Error tras error
Creo que todos los lectores tendrán que estar de acuerdo conmigo cuando afirmo que este el único gobierno del mundo que intenta corregir sus metidas de pata (que son muchas) con decisiones que, en vez de subsanar los errores, lo que hace es empeorarlos. El más reciente escándalo lo demuestra: en su afán de copar todos los escenarios, de gozar del poder sin controles, de hacer con el erario los que les venga en ganas, inventaron eso de que un poder puede ordenarle a otro qué y cómo ejercer las atribuciones que les otorga la Constitución. Y hasta asumir esas funciones decretaron. Eso no es más que una descarada extralimitación de funciones. En primer año de Derecho enseñan que los funcionarios públicos (redundancia ex profeso) no pueden hacer sino lo que la Ley les manda. Nada más. Pero aquí unos magistrados que asumieron sus cargos sin llenar los requisitos de Ley, decretan —en tremenda contradicción— que el Legislativo no puede legislar. Y le pasan esa función al Ejecutivo. Debe ser que cuando dictaron en la facultad la clase acerca de la “reserva legal” estaban dormidos. O haciendo bombas, cosa en la que sí son expertos.
Y pensar que todo comenzó con una insensatez: cuando el régimen se encontró que el pueblo había votado por el cambio en las elecciones para diputados, desesperados porque la oposición había logrado los dos tercios que le permitirían hacer serias modificaciones a la normativa legal, inventaron un juicio contra los diputados de Amazonas. Lo deleznable de ese linchamiento “legal” es que se basa en una grabación telefónica espuria en la cual alguien no identificado hace unas afirmaciones; las que sean. El juez, en vez de poner preso a quien grabó sin permiso —porque eso es un delito— admite esa grabación como cabeza de autos. Con una celeridad procesal inaudita, el legajo llega a la Corte de la Suprema Injusticia, donde en menos de veinticuatro horas se abocan y deciden. Ya hace casi año y medio que dictaron una cautelar y no resuelven el fondo. Eso, que ha dejado a un estado de la república sin representación popular, ha servido de “justificación” para decidir que la Asamblea Nacional “desacata” un orden judicial. ¡Hecho el mandado!
Con eso han autorizado un “estado de excepción” ¡que ya sobrepasa el año! y que no ha resuelto nada; y hasta han tenido el tupé de recibir las memorias y cuentas del ilegítimo y sus cómplices. La pregunta es, ¿qué van a hacer con eso? Si 168 diputados, muchos de ellos expertos en las distintas ramas, se demoran un año en analizarlas, ¿qué podrán hacer 32 togados, poco versados en administración y muy ocupados en otras cosas, como intentar atornillar a los herederos de Boves II en el poder? De ahí en adelante, sentencia tras sentencia, han intentado traspasar la función legislativa al Ejecutivo y emascularles a los diputados la atribución de controlar los gastos. Por esos fragosos senderos han seguido y han llegado hasta publicar las famosas decisiones 155 y 156 que fueron objetadas por la Fiscal General.
¿Qué hizo el régimen para tratar de disminuir el efecto causado por la hasta ese momento validadora de sus sinvergüenzuras? Sacar de la manga una convocatoria para una reunión del Consejo de Defensa Nacional —un organismo que solo es de asesoría, que nada tiene que ver con las decisiones tribunalicias, en el cual el régimen tiene mayoría abrumadora, que parece una reunión del PUS—, y este, como el perrito de la RCA Victor, en un santiamén redactó una exhortación (que no es un “exhorto”, busquen en el mataburros) al TSJ para que enmienden. Cosa que es imposible desde el punto de vista legal porque una sentencia “no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado”. Ni siquiera pueden pedir una aclaratoria porque ellos no son parte en el juicio. Pero, como estamos en el mundo de Subuso, ni corto ni perezoso, sale el flamante presidente del TSJ —que llegó al cargo sin llenar los requisitos, y que tiene más prontuario judicial que credenciales jurídicas— a publicar lo que se supone que son unas enmiendas a las fulanas sentencias.
Ya hay gente en la oposición jactándose del triunfo. ¡Eso no es un triunfo!, están contando los pollos antes de nacer. Lo único que ha hecho el régimen es cumplir con aquello tan comunista de recular un paso cuando la cosa se pone dura y dejar pasar el tiempo para continuar con su despropósito. Es, simplemente, lo que los militares llamamos una “acción retardatriz”: cambiar espacio por tiempo.
Lo que queda es calle y más calle. El apoyo que recibimos de otros países fue bien importante —y lo agradecemos muchísimo— pero no puede reemplazar la acción popular persistente, pugnaz. Hay que continuar clamando por —para ponerlo en las palabras de un antiguo alumno, un muy digno profesional y un querido amigo— “no más improvisación, no más equivocaciones, no más caudillismo, no más populismo, no más egoísmo ni ambiciones particulares”. Esos deben ser los propósitos que animen a los manifestantes. Calle y más calle, lo repito…
Otrosí. En el derecho internacional, un buque de guerra es una extensión del territorio nacional; y, por ende, representa a todos sus connacionales. De allí que poner el retrato del muerto eterno en una de las velas del buque escuela —que sale de crucero al exterior— es un despropósito, una ofensa a los que pensamos que ese fulano es el responsable de todo lo malo que sucede en el país, y otra muestra de la desvergüenza de los altos mandos, partidizados con descaro.
