcas o a través de medios de comunicación (art. 219, LEPP).
Sin embargo…
La misma judicialización del proceso electoral que obliga inicialmente al Registro de Ciudadanos del TSE a resolver recursos de nulidad y/o apelación en contra de candidaturas, ha ocasionado un nivel de incertidumbre en el ejercicio de campaña electoral.
En declaraciones dadas a un medio de comunicación, el pleno de magistrados del TSE señaló que las personas que no estén inscritas no podrán hacer campaña electoral, debido a que sólo han presentado su papelería y que no han sido calificados como tal por el Registro de Ciudadanos.
La encrucijada electoral…
Si usted camina, una vez más, por las calles guatemaltecas y le pregunta a cualquier persona: ¿cuál es la principal propuesta de tu candidato/a?, seguramente le dará una de las siguientes respuestas: 1) no estoy seguro porque no he sentido que estemos en campaña electoral; o 2) no sé, porque aquí solo vallas de afiliación se observan.
Debe reconocerse que el sistema de partidos políticos en Guatemala (caracterizado por su alta volatilidad y fragmentación) no ha sido capaz de atender —a través de una oferta electoral pertinente y viable— las principales necesidades de la población. Por ejemplo, mediciones del Latinobarómetro evidencian que por más de 10 años las principales necesidades continúan concentrándose en inseguridad y falta de empleo.
En ese sentido, y para garantizar igualdad de condiciones y de oportunidades a los partidos políticos para exponer sus principales propuestas políticas, se elaboró el Plan de Distribución Igualitaria de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE. No obstante, una revisión de este da cuenta de que la cobertura territorial de vallas para la campaña electoral fue del 23% del territorio (77 de 340 municipios). En cuanto a los spots publicitarios en medios televisivos y radiales, las desigualdades también son evidentes, porque mientras algunos partidos políticos tienen por día, en promedio, 10 espacios de 20 segundos cada uno para promocionar a sus candidatos, otros llegan a tener hasta tres veces más.
3. 16 de junio, día de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos.
Entonces…
¿Estamos listos para asistir a las urnas en medio de una encrucijada electoral?
A nivel institucional, y a pesar de los diversos desafíos que ha enfrentado, el TSE continua con el proceso de impresión final de las papeletas para el día de las elecciones. Con éxito se han conformado y capacitado a las juntas departamentales, municipales y receptoras de votos, que ese día serán responsables de atender el desarrollo de la jornada electoral, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Por primera vez, los guatemaltecos residentes en Los Ángeles, California; Silver Spring, Maryland; Nueva York; y Houston, Texas, podrán emitir su voto para binomio presidencial.
A nivel partidario, las agrupaciones en contienda han iniciado con sus respectivos cierres de campaña, con la confianza de haber podido capturar la mayor intención de votos tanto a nivel urbano como rural.
A nivel ciudadano, conforme se acerca el día de las elecciones, el nivel de incertidumbre se incrementa; la desconfianza por el proceso se hace cada vez más evidente; y el rechazo a la oferta electoral se canaliza con mayor agudeza en un voto nulo que ahora tiene validez jurídica, a efecto de determinar la repetición de cualquier elección (art. 327 LEPP) si llega a superar más de la mitad de los votos válidamente emitidos.
En conclusión, por primera ocasión, desde hace 20 años, la renovación de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial ocurrirá en un mismo año. La ciudadanía guatemalteca elegirá: a) presidente y vicepresidente; b) 160 diputados por el Congreso de la República; c) integrantes de las 340 corporaciones municipales; y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, también se conformarán comisiones de postulación —dirigidas por el Congreso de la República— para elegir al representante de la Contraloría General de Cuentas (CGC), [1] a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a 210 magistrados que ocuparán 42 Salas de Cortes de Apelaciones, [2] adicional a la convocatoria para elegir nueva junta directiva del Colegio de Abogados y Profesionales del país (CANG).
Aunque esto representa una oportunidad para garantizar tanto instituciones independientes y autónomas como una ciudadanía actica y critica, la situación actual del país da cuenta de que, a pocos días de las elecciones, el futuro poselectoral es incierto.
Fuentes normativas:
Decreto n.º 1-85. Ley Electoral y de Partidos Políticos
Decreto n.º 1-2019. Convocatoria a Elecciones Generales
Decreto n.º 85-2002. Ley en Materia de Antejuicios
Decreto n.º 31-2002. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
Fuentes documentales:
LAPOP (2019). Cultura política de la democracia en Guatemala
Base de datos del Barómetro de las Américas
Plan de Distribución Igualitaria del TSE.
Notas:
[1] El art. 13 de la Ley Orgánica de la CGC establece que a esta le corresponde la entrega de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (requisito que cualquier candidato a puestos de elección popular debe presentar para el trámite de su inscripción). [2] Según el art. 14 de la Ley en Materia de Antejuicios (decreto 85-2002) es competencia de la CSJ conocer y resolver antejuicios en contra de diputados al Congreso de la República. Mientras que en el art. 15 establece que los antejuicios en contra de alcaldes municipales son competencia de las salas de la Corte de Apelaciones. Es necesario subrayar que el abordaje de la judicialización temprana del proceso electoral adquiere mayor notoriedad como una aproximación para entender la relación y sus efectos de la justicia y la política. Una revisión documental y hemerográfica de los principales casos entre 2016 y febrero de 2019 da cuenta de 121 casos de alcaldes que han sido sujetos de procesos judiciales y 33 casos de antejuicio a nivel parlamentario.Diálogo Político – Fundación Konrad Adenauer Uruguay