En busca del equilibrio
Cuando se realiza una búsqueda en Internet se presupone que se va a obtener un resultado inmediato, así como información adicional. Esto es posible gracias a los esfuerzos de inversión e innovación realizados por empresas durante los últimos dos decenios. No obstante, hoy en día, distintos motores de búsqueda de toda Europa se enfrentan a un nuevo reto: dilucidar qué información hemos de omitir de forma deliberada de nuestros resultados en virtud de una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hasta ahora habíamos restringido las eliminaciones de las búsquedas a una lista muy corta que incluía la información declarada ilegal por un tribunal, contenidos pirateados (cuando nos avisara el titular del derecho), programas informáticos maliciosos, información personal de imágenes de abuso sexuales a menores y otros elementos prohibidos por la legislación local. Hemos adoptado siempre este planteamiento ya que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
No obstante, el Tribunal Europeo resolvió que las personas tienen derecho a solicitar que se eliminen de los resultados de búsqueda aquellos datos que incluyan sus nombres si se revelan “inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos”. Al decidir qué eliminar, los motores de búsqueda también deben tener en cuenta el interés público. Se trata de criterios muy genéricos y subjetivos. El tribunal también resolvió que los motores de búsqueda no pueden acogerse a la “excepción periodística”. Esto quiere decir que EL PAÍS podría publicar un artículo en su sitio web acerca de una persona pero podríamos no estar facultados legalmente a mostrar dicho enlace en nuestros resultados cuando se busca el nombre de esa persona.
Por estas razones no estamos de acuerdo con la sentencia. Dicho esto, respetamos la autoridad del tribunal y trabajamos para acatar dicha sentencia de forma rápida y responsable. Desde el mes de mayo hemos recibido más de 70.000 solicitudes de eliminación de 250.000 páginas web. Hemos designado a un equipo de personas que revisan cada solicitud y en la mayoría de los casos disponen de poca información y contexto. Los ejemplos vistos hasta ahora resaltan los difíciles juicios de valor a los que los motores de búsqueda y la sociedad europea se enfrentan como expolíticos que desean que se eliminen entradas de blogs en las que se critican sus políticas cuando ostentaban cargos o delincuentes condenados por delitos graves que solicitan que se eliminen artículos sobre crímenes que perpetraron. En cualquier caso, alguien solicita que se oculte información mientras otros podrían alegar que debería estar a disposición del público.
A la hora de determinar qué es de interés público tomamos en cuenta distintos factores: si la información trata sobre algún político, famoso o personalidad pública; si la información proviene de una fuente de información fiable y reciente o si el discurso es de carácter político. También estamos velando por ser transparentes en lo que respecta a las eliminaciones: informamos a los administradores cuando eliminamos la entrada de su página web pero no podemos concretar por qué lo hemos hecho, ya que podríamos vulnerar los derechos de privacidad de la persona a tenor de la sentencia del Tribunal.
Las medidas adoptadas se encuentran en una fase de trabajo muy incipiente y esto explica que la semana pasada eliminásemos enlaces a artículos por error, que ya se han vuelto a incluir. La buena noticia es que el debate activo se trasladará a nuestras políticas y en cómo encontrar el equilibrio entre el derecho de privacidad de una persona con el derecho al conocimiento de otra. Por ello, también hemos establecido un consejo asesor de expertos cuya composición definitiva anunciaremos hoy mismo. Estos expertos externos del mundo académico, periodístico, de protección de datos etc… Colaborarán como asesores independientes para Google. Recabarán aportaciones y recomendaciones de grupos distintos y celebrarán reuniones públicas este otoño en Europa para examinar estos asuntos en profundidad. El informe final que elaboren incluirá recomendaciones para solicitudes de eliminación particularmente difíciles; opiniones sobre las implicaciones que la sentencia del Tribunal tendrá para los internautas europeos, los editores de prensa, los motores de búsqueda y otras entidades o recomendaciones sobre actuaciones que podrían mejorar la transparencia tanto para los sitios web como para los ciudadanos.
Si bien las cuestiones que se plantean revisten importancia y dificultad, nos comprometemos a cumplir con la sentencia del Tribunal. No obstante, resulta difícil no empatizar con las personas que presentan algunas de las solicitudes que hemos visto como la de una madre que solicita que eliminemos artículos de prensa para proteger el nombre de su hija que ha sido víctima de abusos. Así, un debate de peso es oportuno y necesario, ya que al menos en lo que a este asunto se refiere, ningún motor de búsqueda puede ofrecer una respuesta perfecta o al menos inmediata.
(ElPaís.com)
