¿Fraude o soberanía?
A propósito del innegable fraude electoral cometido en las pasadas elecciones presidenciales, por el propio órgano encargado de resguardar el mandato constitucional, será necesario acudir a la jurisdicción y observación internacional, esto a los fines de evitar decisiones impuestas por quienes, desde el poder, han sido los autores materiales de tal desaguisado y así evitar una innecesaria crispación política distinta a la pacífica, democrática y electoral ya transitada.
Lo sucedido el 28 de julio no es cualquier triquiñuela de baja ralea en una elección sindical autobusera, estamos presenciando la ejecución por parte de Elvis Amoroso y Nicolás Maduro, de delitos penales que vulneran a la humanidad, dado que están afectando un bien jurídico que a todo ser humano atañe y, en consecuencia, le corresponde a la Jurisdicción Internacional y a la Comunidad Internacional, hacer que se garantice el respeto de elegir y que ese derecho sea protegido sin limitantes.
“Tenemos un mandato y juntos lo vamos a hacer cumplir. Serenidad y firmeza para avanzar, nunca retroceder”. Ha manifestado María Corina Machado, líder fundamental de este proceso. Y este es el otro elemento presente en tan difícil trance político. Con ella y al ritmo de los resultados que imponga la mediación de Lula, Petro, Obrador y el resto de quienes han manifestado en el plano internacional una salida democrática a la crisis, vamos a seguir movilizados en la calle exigiendo el respeto a la soberanía popular, que de forma inequívoca eligió a Edmundo González presidente de la República.
El derecho a elegir libremente se deriva del derecho a la participación política y ambos derechos corresponden a la categoría de Derechos Humanos. Su realización amerita una satisfacción simultánea, el primero no podrá realizarse sin la vigencia del otro; de modo que para garantizar uno, necesariamente debe protegerse al otro. Así las cosas, toda esa perorata de los ejecutores del fraude contra la “intervención extranjera” solo busca zafarse de la justicia y la veeduría internacional, para así poder imponer su conducta delictuosa a través del fraudulento CNE y su TSJ.
