El desenlace se acerca

Al gran Santos Yorme, ejemplo de luchador indoblegable, reserva moral de la democracia

Si el objeto de una asamblea constituyente es, “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” -como reza el artículo 347 de nuestra Carta Magna-, su convocatoria supone que se han labrado consensos en torno a los rasgos definitorios del país que se quiere construir. Como señala Fernando Mires, es una instancia portadora de una idea fundacional: propone “formar una nueva nación”. Por tanto, debe manar del soberano y acordar normas de convivencia entre ciudadanos y con el estado en torno a ese proyecto país para lograr su respaldo por todos. Se trata de asentar las bases legales de un nuevo contrato social cuyos elementos deberían haberse madurado en el seno de la sociedad, que expresasen sus anhelos y valores. Si ello no fuese así, la nueva constitución quedaría sólo en el papel, sin sustento real, y sus intentos de instrumentación se convertirían en fuente de conflicto y zozobra creciente, dado su rechazo por el pueblo.

Lo insólito de la iniciativa presidencial intentada por Maduro, es pretender imponerla en contra de lo que la sociedad como un todo desea. Intenta “constitucionalizar” una tiranía. Representa, por tanto, un contrasentido, un despropósito que, por tanto, es inviable y destinado a fracasar. Se trata, en realidad, de una Asamblea Nacional Disolvente, pues busca disolver los fundamentos sobre los cuales descansa la República, cuales son que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y que la división y autonomía de poderes es la garantía sine qua non para que se respeten los derechos humanos y civiles que son su razón de ser. Es menester que las instituciones que sustentan el orden republicano, sobre todo la Fuerza Armada Nacional como depositaria de los medios de violencia que el Estado le confirió para su resguardo, impidan la destrucción de la República, más si ello obedece a intereses vinculados a la gerontocracia despótica foránea de los Castro. Por si hubiera dudas, el artículo 333 de la Constitución señala como deber de todo(a) ciudadano(a), contribuir a restablecer su efectiva vigencia cuando ésta dejare de observarse.

Hoy el 85% de la población encuestada defiende la actual Constitución y rechaza la Asamblea Disolvente de Maduro. El empeño de la oligarquía militar-civil de aplastar con semejante farsa a la voluntad popular, nos ha convencido de la necesidad incontrovertible de que abandone el poder. La represión salvaje de la protesta lo que ha hecho es reforzar aún más esta convicción, pues muestra que nos (des)gobiernan asesinos con los cuales es imposible convivir. Una Guardia Nacional que actúa como verdadero ejército invasor -asesina; detiene a inocentes; los atraca, tortura y/o abusa de ellos; saquea negocios y violenta hogares- pone de manifiesto la incompatibilidad del régimen militar con la nación venezolana. Remarca, además, que somos un país sitiado por órdenes que emanan de una dictadura externa, la cubana. De manera que no hay vuelta atrás: con Maduro se acaba el país, se acaba el futuro.

Pero Maduro acelera su suicidio insistiendo en una constituyente corporativa que sólo podrá implantarse desatando una mortandad terrible. Independientemente de la crueldad, depravación y sevicia mostrada por algunos Guardias Nacionales contra manifestantes pacíficos en múltiples videos -ya van más de 70 asesinatos-, la Fuerza Armada como un todo no puede estar dispuesta a echarse encima el costo de semejante horror. Se reportan crecientes pases a tribunal disciplinario de militares indispuestos a acompañar la sangría ordenada por Maduro y sus cómplices, así como “run runes” de altos oficiales -tenidos como chavistas- disgustados con su rol de perpetuadores de un régimen que se ha desnudado para revelar el tradicional gorilismo militar de Pinochet, Videla, Somoza, Stroessner y los de su calaña.

La oligarquía fascio-militarista que encabeza Maduro ha mostrado, de manera más que fehaciente, su desdén por la suerte de los venezolanos. Sabiendo que sus políticas han sumido a los venezolanos a los peores padecimientos de hambre y de muertes por falta de atención médica que recuerda la historia moderna, se niega a rectificarlas. Enterada de que es posible reactivar la economía en un muy corto plazo, generar empleo productivo, detener la inflación y recuperar los niveles de bienestar que destruyó -porque los economistas se lo venimos indicando desde hace tiempo ya-, se niega a instrumentar las medidas para ello, pues implica ceder control y abdicar de las oportunidades de lucro que ello ofrece. La contraposición de los intereses de esta oligarquía con los de los venezolanos se manifestó ya, claro está, con el saboteo del referendo revocatorio y de las elecciones para gobernadores en 2016, y se reitera trágicamente con la brutal represión de quienes simplemente están exigiendo sus derechos ciudadanos, entre otros, de manifestar en Caracas, como hacen (porque se les permite) los fascio-Maduristas.

En anteriores oportunidades he hecho referencia a la vocación fascista por una conflagración final que “limpiase” la sociedad de la maldad que, para ellos, representa quienes se les interponen a sus ansias de control absoluto. Y, como nos lo recuerda Lord Acton, si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. De ahí el comportamiento tan desalmado, inhumano e infeliz exhibido por quienes hoy constituyen una mafia expoliadora, sin control ni medida, atrincherada en los nodos decisorios del estado. Sus inmensas fortunas las han acumulado, tristemente, gracias a la creciente miseria del resto de los venezolanos, pues en su afán de lucro destruyeron una economía que, en vez de crecer, decrece. Para esta mafia no hay término medio ni posibilidad alguna de entendimiento con las fuerzas democráticas: o todo o nada, winner takes all. Reducida a una secta fanática, sin apoyo popular, está dispuesta a inmolarse en una confrontación definitiva, porque sabe que sus crímenes no tienen perdón. Y en su desespero por cogerse todo y aniquilar a la oposición, precipita -con su Asamblea Disolvente– el desenlace final que habrá de sacarla del poder. Basta recordar la locura de Hitler, recogida magistralmente en la película “La caída”, invocando batallones inexistentes desde su bunker contra las tropas soviéticas que entraban a Berlín, para finalmente sucumbir con insultos a la población germana -deseándole lo peor- por no haber estado a la “altura” de sus designios.

La suerte del pueblo venezolano, su bienestar, es lo menos que le preocupa a Maduro. En su fuero interno, sabe que él representa el anti-país, contrario a los anhelos básicos del pueblo, a sus valores democráticos y a sus deseos de vivir dignamente en libertad, a su espíritu libertario, su sentido de justicia y su afán de superación. Ya no le sirve cobijarse en una retórica izquierdosa redentora y patriotera, porque de tanto abusar de ella, de la mentira y las promesas incumplidas, ya nadie le cree. No hay vuelta atrás, o sale -con su camarilla de cómplices- o sale. Esto lleva a hacer lo humanamente posible por terminar de resquebrajar el apoyo que todavía tiene, sobre todo de ese sector vil de militares que insultan a la Fuerza Armada con su proceder: “Maldito el soldado que empuñe su arma contra su propio pueblo”.

El mayor reto de las fuerzas democráticas opositoras es aislar a la camarilla fascista que expolia el país y ganarse a aquellos chavistas no comprometidos con las mafias que controlan el poder para rescatar el orden constitucional. Su futuro como opción política en el marco de pluralidad democrática a instaurar, está en juego. Si no se desmarcan abiertamente del horror que representan Maduro y sus cómplices, el costo de la transición democrática será mayor, más sangrienta, pero igual ocurrirá. ¿Para qué cargar con el karma de ser señalados como culpables de ello? ¿Por qué hipotecar toda posibilidad de ser reconocidos como fuerza política legítima? Y a los militares, si quieren volver a granjearse el respeto de los venezolanos y dejar de ser vilipendiados como una cruel e inhumana fuerza de ocupación, deben hacerle ver contundentemente a la mafia fascista que no tolerarán más crímenes contra los venezolanos y obrar activamente por el regreso al orden constitucional sobre la cual descansan nuestras instituciones republicanas.

¡No a la Asamblea Disolvente de Maduro!

ANEXO

La iniciativa de Maduro quebranta el ordenamiento jurídico del país[1]. Viola la letra y el espíritu de los artículos 347 y 348 de nuestra Carta Magna y, al pretender obviar la necesaria consulta por intermedio de sendos referendos sobre la convocatoria de la ANC, de sus bases y para aprobar la nueva constitución -una vez redactada-, desconoce absolutamente el fundamento principal de todo estado democrático, cuál es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como lo afirma tajantemente su artículo 5°. Asimismo, viola lo dispuesto en su artículo 63[2] al transgredir todo sentido de proporcionalidad en el voto y al proponer que la elección de los delegados -en el caso de la representación sectorial- no sea universal ni directa, si no de 2° grado. Plantea, más bien, una representación corporativa reminiscente del estado corporativo fascista de Mussolini o de la cámara corporativa falangista de Primo de Rivera, que asegure el control por parte del oficialismo. Su fin, confesado por sus mismos promotores, es remover a la Fiscal General y acabar con la actual Asamblea Nacional, contrapesos institucionales que estorban las ansias desmedidas de poder y de riqueza de la oligarquía que hoy ocupa el poder. El Estado Comunal que, supuestamente, resultaría de esa ANC establecería unas estructuras de gobierno, que sustituirían alcaldías y gobernaciones por Comunas y Ciudades Comunales designadas por elecciones de 2° y 3er grado, eliminando el voto directo y universal. Asimismo, establecería una economía comunal que sólo podría subsistir con transferencias de renta desde el Ejecutivo y que significaría el empobrecimiento aun mayor de los venezolanos.

Para la Asamblea Disolvente de Maduro se elegirán 364 delegados, de 500, uno por cada municipio, salvo aquellos que son asiento de capitales de estado (elegirán 2), y del Distrito Capital (elegirá 7). Municipios pequeños son equiparados con otros 20 y más veces superiores, comprimiendo la representación de los estados más poblados y sobre-representando áreas rurales, en las que la influencia del gobierno -a veces el único empleador o fuente de servicios y provisiones- es preponderante. Por otro lado, habría 173 constituyentes elegidos por 8 sectores ya definidos por el presidente: trabajadores; campesinos y pescadores; estudiantes; personas con discapacidad; pueblos indígenas; pensionados; empresarios y comunas; y consejos comunales, cuyos respectivos padrones electorales lo definirían organismos controlados por el PSUV. Otros 8 serán nombrados por comunidades indígenas. El padrón electoral de estos sectores lo controlan organismos corporativos identificados con el Madurismo. Ya se registran críticas de Maduristas de base respecto de la imposición, desde las alturas del poder, de quiénes-“democráticamente”- deben ser los delegados a elegir.

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