El caso Carvajal
No son públicos los detalles de fondo esgrimidos por el gobierno de EE.UU. para convencer a las autoridades holandesas de la extradición – finalmente denegada por éstas – por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, del general Hugo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana y pretendido Cónsul de Venezuela en Aruba.
En cuanto a lo primero, se sabe la presencia de dicho general y otros de sus compañeros de armas en las listas de personas señaladas por sus relaciones con narcotraficantes y terroristas por las autoridades estadunidenses. Y sobre la situación de Carvajal, a quien el Presidente de la República, Nicolás Maduro, defiende sin reservas – “me la juego por él” – y responde que se trata de un ataque contra Venezuela y su revolución, vale decir que el mismo no es un “diplomático protegido por la Convención de Viena”, a pesar de lo afirmado por el uno y el otro caminando sobre tierra movediza. Es la tesis confirmada por el juez que conociera de su detención.
Carvajal fue designado Cónsul General en la citada isla, pero Holanda no le ha otorgado el exequatur. Más lo cierto es que, incluso habiéndoselo otorgado, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares los funcionarios consulares, incluidos los provisionales como es caso de Carvajal, a diferencia de los representantes diplomáticos no gozan de inviolabilidad personal plena, pudiendo “ser detenidos o puestos en prisión preventiva… cuando se trate de un delito grave”, como reza el artículo 41 de ese tratado multilateral.
Carvajal ha viajado bajo la protección de un pasaporte diplomático, lo que en nada cambia la circunstancia anterior. No es diplomático. Esa identificación, para que surta efectos más allá de nuestras fronteras requiere que su titular ostente a cabalidad la condición de diplomático, es decir, haya sido acreditado por el gobierno que representa y luego aceptado como tal por el gobierno u organismo internacional que lo recibe; así lo porte un Cónsul. Del resto, tales pasaportes son un saludo a la bandera. A quienes los llevan sin estar investidos de las calidades que dice atribuir, les permite presumir o acaso alcanzar un eventual trato preferente o de cortesía por las autoridades de inmigración de los países hacia los que viajen. Nada más.
El caso del general Augusto Pinochet es ilustrativo. Fue detenido en Londres por crímenes de lesa humanidad, hacia 1998. Esgrimió su condición de ex Jefe de Estado y su inmunidad, reconocida por una ley vigente de su país, y afirmó ser portador, por lo mismo, de un pasaporte diplomático.
Lo cierto es que la justicia británica no admitió su alegato, menos los efectos extraterritoriales pretendidos por dicha ley local. Su extradición fue acordada, al margen de que por razones políticas el ministro de justicia de la Gran Bretaña, bajo protesta del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, hubiese decidido entregárselo a las autoridades de su patria, luego de un muy largo proceso.
Carvajal tenía derecho a un juicio previo de extradición y justo, en las instancias de Aruba y de Holanda. Luego se sabría si procede o no el requerimiento norteamericano. Pero esto es historia, por encontrarse libre.
Lo que queda de bulto y mal puede ocultarse es la gravosa y desdorosa situación que, casos como el de Carvajal, significan para Venezuela, a la vez que comprometen la muy debilitada justicia internacional contemporánea.
Chávez y su entonces Canciller, Nicolás Maduro, decidieron profundizar sus relaciones de amistad con las FARC sin reparar en las consecuencias. Hacia agosto de 1999, como consta, aquél autorizó un pacto con éstas para que la violencia de su narco-guerrilla no se expandiese indiscriminadamente en territorio venezolano. A la sazón, le autorizó usar nuestro territorio como aliviadero o sitio de reposo. Dispuso de recursos energéticos e instrumentos financieros para beneficiarla, al punto de que el propio Presidente, desde la tribuna del parlamento, les otorgó su reconocimiento internacional.
Desde entonces se susurra, sotto voce, sobre la existencia de cárteles y de soles en Venezuela. De tanto en tanto llegan las noticias desde África, México, Centroamérica o Europa, dando cuenta de aeronaves con matrícula nacional que trasladan droga hacia tales destinos. Y otro militar, Coronel y antiguo magistrado de la Sala Penal, Eladio Aponte Aponte, confiesa hace dos años haber puesto en libertad a narcotraficantes por pedido del Palacio de Miraflores; amén de que el narcotraficante al que lo vincularan y motivó su exilio, Walid Makled, antes de ser rescatado en Colombia por el gobierno chavista para impedir su extradición hacia el Norte, dijo tener en su nómina a diputados, ministros, y también generales.
Lo veraz, a fin de cuentas, es que en noviembre del pasado año los Reyes de Holanda suscribieron acuerdos de cooperación petrolera y sobre lucha contra el narcotráfico con el actual presidente venezolano. ¿Privó ahora, en la decisión política y de oportunidad holandesa de liberar a Carvajal, acaso lo primero? ¿O será que el tráfico de drogas no es un delito grave, como lo pide la Convención de Viena?
