Ferguson en Venezuela
La noticia que copó la semana pasada los titulares de la prensa en todo el mundo fue la referida a los desórdenes que se originaron en Ferguson, Missouri, por la muerte de un joven negro a manos de un policía blanco. Pues le informo a los reporteros de aquí y acullá, que en la Venezuela de hoy la cosa no es distinta. Antes, les narro un hecho ocurrido realmente:
En 1925, en otro pueblo del Sur, empezaron a aparecer animales muertos en una escuela-granja. Un empleado negro de esa institución descubrió al culpable: un enorme perro; mientras este acometía a una oveja, el negro lo mató. Pues el dueño del can, un granjero blanco, se apareció por el plantel y mató al empleado de ocho disparos. El director de la escuela exigió la detención del asesino, pero el jurado local lo exoneró. Al director no le quedó sino dimitir, en parte por las amenazas que empezó a recibir del homicida y en parte porque la junta directiva del instituto, de mayoría blanca, no se solidarizó con él en su solicitud de justicia por el asesinato.
Así era la justicia en el Sur profundo de los Estado Unidos en los años veinte; un tiempo en el cual los blancos entendían como“ correcto hacerse justicia por mano propia cuando en el asunto estaba implicado un negro. Sentían que, simplemente, estaban ejerciendo unos poderes policiales delegados en ellos, aunque no de manera oficial. La injusticia llegó a tal que uno de los jueces que conoció del caso, dictaminó que el hombre negro no tiene «rights which the white man was bound to respect” (derechos que el hombre blanco esté obligado a respetar»). Mucha gente sospecha que los actos recientes en Missouri no son muy diferentes a los de hace unos noventa años…
El asunto en Venezuela, hoy, solo difiere en una cosa: la discriminación no es en razón de raza sino de política. El “aparato represivo del Estado” —para ponerlo en palabras de alguien idolatrado por los rojos, Althusser— actúa con sevicia, y llega hasta la tortura, contra quienes se niegan a entrar en eso del pensamiento único; después, los fiscales son de lo más selectivos en quiénes deben ser encausados: si el detenido es un oficialista (cosa muy rara), sin importar la gravedad del hecho cometido, sale libre y cuando mucho, con un “no lo vuelvas a hacer”; si es de la oposición, derechito a un juez de los que grita “¡Uh, ah!” y que no sabe sino ordenar “¡cárcel con él”, así el pecado sea venial.
Tal es el descrédito internacional en el cual ha caído la guisa de “justicia” que rige en Venezuela, que a la ONU no le ha quedado más remedio —luego de los insulsos, e inútiles, intentos de “Papi-papi” por defender a sus copartidarios— que reconvenir públicamente al Estado venezolano. Transcribo inmediatamente abajo párrafos del informe-regaño. Y reto al madurista más pintado a que desmienta una sola cosa de las denunciadas.
“El Comité observa que el delito de tortura tipificado en el artículo 17 de la Ley contra la Tortura (…) sólo se aplica cuando las víctimas están bajo la custodia del funcionario público. Tampoco se considera tortura bajo este artículo los dolores o sufrimientos infligidos por otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación, con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos. La conducta de los funcionarios públicos que hayan instigado o consentido actos de tortura infligidos por personas naturales tampoco estaría tipificada como complicidad o participación en la tortura. (…) Sin embargo, de acuerdo a las cifras anexas al tercer y cuarto informes (…), entre los años 2003 y 2011 tan sólo 12 funcionarios fueron sancionados por cometer actos de tortura. Preocupa profundamente al Comité la información según la cual los fiscales a menudo no inician investigaciones de oficio pese a existir claros signos de lesiones en las personas detenidas”.
“El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria indicó que las detenciones de los opositores políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos fueron arbitrarias y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación acerca de la prolongada y arbitraria detención de opositores políticos y manifestantes. Preocupan al Comité, además, las informaciones según las cuales una gran parte de los detenidos no fueron informados sobre las razones de la detención, no tuvieron acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial, y fueron transferidos a varios centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares. Asimismo, los detenidos no habrían recibido en ciertos casos atención médica hasta la audiencia judicial, pese a presentar claros indicios de violencia”.
“El Comité expresa su preocupación ante los informes que registran un total de 437 ataques de grupos armados pro-oficialistas a manifestantes durante las manifestaciones transcurridas entre febrero y abril de 2014. Según informaciones concurrentes, una gran parte de estos ataques se realizaron con la complicidad y aquiescencia de las fuerzas del orden y permanecen en la impunidad”.
“El Comité muestra su inquietud por el hecho de que la Defensoría parece carecer del grado de independencia necesario para ser la institución nacional responsable de investigar las denuncias de tortura y malos tratos. Inquieta también al Comité que 6 de los 13 integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, creada por la Ley contra la Tortura como mecanismo de prevención, estén vinculados al Ejecutivo. Debido al carácter confidencial de las denuncias que este organismo recibe, y las recomendaciones dirigidas al Gobierno, la presencia de miembros del Ejecutivo compromete su independencia”.
Y termino yo: no ayuda a la Justicia el que las autoridades, los fiscales y los jueces cometan o acepten que se cometa actos brutales contra personas, ni que aquellos queden impunes. Ni siquiera en quienes hayan recibido sentencia condenatoria se justifican tratos vesánicos.
No será hoy, no será mañana, pero la Justicia con mayúsculas ha de prevalecer…
