¿Es Santos amigo del ALBA?
En un video publicado en Internet, bajo el título “La Mano Sucia del Dictador”, hay una investigación muy seria y profesional sobre el caso del diputado ecuatoriano Fernando Balda, acusado por el presidente Correa de cometer delitos de calumnia y difamación. Balda, diputado de oposición en la Asamblea de Ecuador, en pleno ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión, denunció graves irregularidades, incluso delitos, cometidos por el gobierno ecuatoriano.
Balda se refugió en Colombia y, estando en Bogotá, delincuentes al servicio del gobierno ecuatoriano, intentaron secuestrarlo, pero la policía colombiana impidió el secuestro, tras persecución del vehículo en el que llevaban al diputado. En la investigación del delito abierta por el Ministerio Público de Colombia se demostró que un funcionario de inteligencia del gobierno de Ecuador había planificado el secuestro, llegando incluso a alquilar el vehículo en el que se habían llevado al diputado en el intento de secuestro. La investigación sigue abierta en Bogotá.
Se supo que el gobierno de Ecuador le había solicitado a Interpol que se librara una alerta roja para detener a Balda donde quiera que estuviera, pero Interpol se negó a librar la alerta alegando que Balda era un perseguido político.
Pero he aquí que el gobierno del presidente Santos, a solicitud de Correa, el 10 de octubre de 2014, entregó a Fernando Balda al gobierno ecuatoriano, llevándolo a Quito en un avión de la Fuerza Aérea de Colombia, alegando que su permanencia en territorio colombiano era ilegal. Actuó Santos del mismo modo que en el caso de los estudiantes venezolanos deportados a Caracas, a solicitud de Maduro.
Es algo raro que el gobierno colombiano, quien se dice tan respetuoso del derecho internacional y de los derechos humanos, pase por alto la doctrina del non refoulement, del no rechazo. Se trata de un principio de derecho internacional que prohíbe la entrega de una víctima de persecución por parte de un Estado a ese Estado. Ese principio está consagrado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en su Protocolo de 1967 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Tortura.
Lo correcto hubiera sido que el gobierno expulsara al diputado hacia otro país en el que no corriera peligro. Parrce ser, sin embargo, que es preferible, antes que respetar las normas obligatorias del derecho internacional, apoyar al “mejor amigo”.
En el video antes referido se muestra la suerte que ha corrido Fernando Balda después de haber sido entregado al gobierno de Ecuador.
http://youtu.be/fesglyHiZl4
