El costo de la inacción
Es realmente alarmante la desidia del gobierno, quien se niega a aplicar las medidas de corrección y ajuste requeridas para afrontar la gravísima situación económica que se vive en el país, y que se empeora a diario de manera dramática. Pareciera que no le importara a las autoridades ver cómo se deteriora la calidad de vida de la población debido a la escasez extrema de productos de primera necesidad, lo cual ha generado una inflación desbocada que cada vez se acentúa más, reduciendo aceleradamente la capacidad de compra de los menguados ingresos. Tampoco pareciera importarles las penurias que a diario sufren las personas para adquirir algunos pocos productos que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas, la paralización de la actividad productiva, el deterioro de la situación laboral, el notable agravamiento de la pobreza, y la profundización de tantos otros problemas que aquejan a los venezolanos, situación terrible en que hemos caído como producto de las malas políticas públicas que se han implementado durante varios años, y que se ha agravado por el reciente desplome de los precios petroleros.
Pero, ¿por qué tanta indolencia? Una respuesta a esa interrogante es que el gobierno teme que los efectos y consecuencias de la implementación de aquellas políticas de ajuste se reflejen negativamente en los resultados de las próximas elecciones parlamentarias. Como ya tantas veces lo hemos dicho, muchas de esas medidas correctivas requeridas generan efectos adversos inmediatos que exacerbarían las molestias de la población, pudiendo contribuir ello a la multiplicación de votos castigo en la próxima contienda electoral, por lo que el alto gobierno sea reacio a aplicar esas medidas en lo que resta del año. Esta inacción, sin embargo, tiene un alto costo.
Continuar con la irresponsable actitud de no actuar, que se ha venido aplicando desde hace ya mucho tiempo, no llevará a otra cosa que al agravamiento y profundización de la crisis, haciendo cada vez más difícil y dolorosa su solución. Es una situación similar a la de un paciente que sufre una severa enfermedad, pero que se niega a someterse al necesario tratamiento, por ser este molesto y doloroso. Cuanto más postergue la administración de la terapia requerida, mayor será la gravedad de la enfermedad y más traumática y penosa su curación.
Entre las múltiples acciones requeridas desde hace ya mucho tiempo, pero que no se han implementado por la terquedad del gobierno, están la revisión de las tarifas de los servicios públicos, el aumento de la gasolina, la racionalización del gasto público, la implementación de una política monetaria prudente, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por el BCV, la sinceración de los tipos de cambio preferenciales, el desmantelamiento progresivo del control de cambios, la eliminación de los controles de precios y de otra índole, y muchas otras. Obviamente, la implementación de estas tendría efectos inmediatos adversos, tales como un acentuado ajuste de los precios de los productos que se importan con dólares preferenciales, y una mayor recesión. Sin embargo, su implementación no se puede seguir postergando, pues los efectos negativos que ello generaría serían cada vez peores.
Como decíamos en el primer artículo de este año publicado en esta columna: “…es necesario dar un giro de 180 grados en el manejo de lo económico. De no hacerlo, e insistir el gobierno en mantener el camino errado de la inacción por temor a las consecuencias políticas que los ajustes tendrían, sobre todo en un año electoral como 2015, (…) podría tener consecuencias catastróficas con desenlaces traumáticos en lo económico y en lo político”.
“Tenemos por delante tiempos irremediablemente muy difíciles. Si se aplican los ajustes necesarios, este año tendremos alta inflación, recesión aún más intensa, desempleo y mayor pobreza, pero si no se implementan estos las consecuencias serían aún peores y más traumáticas”.
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