Desconocer los poderes de dictadura. Enfrentamiento final en todos los terrenos
Aquí lo que hay «es el dictapueblo,
el pueblo manda y nosotros
tenemos que obedecer”.
Nicolás Maduro
Las noticias a esta hora dan cuenta de que los tribunales penales en por lo menos cinco estados, simultáneamente, han declarado nula la recolección del 1% de las firmas para activar el proceso revocatorio del felón de Miraflores y que las madamas del CNE suspendieron la recolección del 20% de las firmas. La simultaneidad no es casual, ha sido cuidadosamente planificada, tratando infructuosamente de quitarle al ente superior del “poder judicial”, el TSJ, el peso total de la responsabilidad de esa decisión.
Espero que esta acción de la dictadura convenza, finalmente, de la realidad a quienes se aferran a una imposible salida “constitucional, electoral, democrática y pacífica” a la tragedia que vive Venezuela. Por supuesto, estoy seguro de que después de publicar estas reflexiones, comenzaré a recibir descalificaciones por diferentes razones: estoy en el exilio y no tengo derecho a opinar, me preguntarán si cuento con armas para enfrentar a la dictadura y la de siempre, ¿por qué no vienes y te pones al frente?
Las respuestas por adelantado son que cuando salí al exilio, involuntario y con la DIM buscándome, no deje mi derecho a opinar como venezolano en el puerto por el que salí del país. Que para enfrentar a las dictaduras no necesariamente se requieren armas de fuego, se requieren voluntad, ingenio, organización y propaganda. Pérez Jiménez no salió a tiros ni el Muro de Berlín cayó a cañonazos. Y no me pongo al frente porque no soy líder político ni quiero ser un preso político más en los últimos años de mi vida. Y parece que hay muchos que, como caimán en boca de caño, están esperando que otro y no ellos se pongan al frente y luego recoger los frutos. El culillo es libre.
El objetivo del régimen de impedir el revocatorio, se va alcanzando gota a gota. Es el cuento de la rana sancochada. La decisión se produce en momentos en que la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática, los Colegios de Abogados, el Consejo Universitario de la UCV y otras instituciones de la sociedad civil denuncian, rechazan y desconocen a los ilegítimos poderes públicos al servicio de la dictadura. No puedo dejar de destacar que las posiciones más firmes y claras son las de los Colegios de Abogados y de la UCV.
Ni la Asamblea Nacional ni la MUD hacen un desconocimiento total de los poderes públicos. La Asamblea Nacional en el punto Primero de su “Acuerdo Sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución” se limita a “Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333[1] de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales”. Tal decisión convierte, o convertiría, a la Asamblea Nacional en una especie de “censora plañidera” de los actos y sentencias de la dictadura. A mi juicio, no va a la raíz del problema, que es la ruptura, esta vez más grosera que nunca, del “hilo constitucional”: se pretende desconocer los hechos y no a los autores, el efecto y no la causa.
Así como el Ejecutivo y el TSJ desconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional, por la incorporación de tres diputados electos de conformidad con la Constitución y la ley, y que el TSJ de manera inconstitucional e ilegal, pretende desconocer esa elección con una simple medida cautelar, la Asamblea Nacional está en la obligación de conformidad con los artículos 7 y 333 de la Constitución, a desconocer al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial en su integridad y al Poder Electoral.
El Tribunal Supremo de Justicia está integrado por unos sujetos elegidos por la pasada Asamblea Nacional al margen de la Ley y la Constitución, lo cual lo hace ilegítimo e inexistente. Por lo tanto sus miembros están usurpando la autoridad de ese tribunal, lo que hace NULOS DE TODA NULIDAD todos sus actos y sentencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138[2] de la Constitución. Por lo tanto, son igualmente nulas sus sentencias que no violen la Constitución como las que la violan.
Igualmente, el Poder Ejecutivo está encabezado por un sujeto que no ha podido o no ha querido demostrar que es venezolano por nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad. Un sujeto que ha desconocido la autoridad, la legitimidad y las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Un sujeto que en complicidad con el TSJ han violado sin empacho alguno el orden constitucional. Por lo tanto usurpa las funciones de cabeza del Ejecutivo y la Asamblea Nacional debe desconocerlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución.
De la misma manera, las rectoras del CNE han violado descaradamente la Constitución y usurpado legislativas de la Asamblea Nacional para impedir que los venezolanos expresen, de manera libre y soberana, su voluntad mediante el sufragio. Por ello, la Asamblea Nacional debe desconocer al CNE. Cuando la presidente del CNE Tibisay Lucena anunció el supuesto “cronograma electoral” lo que hizo fue una pantomima para diferenciar a esa ilegítima institución de las decisiones que ella sabía que tomarían los tribunales penales al unísono en el día de hoy: la anulación de la recolección del 1% de las firmas para activar el revocatorio y la recolección del 20% de las firmas, lo que solamente pudo haber sorprendido a los incautos.
En el día de hoy se ha roto la más mínima posibilidad de hacer realidad la imposible salida “constitucional, electoral, democrática y pacífica”. El escenario está servido: un enfrentamiento global de los sectores democráticos de la sociedad con la dictadura. Democracia y dictadura son conceptos y sistemas políticos irreconciliables. Un enfrentamiento en el que los sectores democráticos deben liderar al pueblo. Es la hora de la desobediencia ciudadana, por ahora pacífica y no armada. Es la hora de los paros y las huelgas. Es la hora de acciones clandestinas audaces. Es la hora del desconocimiento del poder arbitrario y del repudio a la corrupción, el narcotráfico, el militarismo, el hampa, el hambre y la muerte.
Adicionalmente, la hora negra que vive la República requiere de acciones que debiliten al régimen hasta hacerlo desmoronarse, entre ellas la acción internacional.
De seguidas algunas de las acciones a tomar a las que debe dársele prioridad son las siguientes:
Advertir a los inversionistas y a las instituciones financieras nacionales y extranjeras, que la Asamblea Nacional desconoce y desconocerá las obligaciones surgidas de cualquier operación de endeudamiento y/o emisión de títulos valores que no hayan sido autorizados por la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes de la República. Quienes los aprueben y los emitan serán sometidos oportunamente a los procesos civiles, administrativos y penales que correspondan. Implementar dicha advertencia de manera oficial, mediante acuerdo aprobado en la cámara y divulgado en todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Advertir a los inversionistas nacionales y extranjeros, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional, que declarará nulos todos los acuerdos, asociaciones, concesiones y obligaciones de cualquier naturaleza con empresas extranjeras o nacionales para la explotación y/o procesamiento de los recursos los recursos minerales y de hidrocarburos de la Nación, que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional.
Advertir a toda la comunidad internacional, que todos los acuerdos o tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Nacional y que de conformidad a la Constitución y leyes de la República no hayan sido sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional no surtirán efecto jurídico alguno y el desconocimiento futuro de cualquiera de sus resultados y eventualmente, generar responsabilidad civil, administrativa y penal para los funcionarios venezolanos que los participaren en su puesta en práctica.
Denunciar las acciones de la dictadura en todos los organismos internacionales y ante los gobiernos y parlamentos de todos los países democráticos, exhortándolos a romper relaciones comerciales y diplomáticas con la dictadura.
Por ahora no es necesario el uso de las armas. Ahora es más necesaria que nunca la denuncia internacional y el uso de las herramientas y los poderes disponibles para golpear a la dictadura con fuerza y buena puntería.
@jchaffardet
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[1] Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
[2] Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
