Estado de derecho y democracia
En días pasados Nicolás Maduro se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentar “su realidad” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Antes de su intervención, a título de prólogo, para su sorpresa e “indignación”, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas había expresado su razonada preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela, el acoso a los defensores de los derechos humanos y la actuación de un Poder Judicial que imparte su justicia en perjuicio de los derechos de los opositores, para no entrar en mayores detalles. También antes de su prolongada “alocución”, el representante de Alemania, Presidente del Consejo, le recordó a Maduro su desprecio por el sistema universal de protección, a la vez que le pidió que asumiera sus obligaciones como representante de un Estado Miembro y aceptara la visita al país de los mecanismos de derecho humanos, Relatores y Expertos, a quienes se les ha negado la entrada desde 1998.
Estas declaraciones, contundentes por lo demás, poco comunes hacia un mandatario de un Estado Miembro de la ONU, muestran el rechazo de la comunidad internacional a las arbitrariedades del régimen de Maduro, heredero y ejecutor de la obra de Chávez, que abandonó definitivamente y sin retorno, el estado de derecho, un concepto estrechamente vinculado a la “justicia”, la “democracia” y la “paz” que los regímenes totalitarios suelen interpretar perversamente para favorecer sus intereses, siempre contrarios a los del pueblo.
El estado de derecho expresa la sujeción de las actividades del Estado al orden jurídico, en consideración plena de los derechos de los individuos y de la sociedad. Se trata de un principio de gobierno que implica que todas las personas, las instituciones públicas y privadas, incluido el propio Estado, estén sometidas a la Constitución y a las leyes adoptadas públicamente de conformidad con el mismo orden jurídico; lo que excluye evidentemente la legislación adoptada sin base legal, como las habilitantes y otras a las que ha recurrido el régimen desde 1999, para imponer sus políticas. En un Estado de Derecho las leyes deben ser cumplidas por igual y aplicadas por órganos de justicia independientes e imparciales. La administración de justicia debe ser apegada a los derechos humanos reconocidos no sólo en textos internacionales y en la Constitución y otras leyes de la República sino por el Derecho Internacional consuetudinario, que es superior, entre los cuales, los derechos relacionados con la igualdad ante la ley, el debido proceso, la no discriminación. Si se aplica este concepto a la realidad venezolana, llegamos a la conclusión de que el régimen de Maduro abandonó definitivamente este espacio, aparentemente sin retorno.
A pesar de todo, la comunidad internacional espera que el régimen detenga sus arbitrariedades y manipulaciones sobre el sistema electoral y respete las reglas y permita un proceso electoral transparente; pero, sobre todo, que acepte la voluntad popular que exige democracia, libertad, paz, progreso. También esperan los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil del mundo que, ante el inminente triunfo de la oposición democrática, se respete la integridad institucional y no se desmantele la estructura del Estado a través de manipulaciones perversas para desconocer la potestad de la nueva Asamblea y anular sus competencias por la vía de facto, lo que es muy difícil para un régimen que con razones bien fundadas muchos han calificado de forajido, es decir, irrespetuoso del orden jurídico establecido.
Estado de derecho y democracia son conceptos estrechamente vinculados entre sí. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es, como bien se expresa en la Carta Democrática Interamericana, “la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados”. Los pueblos tienen el derecho a la democracia, un derecho humano colectivo consagrado por el Derecho Internacional y, en consecuencia, los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Estamos ante compromisos jurídicos internacionales que los Estados deben respetar cabalmente.
Por ello, ante el abandono definitivo del estado de derecho, ante la ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional, la comunidad internacional, particularmente la regional, que finalmente parece haber comprendido nuestra realidad, deberá entonces invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para proteger los derechos del pueblo venezolano, lo que garantiza no solamente la paz interna, sino la estabilidad de la región.
