Gobernabilidad
La gobernabilidad es fundamental en el mantenimiento del orden social. Tiene que ver con la capacidad de un gobierno para sostener la estabilidad social y política dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. El origen del término «gobernabilidad» viene del verbo latino «gubernare», que puede traducirse como «pilotar un barco».
En el caso que nos ocupa podríamos resumir el concepto como la capacidad de un gobierno para pilotar el barco del Estado.
Venezuela está atravesando por lo que probablemente sea una de las peores crisis de toda su historia. La podemos comparar con una tormenta en medio del océano con olas encrespadas. Quien conduce el buque parece haber perdido la capacidad de sortearla. Peor aún, fue su incapacidad la que condujo el buque al vendaval, cuando todos le advertían que ese rumbo lo llevaría al desastre.
Los buques están diseñados para superar estos temporales, tal como los Estados lo están para superar las crisis, por severas que estas sean. Hay una sola condición para que puedan lograrlo: la legitimidad.
Mientras la sociedad perciba que el gobierno es legítimo, los miembros de la misma tienen la obligación moral de acatar al gobernante. La situación cambia cuando este pierde la legitimidad.
¿En qué consiste la legitimidad de un gobernante? La misma puede ser de dos tipos: de origen y de desempeño.
Hay legitimidad de origen cuando se han respetado las normas electorales. Tal como lo señala la Constitución, el soberano no es el régimen, es el pueblo, quien puede ejercer esa soberanía directamente o «indirectamente, mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público».
Ahora bien, cuando después de haber cumplido con todas las condiciones el régimen violenta el derecho del pueblo a convocar un referendo revocatorio previsto en la Carta Magna -en arreglo con una Sala Constitucional a su vez también de dudoso origen- o cuando por las mismas vías el CNE retrasa o impide la convocatoria a elecciones de gobernadores, la consecuencia es que ese régimen pierde su legitimidad de origen.
Por su parte, la legitimidad de desempeño depende, tal como lo expresa la propia Carta Magna, de que el gobierno respete «la Constitución y la ley». Y es que «los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos». Al violar el equilibrio de los Poderes que es una de las condiciones «sine cua non» de la democracia, el régimen está desconociendo la soberanía popular y el sometimiento que a ella le debe, con lo cual destruye la legitimidad de desempeño.
Así, cuando la Sala Constitucional dicta sentencias sin juicio para declarar en «desacato» a la Asamblea Nacional, viola la soberanía del pueblo, porque la tal figura del desacato de la Asamblea no está prevista en la Constitución.
Y cuando la Sala Electoral dictamina que hubo irregularidades en la elección de los diputados por Amazonas, pero no lo prueba ni adelanta un juicio, ni convoca a nuevas elecciones, también está violando la soberanía popular.
Y cuando organismos vinculados al Ejecutivo se niegan a acatar las órdenes de un Tribunal de liberar a un detenido, también violan esa soberanía. Y cuando el régimen mantiene numerosos presos políticos violenta expresos mandatos de la Carta Magna, así como cuando desconoce sentencias de organismos internacionales derivados de Pactos y Tratados debidamente suscritos y ratificados por la República. Vale la pena recordar que el Art 23 de nuestra Constitución declara de manera expresa que «los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela , tienen jerarquía Constitucional … y son de inmediata y directa aplicación por los tribunales y demás órganos del Poder Público»
Y cuando los casos de corrupción y narcotráfico llenan de vergüenza a una nación entera, la legitimidad de desempeño rueda por el fango.
De manera pues que en nuestro país se ha producido un desconocimiento masivo de la soberanía popular por parte de un régimen que en consecuencia ha perdido totalmente la legitimidad de desempeño.
Perdida la legitimidad y sumido el país en una crisis económica sin precedentes que se manifiesta en una escasez perniciosa de alimentos y medicinas, en la inflación más alta del mundo, en un déficit fiscal inmanejable y en la destrucción del aparato productivo, resulta altamente improbable que se pueda mantener la gobernabilidad.
Como se dijo al principio, el régimen ha perdido la capacidad para sostener la estabilidad social y política dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. Pareciera que sólo por la vía de una represión desmedida intenta aferrarse a un poder que se le escapa como sal y agua entre las manos.
Y a todo lo anterior conduce a la actuación de los organismos internacionales que ya no pueden seguir indiferentes ante la tragedia que vive Venezuela. De allí las acciones de Mercosur y de la OEA. Amanecerá y veremos.
@josetorohardy
