Desinformación gubernamental
A lo largo del 2014 se ha operado un proceso de restricción informativa en materia económica por parte de varios organismos públicos, siendo quizá el BCV el que más ha incurrido en esa práctica. Ese organismo, que se ha caracterizado por ser una de las principales fuentes de información económica desde su fundación en 1940, recientemente dejó de publicar datos fundamentales para el análisis y seguimiento de la economía, tales como las cifras de inflación mensual a nivel nacional y el índice de escasez de productos, que no se publican desde agosto de este año; las de balanza de pagos, comercio exterior, deuda externa, movimientos de ingresos y egresos de divisas del BCV y otras de las actividades externas del país, con periodicidad trimestral, y que ya tienen más de un año de atraso; y, los datos de remuneraciones de los trabajadores, fundamentales para saber la evolución de la capacidad de compra de los ingresos que perciben los que aquí laboran.
Lo primero que debemos preguntarnos es la razón que lleva a este organismo, y a otros de la administración pública, a dejar de difundir esa valiosa información periódica, la cual sigue siendo estimada regularmente por sus equipos técnicos, pero su acceso se le restringe al público en general. Obviamente, esto tiene que ser producto de una decisión de las altas autoridades de esos organismos o de otras instancias gubernamentales, quienes no desean que esa información se divulgue, quizá porque cándidamente piensen que al no ser del dominio público la gente dejará de prestarle atención a los problemas económicos que se padecen, o no se enterarán de la gravedad de los mismos. Si esa es la intención atrás del bloqueo informativo existente, los responsables de esas acciones pecan de ingenuos, por decir lo menos, ya que la gente que a diario padece las penurias de la escasez y del desabastecimiento, del aumento dislocado de los precios, y del deterioro de su calidad de vida debido a la caída de la capacidad de compra de sus ingresos, está ansiosa de saber cómo están evolucionando esos problemas, y qué posibilidades hay de que los mismos se resuelvan o aminoren en el tiempo. Por ello es que el bloqueo informativo existente lejos de generar tranquilidad o indiferencia, lo que hace es exacerbar las expectativas negativas, pues la gente se convence de que si las autoridades esconden las cifras, lo hacen porque lo que las mismas reflejan es algo muy adverso.
Adicionalmente, esa práctica oscurantista del gobierno causa irritación y rechazo, ya que la misma es una flagrante violación de la Constitución y de las leyes, que obligan a los funcionarios públicos a informar de forma oportuna y veraz a la población. En efecto, en el artículo 143 de la carta magna se establece que los ciudadanos tiene derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, y que no se permitirá censura alguna a los funcionarios del Estado que informen sobre asuntos de su responsabilidad que no sean confidenciales o secretos. Igualmente, en la recientemente reformada ley del BCV se ratifica en su artículo 31 que esa institución debe mantener informado de manera oportuna y confiable al Ejecutivo Nacional y demás instancias del Estado, a los agentes económicos públicos y privados, nacionales y extranjeros, y a la población acerca de la ejecución de sus políticas, de las decisiones y acuerdos de su Directorio, y de los informes, publicaciones, investigaciones y estadísticas que permitan disponer de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana.
Dado esos mandatos inequívocos, cabe entonces preguntarse ¿por qué algunas autoridades creen tener la potestad de privar a los ciudadanos de información económica fundamental para el análisis de la economía, para la estimación de los ajustes contractuales que dependen de la evolución de cifras como la inflación, o para simplemente disponer de orientación acerca de las realidades económicas que a diario los afectan?
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