El pacto por la corrupción
En Argentina, jueces no del todo honestos y sumisos al anterior Poder Ejecutivo se voltean ahora y descongelan causas engavetadas desde hace tres años para llevar a cabo una investigación con posibles consecuencias fatales para la ex presidenta Cristina Fernández y parte de su gabinete. En Brasil avanza el impeachement de Dilma Rousseff, en sentido estricto no por motivos de corrupción, pero en realidad procurando destituirla y echarle la culpa del escándalo del petrolao. En Guatemala, la CICIG sigue trabajando; los jueces en Chile, ahí sí honestos y consecuentes, siguen su trabajo investigando a media humanidad en materia de financiamiento de campañas (salvo a la presidenta actual y a los ex presidentes en vida) y hasta en Perú, una vez que tome posesión el nuevo gobierno, de Keiko Fujimori o de PPK, empezarán a aflorar aguas negras del gobierno de Humala y su esposa.
En México vamos al revés. Aquí hay un gran pacto entre todos los partidos para solapar la corrupción lo más posible. El PRI diluye la 3de3 volviéndola casi irrelevante. Morena se desentiende. Y ahora resulta que el PAN, en voz de su senadora Torres Peimbert, se suma a la 3de3 sin dientes del PRI y de su archienemigo el Verde. El PRD relincha, pero pocos de sus senadores o diputados presentan su propia declaración.
Pero Torres Peimbert alega, con algo de razón, que con qué cara el PAN se pone intransigente y pelea hasta la muerte, si los “ciudadanos”, es decir el Imco y Transparencia Mexicana primordialmente, ya aceptaron la versión light del PRI. A éstos los acusan de aceptar dicha versión a cambio del nombramiento de alguien afín en el cargo de fiscal anticorrupción. Ellos sostienen que no, pero da más o menos lo mismo, porque el fiscal anticorrupción tampoco tiene dientes en su nueva edición.
En pocas palabras, se arma un gran pacto nacional, tipo Pacto por México, no contra la corrupción, sino a favor de la misma. Por lo menos en eso sí están todos de acuerdo. ¡Qué alivio!
Por otro lado, los posibles aspirantes a candidatos sin partido en el 2018, o bien porque no lo son o porque no lo quieren reconocer, o bien porque tampoco se consideran funcionarios o personas de interés público, tampoco entregan en forma completa su 3de3. Menos aún la hacen pública. De esa manera, a través de su silencio o pasividad, se vuelven partícipes de ese gran pacto nacional a favor de la corrupción por parte de los partidos.
Si sumamos a esta tragedia la que sigue imperando en materia de derechos humanos y que algunos venimos denunciando, no desde Ayotzinapa, sino desde hace diez años, y otros tratando de mejorar desde hace 20, vemos que muy pronto no va a quedar más alternativa que empezar a empujar una investigación independiente y externa de las dos grandes plagas de este país en cuanto a institucionalidad y gobernancia se trata: violaciones a los derechos humanos y corrupción. Se vinculan con un término: impunidad. Quizás convenga empezar a proponer y discutir si no hemos llegado al punto de no retorno.
