El largo camino de la transición democrática
Venezuela se ha convertido en toda la región de América Latina en el mayor laboratorio y caso de estudio. Hoy somos objeto de análisis, de debate, estudio y todos los ojos están colocados en el acontecer de Venezuela, entre otras cosas, por el largo y agobiante periodo de revolución conducida por casi década y media por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías y relevado por Nicolás Maduro.
En estas casi dos décadas 1998 – 2017, los venezolanos todos sin excepción hemos visto y sentido los estragos de un país, sociedad y economía cuasi destruido y colapsado. Entre delirios, experimentos, corrupción, ineficiencia, malversación, promesas de carretera, cantos de sirena, populismo, militarismo y demás hemos visto la destrucción de la economía, la industria y los campos, hemos visto el secuestro de los poderes, la violación sostenida de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, los daños son patrimoniales, económicos, financieros, humanos y morales.
Ha sido común en los regímenes de clara etiqueta autocrática y despótica el abuso contra la dignidad de la persona humana, el atropello, la tortura y la aplicación de penas infamantes, así como las prácticas que atentan contra la justicia social en su más amplia acepción, todos los cuales también constituyen crímenes contra los derechos humanos. Es una vergüenza mundial el que un país con una larga tradición y promotor de la democracia, los derechos humanos, los tratados de integración y demás haya retrocedido a los niveles actuales de deterioro y precariedad jurídica, democrática, institucional, con indicadores y cifras denigrantes para la condición humana, la democracia, la convivencia democrática y demás.
La violación de los derechos humanos se convirtió casi en la norma de esta revolución, de este gobierno, de estos actores políticos. Nunca el país padeció de los excesos actuales, de la represión, del atropello y vejámenes, detenciones arbitrarias, y del asesinato y muertes de venezolanos en protestas. La salud de una democracia, la fortaleza de la institucionalidad jurídica y democrática tiene que ver no tanto con el petróleo y finanzas, sino con un sólido Estado de derecho, división de poderes públicos, respeto de la Constitución como norma suprema y pináculo del ordenamiento jurídico de un país, todo unido a una cultura de tolerancia y respeto entre los ciudadanos y hacia los ciudadanos aspectos muy controversiales en el contexto de un país como Venezuela en la etapa de la llamada revolución bolivariana y socialismo del siglo XXI que retrocedió a niveles degradantes.
Venezuela es hoy un país chocado, un país conducido por el trasnocho, el delirio, una grotesca autocracia militarista, un régimen que concentra los poderes públicos y donde sus actuaciones no tienen límites ni fronteras, en parte por la precariedad de los órganos de control y la propia inobservancia de la Constitución. Socialismo, revolución, comuna y otros términos no existen en la Constitución y sin embargo se han convertido en vértices de actuación del gobierno. Y los principios que definen nuestra Constitución asociados a la democracia, la justicia, la participación, los derechos humanos, el Estado de derecho y de justicia han quedado menoscabados por las violaciones reiteradas del régimen.
Durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez Frías los venezolanos registramos muchos disparates, abusos y excesos, ninguno de ellos justificables y sensatos por su propia esencia. Sin embargo, el presidente Chávez se quedó en pañales al lado de los excesos y violaciones actuales. Si el régimen respetase la letra y espíritu de la Constitución jamás hubiésemos llegado a la degradación y oprobio actual. El destacado jurista venezolano José Román Duque Corredor ha tipificado las alteraciones y deformaciones que registran la democracia y el propio Estado de derecho en Venezuela, frente a esto propone hablar de “estado de cosas inconstitucional” como negación justamente del arquetipo y modelo de Estado de Derecho y de Justicia plasmado en la Constitución Bolivariana de 1999.
Duque Corredor caracteriza y precisa este desorden jurídico (estado de cosas inconstitucional) se entiende fundamentalmente como la repetida omisión y acción generalizada de los poderes públicos, respecto de la falta de protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas y de la garantía de la independencia y de no intromisión de los poderes. Y que supone el desconocimiento sistemático de principios básicos como el de la supremacía de la Constitución, el de la separación de los poderes, el de la inviolabilidad de los derechos humanos y el de la autonomía y especialidad de los jueces y del reparto constitucional del orden jurisdiccional.
Dentro de los rasgos visibles señalados por Duque Corredor del Estado Inconstitucional destacan:
1.- Desconocimiento reiterado y general de libertades y derechos esenciales por los poderes públicos;
2.- La adopción de prácticas constitucionales por dichos poderes;
3.- La omisión de los órganos competentes en materia de defensa de derechos constitucionales de adoptar las medidas correctivas de las violaciones de estos derechos;
4.- El mantenimiento de ordenamientos transitorios o provisionales en materias fundamentales, como el de la autonomía e independencia del poder judicial y su régimen disciplinario;
5.- El activismo judicial;
6.- La provisionalidad de los jueces;
7.- El funcionamiento deficiente y el poco desempeño de los organismos judiciales y de defensoría de protección de los derechos fundamentales;
8.- El ejercicio de la delegación legislativa ilimitada por el poder ejecutivo;
9.- La impunidad de delitos de corrupción y contra los derechos humanos;
10.- La sustitución de los mecanismos de reforma constitucional y del poder constituyente, entre otros, por la justicia constitucional
Las actuaciones y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son objeto de controversia nacional e internacionalmente, durante el años 2016 el TSJ anuló prácticamente buena parte de las leyes y decisiones emanadas de la Asamblea Nacional, incluyendo la iniciativa de Referéndum Revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro pautado para el último trimestre del año 2016, pasando por la declaratoria de Estado de Excepción y sus reiteradas prorrogas de parte del Ejecutivo y legitimadas y legalizadas de manera irregular e irrita por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la aprobación del Presupuesto Nacional correspondiente al año y ejercicio fiscal 2017 a solicitud del Poder Ejecutivo de manera ilegal ante el TSJ hasta la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral , todas estas funciones y atribuciones exclusivas del Poder Legislativo (Asamblea Nacional) usurpadas por el Tribunal Supremo de Justicia contraviniendo la propia Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999.
Dentro de la lista de violaciones de derechos fundamentales en estos años sobresalen:
1.- Leyes inconstitucionales violatorias de los derechos humanos.
2.- Levantamiento de cargos penales falsos.
3.- Intimidación y acoso a defensores de los derechos humanos y sus familiares.
4.- Intimidación y agresión contra opositores políticos.
5.- Judicialización de la política o empleo de la justicia para castigar a quienes disientan del pensar y el actuar del Gobierno.
6.- Acoso, amenaza, intimidación y encarcelación de políticos y periodistas por delitos de opinión.
7.- Violación de lapsos procesales y, por ende, el irrespeto al principio del debido proceso. Se violan las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros principios y derechos fundamentales.
8.- Detenciones arbitrarias de políticos, dirigentes, periodistas, productores, empresarios, etc.
9.- Inhabilitaciones inconstitucionales para postularse a cargos de elección popular.
10.- Criminalización del derecho a huelga y sindicalización;
11.- Cierre arbitrario de medios de comunicación y multas (radio y televisión, casos Radio Caracas Televisión, Globovisión, etc.).
12.- Criminalización de la protesta pública de estudiantes, gremios, sindicatos y otros.
13.- Expropiaciones de tierras, empresas y demás sin justificación de utilidad público, juicio respectivo y debida indemnización;
De tal manera que existen múltiples formas de socavar la dignidad de la persona humana, arremeter contra sus derechos, entre otras cosas manteniendo un sistema de exclusión social y deterioro de la calidad de vida y del propio género humano en nuestros países latinoamericanos con constantes ejemplos de violación de los Derechos Humanos. Estos años han demostrado en Venezuela que en materia de Derechos Humanos, a contracorriente de la intención del Constituyente y el propio espíritu de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 que estableció el principio de la progresividad y la supremacía de los Convenios y Tratados en materia de derechos humanos y fundamentales, y en contra de la tendencia mundial y en particular de los países que componen la Organización de Estados Americanos, la tendencia en la llamada revolución bolivariana es a desconocer el valor y los efectos de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, numerosos casos ilustran tal aberración y proceder.
La gran paradoja que registramos en Venezuela estriba en que es el propio Estado el que está en mora, asimismo, el Gobierno del Presidente Chávez y Maduro, y sus partidarios quienes fueron propulsores de una serie de Derechos incorporados y consagrados en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, son quienes paradójicamente irrespetan y violentan el régimen de derechos humanos y libertades de la CNB de 1999, su violación además ha sido reiterada por el actual gobierno del presidente Maduro siendo el caso más emblemático la convocatoria al Referéndum Constitucional, que después de lograrse las respectivas voluntades y firmas de los ciudadanos, tribunales regionales sin cualidad y competencia en materia electoral anularon parte de la firmas y bloquearon la iniciativa constitucional de Referéndum Revocatorio pautado para celebrarse en el último trimestre del años 2016.
Venezuela atraviesa además de una gravísima crisis económica, tal vez la más dramática en toda su historia por su dimensión y efectos, padecemos además una situación de vulneración constante y masiva de los Derechos Humanos en claro detrimento de los ciudadanos. El panorama y escenario de Venezuela es totalmente regresivo en materia de derechos humanos, desde la violación de derechos fundamentales civiles y políticos (como el derecho a la vida, igualdad, libertad, participación política, propiedad, etc;) pasando por violación de derechos económicos y sociales (alimentación, trabajo, salud, vivienda, ambiente, etc.) colocan al país andino en una situación sui generis de fragilidad y/o precariedad jurídica y democrática jamás antes registrada.
Venezuela registra en estos días de abril de 2017 uno de sus peores episodios en esta horrenda y degradante etapa de la revolución bolivariana, precisamente por la manera en que su población no sólo padecen de hambre y miseria, escasez de alimentos y medicinas, crisis humanitaria y una ola de represión generalizada de las diversas marchas y protestas registradas en todo lo ancho y largo del país que se multiplican a diario. Los excesos de represión y abusos por parte de los cuerpos de seguridad del régimen lamentablemente con saldos trágicos y el fallecimiento de Javier Ortiz, Daniel Queliz, Miguel Ángel Colmenares, Tony Gruseni, Brayan Principal en plena semana santa. No hay duda que los venezolanos perdieron el miedo y la búsqueda del cambio, de la recuperación de la libertad y la democracia es un sentir popular y es indetenible. Ojala la nefasta experiencia venezolana sirva de ejemplo no sólo a los venezolanos sino para el resto del mundo como lección de abusos, excesos, de destrucción de un país y al mismo tiempo ejemplo del coraje y de la templanza democrática de los venezolanos frente al oprobio actual.
Profesor de la Universidad de Los Andes
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