En beneficio de la memoria histórica (I)

El prestigioso experto petrolero y columnista de opinión Gustavo Coronel publicó, el pasado 23 de julio, en el blog “Dr. Político”, un artículo titulado: “Hugo Chávez, hijo de la alcahuetería venezolana”, en el cual critica severamente a los “líderes políticos y sociales venezolanos” de la década de los noventa. Allí sostiene, entre otras cosas, que ese liderazgo “permitió y hasta promovió la conversión de Hugo Chávez en un monstruo” y se refiere a una declaración mía dada a los medios de comunicación: “el propio Ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, visitó personalmente a los detenidos en el Cuartel San Carlos y prometió abogar para que fueran puestos en libertad, siempre y cuando demuestren un sincero arrepentimiento por sus acciones en contra de la institucionalidad”. Creo que, en beneficio de la memoria histórica, debo, una vez más, ofrecer mi versión de los hechos, no solo durante esos días, sino de mi gestión al frente del ministerio de la Defensa. Respecto a la citada frase, debo señalar que el Ministro de la Defensa no puede expresarse, de manera tan comprometedora, sin que ello esté en concordancia con los lineamientos establecidos por el presidente de la República. De hacerlo, su destitución sería inmediata. En efecto, después del 4 de febrero de 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez y yo conversamos largamente para establecer una política militar que, entre otras cosas, evitara convertir, ante la opinión pública,  de victimarios en víctimas a los verdaderamente responsables de la insurrección. Los venezolanos deben recordar el lamentable y generalizado ambiente favorable en la  opinión pública en defensa de los golpistas.  

En la tarde del 4 de febrero de 1992 había cerca de 400 detenidos, entre oficiales, sub oficiales y tropas profesionales. Esta situación generaba gran inconformidad entre sus compañeros por considerar que la mayoría de esos detenidos lo único que habían hecho era cumplir órdenes de sus comandantes de unidades, ignorando lo que realmente ocurría. Eso, contribuía a agravar el clima de inestabilidad reinante. Ahora bien, ¿por qué ese número tan elevado de profesionales presos? La respuesta está en que hubo más de 10 batallones, total o parcialmente involucrados en el alzamiento. La segunda pregunta que cabría hacerse es: ¿Podían estar comprometidos en el alzamiento un número tan elevado de profesionales? La respuesta es No. De haber sido así, se hubiese roto el secreto y la conspiración hubiera sido descubierta. Sin embargo, la liberación de los profesionales presos se basó en la apreciación de la Dirección de Inteligencia Militar, la cual, en sus investigaciones estableció quiénes estaban realmente comprometidos y quiénes no. De allí que, después de un detallado análisis de las hojas de servicio, liberé, con autorización del presidente Pérez, cerca de 300 de los detenidos. Los cien restantes los dividí en dos grupos: un grupo, cerca de treinta,  fue trasladado a la cárcel de Yare, entre los cuales estaban  los comandantes Hugo Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas; el otro grupo permaneció en el cuartel San Carlos, entre ellos los comandantes  Miguel Ortiz Contreras, Joel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta Hernández. Esta medida tuvo por objetivo separar a los jefes de la conspiración. También se dividió en dos grupos a los capitanes, a fin de evitar pudieran soliviantar a sus subalternos detenidos. 

La política que establecí,  al recibir el ministerio de la Defensa, también la discutí, ampliamente, con el presidente Pérez. El clima de inquietud en los cuadros de las Fuerzas Armadas, después de haber ocurrido “la noche de los tanques”, “la noche de los mayores”, el “Caracazo”, y la crispación producida por las denuncias de corrupción en la adquisición de equipos y armamento militar, ventiladas diariamente en los medios de comunicación, así como las insinuaciones a favor de un alzamiento militar y las críticas contra el paquete de medidas económicas, amenazaban por comprometer la disciplina y unidad de mando de la Institución Militar. Por eso, desde el mismo inicio de mi gestión, establecí una política destinada a consolidar la unidad interna de las Fuerzas Armadas, mediante un diálogo franco y permanente con todos los cuadros de diferentes grados y generaciones, el fortalecimiento del apoliticismo, el respeto al mérito para el otorgamiento de ascensos y asignación de cargos, el respeto de la debida autonomía de los comandantes de fuerzas en los aspectos que, por ley, eran de su competencia y la intolerancia con respecto a los hechos de corrupción. En relación a este último aspecto y para dar respuesta a las denuncias hechas por diferentes voceros y organizaciones políticas, anuncié en rueda de prensa el inicio de una exhaustiva revisión de todos los contratos del Plan Global de Adquisiciones, aprobados y ejecutados antes de mi gestión. Para tal fin designé al Vicealmirante Elías Daniels (†), Inspector General de las Fuerzas Armadas. 

El V.A. Daniels realizó una detallada investigación de todos los contratos del Plan Global de Adquisiciones, llegando a la conclusión que la mayoría se habían cumplido cabalmente a excepción de dos de ellos: el de la modernización de los tanques AMX30 para el Ejército y el del sistema de comunicaciones “Turpial” para la Armada. En la ejecución de ambos habían ocurrido graves irregularidades, al haber recibido pagarés por adelantado los respectivos contratistas, antes de la fecha establecida en el cronograma de cumplimiento de dichos contratos y haber comenzado a recibir intereses pagados por la Nación antes de lo debido, causándole un grave daño a Venezuela. En los dos casos le recomendé al Presidente de la República abrir la correspondiente averiguación sumarial. El presidente Pérez aceptó mi recomendación y ordenó iniciar el juicio militar. Mi relación con los integrantes del Alto Mando fue bastante fluida y cordial, basada, como expliqué antes, en el respeto de sus competencias. Sin embargo,  no fue así, lamentablemente, en el caso del Ejército. No obstante, hice un consistente esfuerzo para evitar intervenir en las decisiones del general Pedro Rangel Rojas, comandante del Ejército. Así ocurrió, por ejemplo, en la designación de los comandantes de batallón. El consideró conveniente nombrar para dichos cargos a algunos oficiales señalados por estar involucrados, aunque sin pruebas suficientes, en el caso de “la noche de los mayores”.  Los seleccionados eran, sin duda,  excelentes oficiales con una brillante hoja de servicio.

Deploro tener que aceptar que los esfuerzos realizados no impidieron los hechos del 4 de febrero de 1992, pero sí permitieron evitar que la insurrección se extendiera y que existiera la capacidad para neutralizar y derrotar la intentona golpista, en un tiempo relativamente breve. ¿Se pudo haber detenido la insurrección?, Si. El capitán René Gimón Álvarez, oficial de planta de la Academia Militar, se había comprometido a insurreccionar el batallón de cadetes, respaldado por un pequeño grupo de oficiales, también plazas de ese Instituto. Sin embargo, a las 10:30 a.m., ante la angustia que le produjo tener que detener al general Manuel Delgado Gainza, director de la Academia Militar, se dirigió a su despacho, para informarle lo que estaba por ocurrir esa noche. La novedad fue clara y terminante. “Mi general, esta noche un grupo de oficiales subalternos, comandados por oficiales superiores, intentará tomar el Aeropuerto de Maiquetía para impedir la entrada al país del presidente Pérez y tratará de insurreccionar varias unidades en Fuerte Tiuna… El movimiento debe ocurrir esta noche a las 10 p.m.”  El general Delgado llamó, de inmediato, al general Pedro Rangel Rojas, comandante del Ejército, y se trasladó a su comando para informarle la novedad. Este lo recibió a eso de las 3 p.m. A partir de ese momento empiezan a desarrollarse unos hechos inexplicables. En lugar de informar esa gravísima novedad, de inmediato, al V.A, Elías Daniels, Inspector de las Fuerzas Armadas, yo me encontraba en Maracaibo, dejó pasar el tiempo ordenando algunas medidas que resultaron ser completamente inocuas, para enfrentar la insurrección.