El caso Guaita-Barreto

El caso de la joven periodista Ana Guaita Barreto es otra muestra de la baja y aberrante situación a la que ha descendido la camarilla instalada en el poder en nuestro país. No les ha bastado con la criminalización de toda forma de disidencia política, sino que han derivado al comportamiento típico de las mafias criminales que usan a las familias de sus enemigos, como rehenes o instrumentos de venganza en sus bajas pasiones y actuaciones.

Ana es la hija de un matrimonio de luchadores sociales y políticos, de raigambre demócrata cristiana. Carlos Guita y Xiomara Barreto se han distinguido por su constante lucha por el rescate democrático del país. Han dedicado su vida a la promoción de los valores democráticos, a fomentar la organización social y política de la sociedad y a ofrecer su servicio y auxilio a los sectores más desposeídos del litoral central de la República. Participaron activamente en la recientemente finalizada campaña electoral presidencial y constataron, en todo el Estado La Guaira, el arrollador triunfo de Edmundo González Urrutia, sobre todo en sectores populares donde el “socialismo del siglo XXI”, en el pasado, tenía sus fortalezas. 

Ante el fraudulento anuncio de resultados, contrarios a los realmente producidos en las mesas de votación, participaron de las protestas populares desarrolladas en todo el país el día 29 de julio. Su presencia en la calle fue causa suficiente para que los agentes del poder le declararan la guerra al matrimonio Guaita Barreto. Lanzaron una campaña de odio contra esta familia en las redes sociales y ordenaron una cacería para detenerlos, humillarlos y judicializarlos con el libreto común de imputaciones, típicos de los sistemas autoritarios. Instigación al odio, obstrucción de vías públicas, terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. Ese es el común denominador de las imputaciones que en estos tiempos de barbarie se desarrollan en todo el país, en el marco de un plan para acallar la indignación y la protesta, ante el burdo fraude perpetuado contra la soberanía popular, que con el voto ordenó un cambio en la conducción de la vida política de nuestro país.

Cómo es natural, por la situación de injusticia y violencia del estado existente, el matrimonio Guaita Barreto se puso a resguardo, huyendo espavoridos del territorio nacional. Cómo los comisarios políticos de la camarilla roja no lograron privar de libertad a Carlos y/o Xiomara optaron por secuestrar a su hija, la joven periodista Ana Guaita Barreto. Sin guardar ninguna forma, los jefes policiales y políticos del litoral comunican que la joven estará en prisión hasta que su madre no se presente para ser canjeada por la hija. Para nada importan los derechos humanos de cada persona. Ana Guaita es una persona humana mayor de edad, con identidad propia, con existencia corporal y espiritual distinta a la de sus padres y por lo tanto responsable de sus actos. Ella no es responsable de los actos de sus padres. Por supuesto que Carlos y Xiomara son igualmente inocentes, no han cometido delito alguno, son ciudadanos honorables que exigen respeto a la voluntad ciudadana.

Pero los agentes de la dictadura en Maiquetía quieren aplastar toda expresión de disidencia y sentar un escarmiento con su encarcelamiento. Si Carlos y Xiomara son inocentes, mucho más lo es su hija Ana, que no ha incursionado en el activismo político y que apenas da sus primeros pasos en el periodismo. Por supuesto que no escapa a nuestro análisis la animadversión de este sistema por un periodista no sometido a su dominio. Lo cierto es que, en estas horas, en Venezuela, hay más de dos mil Ana Guaita. Más de dos mil inocentes encarcelados por haber sido testigos, activistas o por haberse atrevido a ejercer el derecho a la protesta pacífica establecido en el artículo 68 de la constitución.

Un número significativo de esos venezolanos fueron sacados de sus hogares sin existir investigación formal, y mucho menos con orden judicial. La mayoría de esos casos son el resultado de un sistema perverso de delación en el que han involucrado a los agentes políticos del PSUV en las comunidades. En muchos casos son los llamados “jefes o jefas de calle” los informantes que comunican a la policía quienes protestaron o quienes son de la oposición en una comunidad. Esas delaciones son pagadas por los agentes públicos y se ha convertido en medio de extorsión y corrupción en los comandos policiales. La razia en desarrollo les ha permitido a muchos funcionarios policiales exigir importantes sumas en dólares, para no enviarlos a fiscalía y luego a las cárceles de Tocuyito y Tocoron, a los activistas y dirigentes opositores en las comunidades populares.

El caso de Ana Guaita y el de la mayoría de la nueva oleada de presos políticos viola de forma flagrante el artículo Artículo 44 de la Constitución, que a la letra dice: “La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno. 2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.”

En efecto Ana no ha cometido delito alguno, por lo tanto, no estaba en flagrancia, no tiene investigación alguna que le haya sido notificada. Por eso estamos ante un caso de privación ilegítima de su libertad.  Además, se le tiene incomunicada y no se le permite acceso a su abogado de confianza. El fin de semana se presentó un recurso de hábeas corpus que ni siquiera le fue recibido en los tribunales del litoral. Vale decir estamos ante un desconocimiento abierto y descarado de los derechos de esta joven periodista, cuyo caso pongo de relieve porque evidencia un patrón y una degradación de comportamiento de las autoridades policiales, de la fiscalía y de los tribunales. Es decir, todo el sistema de justicia está actuando en abierta violación de los derechos humanos y lamentablemente ese comportamiento obedece a un lineamiento emanado desde las cabezas de los poderes del estado. La defensoría del pueblo está totalmente desaparecida de la escena social e institucional, brilla por su silencio. La asamblea nacional, con sus comisiones de derechos humanos, antes que ser celosos vigilantes de su respeto, se hacen de la vista gorda y en muchos casos animan y colaboran en su violación. Revela que en esencia es una caricatura de un parlamento,

La arremetida adelanta por el gobierno de Maduro, acompañada por todo el sistema de justicia, y encubierto por los demás poderes del estado, se ha convertido en un escándalo mundial. En este siglo no había ocurrido una escalada de violencia institucional y de violación de los derechos humanos de esta magnitud en todo nuestro continente americano. Estos comportamientos pensamos que habían quedado en el pasado, que era cuestión de las dictaduras del siglo pasado en el cono sur. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, estamos asistiendo a la más brutal embestida de violencia institucional contra una sociedad. El cese de esa razia ha sido exigido por todos los países democráticos de América en la última resolución de la OEA. Lamentablemente la camarilla roja, sumida en su soberbia y en su ambición de poder perpetuo, hace caso omiso al legítimo reclamo de nuestros vecinos.

El caso Guaita Barreto es solo un ejemplo de la tragedia que viven en estas horas miles de familias venezolanas, víctimas de la represión de un régimen político detestado por la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía.  Venezuela necesita regresar al estado de derecho, al celoso respeto por la vigencia de los derechos humanos, es decir a la convivencia civilizada. Esa es la lucha que libramos en estos trágicos y oscuros días.