El chavismo contra las cuerdas

A juzgar por su comportamiento pasado, es probable que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro intente varias triquiñuelas –como sobornar o inhabilitar a algunos legisladores opositores– para disminuir la supermayoría opositora en la recién electa Asamblea Nacional. Pero hay tres grandes razones por las que probablemente no logrará anular los poderes del nuevo parlamento.

En primer lugar, la victoria de la coalición opositora fue tan aplastante que Maduro se enfrentaría a una explosión social si no reconoce los derechos de la nueva Asamblea Nacional. A pesar de competir con todas las reglas electorales en contra, la oposición ganó 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, una mayoría de dos tercios que le permite convocar a un referéndum nacional que podría conducir a la destitución de Maduro.

Irónicamente, el régimen chavista cayó en su propia trampa: había impuesto reglas electorales que beneficiaban enormemente a los distritos oficialistas, dándoles mucha mayor representación en el Congreso que a estados con mayoría opositora. Gracias a este sistema, el gobierno chavista había ganado una mayoría en la Asamblea Nacional a pesar de haber perdido el voto popular en 2010.

Pero esta vez, al gobierno le salió el tiro por la culata, porque la oposición arrasó en 20 distritos que eran tradicionalmente chavistas, lo que le permitió a la coalición opositora ganar el 67 por ciento de las bancas de la Asamblea Nacional con un 56 por ciento del voto popular.

El diputado opositor Julio Borges –que está entre los principales candidatos a ser presidente de la nueva Asamblea Nacional– me dijo en una entrevista que el tamaño de la victoria opositora hará casi imposible para el gobierno desconocer la autoridad del nuevo congreso.

“Fue una especie de terremoto”, me dijo Borges. “El gobierno no podrá desconocer esta victoria, no solo porque ganamos dos tercios del Parlamento, sino también por el hecho de que, por un margen de 2.5 millones de votos, la población pidió un cambio total en Venezuela”.

La segunda razón por la cual Maduro tendrá dificultades para restringir los poderes de la Asamblea Nacional es que, esta vez, no va a tener el apoyo automático de los países más grandes de América Latina.

En el pasado, cuando Chávez y Maduro abusaban ​​de los poderes públicos para quitarle espacios a la oposición, Brasil, Argentina y otros países de la región miraban para otro lado.

Pero ahora, el nuevo presidente argentino Mauricio Macri ha dicho que pedirá sanciones diplomáticas contra Venezuela si Maduro no cumple con los compromisos regionales de respetar los principios democráticos. Y la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, debilitada por un juicio político y una grave crisis económica, ya está suavizando su apoyo anteriormente incondicional a Maduro. Los vientos políticos están cambiando en la región.

Si Maduro hace un golpe de Estado en cámara lenta para despojar a la nueva Asamblea Nacional de sus poderes, la Organización de Estados Americanos podría invocar su Cláusula Democrática y pedir sanciones diplomáticas, como lo hizo cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso de su país en 1992.

La tercera razón por la cual a Maduro le será difícil suprimir o ignorar la nueva mayoría en el Congreso, es que el precio del petróleo –que representa el 98 por ciento de los ingresos extranjeros de Venezuela– ha caído a su nivel más bajo en siete años, y no es probable que se recupere mucho a corto plazo.

Venezuela está en bancarrota, al borde de una crisis humanitaria, y el gobierno no tiene dinero para poner en marcha nuevos programas sociales que le permitan recobrar el apoyo de muchos venezolanos descontentos.

Mi opinión: la revolución “bolivariana” de Venezuela está contra las cuerdas. Por primera vez en 17 años, ya no gozará de la hegemonía de todos los poderes del Estado, ni de un apoyo incondicional de sus vecinos, ni de una avalancha de petrodólares.

Cuanto menos, la nueva Asamblea Nacional podrá controlar el presupuesto, nombrar jueces independientes, investigar la corrupción y permitir que operen medios independientes. Y si Maduro hace un golpe de Estado contra el Parlamento, iniciará un proceso que –como sucedió con Fujimori– podría llevar a su destitución.