El absolutismo y la imputación

Desde que el Juez Rafecas hizo su lindo regalo de cumpleaños a la noble viuda y firmó la resolución rechazando el pedido del Fiscal Pollicita de investigar la denuncia de Nisman por encubrimiento de los iraníes, se instaló en la Argentina una curiosa discusión. Una parte de la opinión pública quiere que la Justicia avance rápidamente y castigue ya mismo a los corruptos y a los traidores a la Patria.

Otra aplaudió la decisión, ya que habría evitado que la Presidente cometiera una locura -¿una intervención al Poder Judicial?- en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa; de todas maneras, esa previsible vocación demencial asomó cuando los carteles en las bancas de la oposición, referidos al atentado en la AMIA, hicieron que saltaran las llaves térmicas del cerebro de Cristina y ésta comenzó a lanzar sapos y culebras sobre todos lo que no forman parte de su micromundo de aplaudidores compulsivos.

Por supuesto, la apelación terminó con la alegría de Olivos y volvió a alterar esa pseudo calma, dando motivo a la vergonzosa y falaz solicitada, firmada por la Presidencia de la República Argentina, publicada el miércoles en todos los diarios locales -y, ahora, en algunos del exterior-, que nos informó que todavía es posible alguna maniobra del Poder Ejecutivo contra el Judicial. Pero lo que hizo volar por el aire todas las «verdades» que el Gobierno intentaba instalar fue la conferencia de prensa en la cual la Juez Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y madre de sus hijas, leyó parte de la pericia efectuada sobre el cadáver por sus peritos, sumamente prestigiosos por cierto; las enormes y escandalosas diferencias que surgen entre este documento y el que presentaron los expertos oficiales incrementan las sospechas de la sociedad, que atribuye el crimen a esferas ligadas al poder.

Ya la denuncia impulsada por Pollicita se encuentra a estudio de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal, compuesta por los jueces Farah, Freiler y Ballestero. Los tres tienen antiguos antecedentes de ser harto receptivos a los deseos del Gobierno, pero recientemente -hay que recordar que los jueces federales nunca se venden, sólo se alquilan- han dictado fallos muy irritantes (la inconstitucionalidad del memorandum con Irán, por ejemplo) para la Casa Rosada. Tal vez, ahora opten, en aras de evitar nuevas locuras de Cristina, por demorar la resolución hasta que la suerte ya esté jugada.

Desde el asesinato del Fiscal, cuatro días después de hacer pública su denuncia contra la señora de Kirchner, su Canciller y algunos corifeos de baja estofa, y sólo uno antes de su prevista presentación ante el Congreso, desde la Casa de Gobierno se ha montó una gigantesca operación que, además de calificar sucesivamente al muerto de loco, depresivo, homosexual, heterosexual promiscuo y alcohólico, lo incorporó, junto a todos los magistrados que ahora se atreven a investigar a quienes ejercen el poder -el imaginado «Partido Judicial», encabezado por el «General» Lorenzetti- al imaginado club de destituyentes y golpistas. Esa actitud deja claro que Cristina, obviamente, no se detendrá ante nada en defensa de su libertad, la de sus hijos y la fortuna familiar construida, con tanto esfuerzo, sobre la miseria y el hambre de tantos argentinos. Tal vez las más claras demostraciones de cuanto digo fue aportada por el mismo ¿Frente para la Qué? bajo el lema «La democracia no se imputa«.

La pretensión no hace más que ratificar que, para la Presidente, existe una identificación total entre su persona y el Estado, que la pone por encima de la Constitución y de la ley que nos rige a los demás; olvida así que esa concepción absolutista del poder fue limitada en Inglaterra en 1215, guillotinada en París en 1793, asesinada en Ekaterimburgo en 1918, colgada en Milán y suicidada en Berlín en 1945 y fumigada en Moscú en 1956.

Con todo, el fondo de la cuestión sigue sin explicación alguna: ¿por qué negó el Gobierno, durante dos años, las negociaciones con Irán, develadas por el denostado Pepe Eliaschev?, ¿qué buscaba Cristina cuando envió a Timerman a firmar el memorandum y acordar la constitución de una «comisión de la verdad» para ceder la soberanía y revisar, conjuntamente con ese país, señalado como potencia agresora y responsable, la investigación del atentado en la AMIA?, ¿ignoraba que el Presidente de entonces, Ahmadineyad, perdería inmediatamente las elecciones y sería reemplazado por otro que no tendría ningún interés en firmar el adefesio?, ¿pretendía jugar en el gran tablero geopolítico y transformarse en valedora de Irán ante el mundo occidental?, ¿intentaba romper el bloqueo atómico que aún rige para ese país? Demasiadas preguntas, y ninguna respuesta.

El 28 de junio de 1914, el Archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono, fue asesinado en Sarajevo. El Imperio austro-húngaro envió un ultimátum a Serbia, uno de cuyos puntos exigía que la investigación del atentado se hiciera bajo la supervisión de Viena; el país balcánico se negó por considerarlo una violación de su soberanía y, a los pocos días, fue invadido y comenzó la Primera Guerra Mundial. En Argentina, en cambio, no solamente no parece importar demasiado acordar que el país acusado revise la investigación de la Justicia nacional, sino que estamos dispuestos a ceder territorio a una potencia extranjera y ponerlo bajo sus leyes -la base científico-militar china- sin que a nadie se le mueva un pelo. ¿Pensó usted qué hubiera pasado si se hubiera permitido un establecimiento similar a los Estados Unidos?

Después del discurso de Lorenzetti el martes, y de la marcha del 18F, los jueces saben que tienen todo el respaldo, institucional y civil, para avanzar en las investigaciones; Bonadío y varios magistrados más seguirán cubriendo de negros nubarrones los cielos de Olivos y la psiquis de su actual ocupante sufrirá nuevos embates. Por lo demás, poco tiempo después del cambio de inquilino en la Casa Rosada, cuando quiera que esto suceda, algunas de las sentencias dictadas en esta época (por ejemplo, las de Oyarbide, en especial aquéllas en las que sobreseyó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito sin investigación alguna) que están firmes pero son fraudulentas, serán revisadas por tratarse de «cosas juzgadas írritas», como nos enseñan Morgenstern y Orce en un libro de reciente aparición y ya agotado.

Estamos a pocos días del otoño y, con él, comenzará el calendario electoral que, sucesivamente, mostrará cuánto se ha reducido el caudal de votos del oficialismo, provincia por provincia. Si esos números son tan significativos como hoy resulta previsible, la cuenta regresiva hacia el abismo penal empezará a correr contra Cristina; sabremos entonces si nuestras esperanzas en favor de una transición en paz se concretaron o si, por el contrario, nos espera un infierno de violencia, derivado de los hechos de la Presidente y su entorno e iniciado con el magnicidio de Nisman.

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