El Esequibo y la Corte Internacional de Justicia
Uno de los grandes logros de la Diplomacia Venezolana en relación a la histórica controversia territorial sobre el Esequibo fue alcanzado durante la etapa democrática, gracias a la suscripción del Acuerdo de Ginebra de 1966 que es el instrumento jurídico vigente entre las partes para resolver pacíficamente el diferendo.
Por ello la opinión pública venezolana quedó indignada con las declaraciones del día 22 de diciembre en las que la Canciller de Guyana Carolyn Rodriguez-Birkett afirmó: “Han pasado más de 20 años desde el proceso de buenos oficios (1989). Si en dos décadas no se tienen resultados, hay que revisar otras opciones“, para concluir que su Gobierno ya ha solicitado la asesoría de expertos y mencionó poder recurrir ante la Corte Internacional de Justicia.
De inmediato la Mesa de la Unidad Democrática emitió el 24 de Diciembre una Declaración categórica en la que le exige al Gobierno del Presidente Maduro que se pronuncie de inmediato para repudiar estas declaraciones inamistosas que violan el Acuerdo de Ginebra que establece la necesidad de que sea entre los dos países que se determinen los mecanismos de solución pacifica definidos en el Acuerdo, y se rechacen las medidas unilaterales por parte de Georgetown, ya que deben agotarse los otros métodos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas acordadas conjuntamente por los dos países.
Pero es que además del Esequibo, Guyana ha adoptado últimamente medidas que ponen en peligro la soberanía venezolana de la fachada Atlántica frente a las costas del Delta Amacuro, cercenándose centenares de miles de kilómetros de áreas marinas y submarinas.
Es necesario reconocer que por primera vez en mucho tiempo, vimos una Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que recoge algunos de los planteamientos hechos por la MUD. A pesar de que es un primer paso que transforma la negligencia y abandono que la Cancillería Venezolana ha asumido en los últimos años al ideologizar el tema de la justa reclamación venezolana, atribuyéndola a “presiones del imperialismo” y no a la justa reivindicación Venezolana que se adelanta desde finales del Siglo XIX, creemos que no basta con una simple declaración, sino que es necesario que el Gobierno actúe, y para ello debe convocar a los dirigentes venezolanos y a los conocedores del tema para realizar una amplia consulta en la defensa de los intereses de la Patria en la que participen expertos, académicos, historiadores, diplomáticos, parlamentarios, dirigentes de los partidos políticos, medios de comunicación y de esa manera, entre los diversos responsables del país, se pueda fijar una solida posición de Estado. Si no, terminaremos obligados a aceptar la decisión de Guyana de ir obligados al Tribunal Internacional de Justicia, lo que sería muy riesgoso para el país.
