El poder usurpado
Desde que Nicolás Maduro fue escogido por el extinto Presidente Hugo Chávez para que lo sucediera en la Primera Magistratura, como si se tratara de una Monarquía hereditaria, se coludieron todos los Poderes Públicos para imponer en Miraflores a un jefe único, a quien se someterían incondicionalmente los más altos funcionarios electos o nombrados a dedo, en abierta liquidación de la independencia de dichos Poderes y como consecuencia la instauración de un régimen autoritario.
Maduro usurpa los Poderes Públicos, excepto el Legislativo, que establece la Carta Magna y gobierna sin apego a ley alguna, aunque estableciendo una fachada democrática para consumo de ingenuos nacionales e internacionales, que cada día son menos y reaccionan contra el autoritarismo hasta convertir en minoría, lo que fue una esperanza de mucha gente que en otros tiempos sufragaba por Hugo Chávez.
Si a las violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen que presidió Hugo Chávez, le agregamos una mayor y brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, de vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles, domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 200 mil en los 16 años de gobierno autoritario, la mayoría que creyó que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades, comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los venezolanos, porque los herederos han resultados peores.
Los venezolanos no disponemos de una instancia nacional independiente para defender nuestros derechos constitucionales, desconocidos o violados por funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.
De allí que la salida democrática marcada por los resultados electorales del 6 de diciembre, en los que la inmensa mayoría de los venezolanos votó por un cambio pacífico y busca poner fin a etapas primitivas de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, a la voluntad personal del gobernante, que asume ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas satrapías o en algunos regímenes personalistas, también señalan un rumbo de progreso y de paz que debe transitar nuestra sociedad contemporánea.
Afortunadamente, nuestro país ha madurado en la conducción de la lucha pacífica y electoral de masas en la calle, según lo acordado por la Mesa de Unidad (MUD) por unanimidad, que la llevó a participar en unas elecciones en las que la mayoría de los electores escogió las dos terceras partes de los diputados integrantes de la oposición en la Asamblea Nacional, en la que la Alternativa Democrática, puede y debe contribuir a darle un vuelco a Venezuela, restaurar el sistema republicano de independencia de los Poderes Públicos y poner en funcionamiento las instituciones de una democracia moderna.
Después de 16 años de violación de los Derechos Humanos de venezolanos inocentes, sentenciados a 30 años de presidio por orden del desaparecido comandante eterno, Hugo Chávez, como en el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Forero y Vivas, los policías que también fueron encarcelados injustamente, la Juez Afiuni sentenciada por el ex-Presidente en un programa de televisión, la prisión injusta e ilegal de Leopoldo López, el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma y dirigentes populares como el ex candidato presidencial Manuel Rosales, el ex alcalde Ceballos y centenares de estudiantes, el país democrático puede y debe intentar ponerle fin a semejantes arbitrariedades, y sobre todo impedir que las siga cometiendo el heredero Nicolás Maduro, revocando su mandato en el Referendo que debe realizarse este año.
