Economista Tuertos vs. Economistas Capturados
Un director del BCV publicó un artículo en el diario El Mundo el martes 08 de julio de 2014, intitulado “Los Economistas Tuertos”; en el cual reconoce “los errores cometidos y las fallas actuales en las políticas económicas”. Aun cuando el artículo parece querer criticar y descalificar a los economistas que han señalado los errores en materia económica; lo sustantivo es que al final el director del BCV les da la razón.
Sin embargo, el director del BCV critica a los economistas por no señalar el supuesto poder de mercado que se deriva de estructuras oligopólicas e incluso asoma una tarea pendiente que no ha terminado el BCV, como sería publicar un “índice de especulación”. Sugiere la necesidad de monitorear las estructuras de costos especialmente en aquellos mercados donde existe un alto índice de concentración.
El director del BCV afirma que “la teoría económica moderna señala que el mercado, es decir; la libre oferta y la demanda, presenta una serie de imperfecciones denominadas fallas de mercado –entre ellas el poder de mercado, mercados incompletos, asimetrías de información, bienes públicos, etc.-”. Finalmente critica que se llame especialmente la atención sobre eventuales fallas del Estado.
Algunas precisiones sobre las aseveraciones anteriores bien valen la pena. Por un lado, lo que el director del BCV denomina la “teoría económica moderna”, ya no tan joven, se refiere a la teoría neoclásica microeconómica, en lo que se refiere a la teoría económica positiva sobre cómo operan los mercados y particularmente su origen de modelo bipolar, de competencia perfecta versus monopolio. Más allá, respecto a la teoría económica que pretende explicar el por qué de las regulaciones, el director del BCV solo asoma la denominada “teoría regulatoria del interés público” que justifica la intervención del Estado ante la existencia de fallas de mercado. Esta teoría normativa de la regulación económica, fundamentalmente basa la justificación de la intervención del Estado, en la existencia de una falla de mercado como el monopolio natural y la búsqueda de corregir la pérdida social del monopolio (ineficiencia asignativa o pérdida de peso muerto).
Sin embargo, existen muchas otras teorías que intentan explicar por qué existen y cómo es el proceso de diseño y aprobación de las regulaciones; bastante más “modernas” que la teoría normativa del interés público. Por ejemplo, existe una línea del pensamiento económico que se conoce como la teoría de la captura, que sugiere que las regulaciones y las políticas públicas no responden al interés público, sino por el contrario a grupos de interés que capturan el proceso de diseño y aprobación de las acciones públicas en beneficio de determinaos grupos de interés.
Dos economistas premios Nobel, George Stigler y James Buchanan, desarrollaron las teorías relacionadas a la captura; denominadas teoría de la regulación económica –the theory of economic regulation– y la Teoría de Public Choice. Por medio de la primera, Stigler advierte sobre los incentivos perversos que existen ante los efectos potenciales redistribuidores de riqueza de la regulación. Así las cosas, la regulación puede constituir una respuesta a las peticiones y demandas de grupos de interés en la búsqueda de sus beneficios propios. Más allá, Stigler observó que las regulaciones y el comportamiento legislativo se encontraban motivados por el interés de mantenerse en el cargo o en el poder y esto implicaba conquistar masa crítica de adeptos, aun en detrimento del interés público. Por su parte la teoría del Public Choice, no constituye una teoría de la regulación en sí misma; sino un análisis económico de los comportamientos gubernamentales. Este enfoque llega a conclusiones similares a las alcanzadas por Stigler; destacando que el uso de recursos económicos para lograr una captura del regulador, constituye acciones de búsqueda de rentas –rent-seeking– y en consecuencia un despilfarro de recursos sociales. La escuela del Public Choice igualmente reconoce que los diseñadores de políticas públicas y regulatorias no pueden predecir las consecuencias de las distintas alternativas de políticas públicas, con lo que las intervenciones en el mercado pueden generar fallas de Gobierno.
En otro orden de ideas, si al director del BCV tanto le preocupa el buen funcionamiento de los mercados y en particular la competencia efectiva en los mercados vale preguntarse. ¿Por qué en Venezuela la regulación de competencia, por medio de la administración y aplicación de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia ha caído en un letargo? ¿Por qué se aprobó una norma como la Ley Orgánica de Precios Justos que limita y condena la competencia en los mercados? ¿Por qué se tipificó conductas típicas de la regulación de competencia en la Ley Orgánica de Precios Justos, generándose un problema de inflación regulatoria, una vez que ya existía una regulación vigente que atendía este tipo de ilícitos?
¿Por qué la visión de la SUNDDE es basada en costos, desconociendo muchos costos directos y variables, así como muchos otros del tipo costos evitables, erigiéndose tal regulación como una barrera de entrada a la nueva competencia?
¿Por qué se cierra y bloquea el registro en el RUSAD creando un monopolio público al acceso a las divisas? ¿No ha visto el lector en la prensa nacional como se venden empresas con registro en el RUSAD como si se tratase de la venta de una renta?
¿Por qué tenemos controles de precios, tanto de bienes, servicios como de la divisa, que no permiten ni la competencia ni la soberanía y capacidad disciplinadora de los consumidores?
¿Por qué tenemos una normativa laboral y una inamovilidad que hace del factor trabajo un costo fijo y no un costo variable? Esta normativa termina constituyendo un desincentivo a la creación de nuevos empleos y en consecuencia una barrera de entrada y de expansión de la capacidad productiva o de ajustes a favor de mayor productividad y competitividad?
¿Por qué se encuentra engavetada en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley contra los Monopolios, aun cuando el mandato constitucional data de 1999, existió un anteproyecto de ley del 2006 al cual se levanto la sanción, para presentar un nuevo proyecto; constituyendo la gran deuda no solo de la Asamblea sino particularmente de la Comisión de Desarrollo Económico?
¿Por qué han fomentado un modelo rentista y no la libre iniciativa para crear valor y riqueza en el país? ¿Por qué el Gobierno se ha dedicado a producir bienes privados de consumo privado y no a coadyuvar a la provisión de bienes públicos, entre otros infraestructura judicial en resguardo de los derechos de propiedad?
