OpiniónOpinión Nacional
Diálogo sin elecciones
Nicolás Maduro quiere mantener la ficción del diálogo. No puede patear la mesa, como lo hizo Marcos Pérez Jiménez en diciembre de 1952, cuando perdió las elecciones ante Jóvito Villalba. El Vaticano, la OEA y Mercosur lo siguen con un monitor al que no se le acaba la pila. Su cínico y artero subalterno, Jorge Rodríguez, insiste en que de forma “terca” el Gobierno persistirá en el “diálogo” y nada lo apartará de él.
¿De cuál diálogo habla el gobierno? Todo sería muy sencillo si respetase a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, con más de ocho millones de votos; reconociese a la MUD, primer partido nacional, por encima del PSUV; y fijase el calendario electoral en el cual se establezcan la fecha de los comicios para gobernadores, vencidos desde el año pasado, y se determinase la consulta para elegir alcaldes. Estas dos últimas citas son constitucionales. En la Carta del 99 se señala que cada cuatro años vence el período de las autoridades regionales y locales
Pero, resulta que el régimen levantó una muralla para impedir la realización de esas consultas. Diosdado Cabello, con su sutileza característica, ha dicho en numerosas ocasiones que en este país se acabaron las elecciones por una temporada muy larga; hasta que los rojos puedan volver a ganar, es decir, nunca más. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del PSUV declaró que para su partido “los comicios no son prioritarios”, forma poco elegante de lanzarlos al basurero. Para cerrar el círculo, Vladimir Padrino López, general de los centuriones del régimen, luego de declarar que la FAN es “Zamorista, Anti-Oligárquica y Propulsora de la Igualdad Social y la Unión Cívico-Militar”, denuncia que pedir elecciones forma parte de un plan para “desprestigiar al gobierno”.
A la elección de los mandatarios estatales, una de las conquistas más significativas de la segunda mitad del siglo XX, Nicolás Maduro y sus cómplices tratan de desterrarla.
Como el atentado contra la Constitución y la descentralización resulta tan burdo, fue preciso idear un mecanismo que maquillara la operación. La patraña consiste en ilegalizar la MUD e impedir que los partidos políticos que la integran se legitimen en un plazo breve. Las armas con la que se comete el delito son el TSJ y CNE. La MUD supuestamente se encuentra inhabilitada por el TSJ, debido al “fraude” cometido por esta organización con la recolección de las firmas para el referendo revocatorio de 2016. En consecuencia, al no existir legalmente esa plataforma unitaria, sus partidos integrantes tienen que realizar los trámites necesarios para legalizarse ante el organismo electoral. Ahora bien, ¿cómo puede ilegalizarse el primer partido nacional, ese que obtuvo más de ocho millones de votos en diciembre de 2015 y creado por los requisitos impuestos por el CNE? Los plazos y el cronograma establecidos por las señoras que dominan la cúpula electoral es imposible cumplirlos. Estamos en presencia de una institución electoral sui generis: obstaculiza las consultas comiciales ordenadas por la Constitución y boicotea a los partidos, organizaciones fundamentales de la lucha electoral. Entonces, ¿para qué sirve un organismo que no cumple con la misión para la cual fue creado y que aparece claramente delineada en la Carta Magna y en la Ley de Procesos Electorales? Sirve solo para tratar de perpetuar el régimen dándole a sus tropelías un tenue barniz de legalidad. Esta función la desempeña en comandita con el TSJ.
Nicolás Maduro intenta reproducir el mismo esquema aplicado por Daniel Ortega en Nicaragua: segrega a la oposición, se vale de unos esperpentos que se desempeñan como “opositores” y le da una capa de maquillaje electoral a su régimen autoritario. Carece del coraje para declararse dictador e ignorar las elecciones, expediente utilizado por Pérez Jiménez en 1957, por eso se vale de tretas burdas como las que estamos presenciando.
Maduro y sus compinches quieren un diálogo sin elecciones ni partidos políticos. En otros términos: buscan aniquilar la democracia contando con el consentimiento de la oposición y el espaldarazo de la comunidad internacional. Para la MUD sería un suicidio aceptar las condiciones fijadas por las amanuenses del CNE. Ahora la primera condición que debe exigirle al régimen es el reconocimiento y aceptación de su propia condición de interlocutor válido e insustituible. La MUD posee una legitimidad avalada por el voto de millones de venezolanos y el reconocimiento internacional. La legitimación de los partidos en la actualidad es una trampa inadmisible.
Sin la MUD no hay diálogo.
