¿Empleados públicos buchones?
Los recientes anuncios presidenciales de aumento salarial para trabajadores del sector público y la publicitada discusión del Contrato Marco, cuyo proyecto fuera entregado al Ejecutivo en el mes de junio, plantea de fondo si en verdad existe en Venezuela la Función Pública como modelo organizativo para el personal que presta servicios al Estado y no a parcialidad política alguna como lo reza la Constitución vigente.
Es fundamental destacar que los antecedentes en la materia nos trasladan a 1970 al aprobarse la Ley de Carrera Administrativa, con el objeto de crear un marco regulatorio a las relaciones de trabajo en el sector público y así preservar al personal, quien era despedido al pertenecer al partido gobernante saliente. La nueva administración triunfante trataba como botín electoral los cargos y despedía sin causa justificada alguna, para calmar a la militancia hambrienta de los cargos presupuestados.
Superar esa condición de barbarie determinó en convenios laborales internacionales, dar un rostro de civilidad y democracia a la gestión del gobernante, siendo prioritaria la voluntad política a la hora de impulsar leyes con rango constitucional y luego realmente aplicarlas para proteger a esa victima permanente que ha sido el obrero y el empleado del sector público, en cualquier etapa de nuestra historia republicana.
En el caso venezolano no pocas reflexiones ha habido en la materia, entre ellas destaco las de la COPRE, institución que produjo una voluminosa propuesta para la conformación de una sólida Función Pública, como condición necesaria para fortalecer la democracia y hacer del Servidor Público, un funcionario digno y autónomo frente a la vorágine del poder de turno.
Si bien es cierto hubo iniciativas positivas en el marco de la descentralización en la década de los 90 del siglo XX, lamentablemente no derivó en política de Estado que garantizara la estabilidad absoluta, descrita en las leyes pero violentada en la práctica, comenzando por el artículo 145 de la CRBV.
Para impulsar durante estos 15 años desde el Ejecutivo Nacional políticas de humillación y de control del funcionario público, como suspender las contrataciones colectivas desde 2006 para imponer en 2014 un aumento salarial para los obreros hasta un máximo de 7.300 bs, y para los profesionales universitarios un máximo de 10.470 bs., anunciado mediante decreto como dádiva presidencial y no en el marco de la negociación colectiva. Decisión presidencial que no compensa el bajo poder adquisitivo ante la inflación y marca el empobrecimiento generalizado de los trabajadores del sector público.
Más aún al promoverse desde El Ejecutivo Nacional un modelo de contratación colectiva donde se contempla el “Trabajo Voluntario”, cuya tendencia es hacerlo obligatorio, igualmente la obligatoriedad de las milicias obreras y el establecimiento de misiones como sustitutas de las cláusulas de HCM, Vivienda del Sistema de Seguridad Social vigente. En realidad no hay motivo de regocijo sino de preocupación ante esta regresión impulsada desde el Estado.
