Delitos de lesa humanidad
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchas, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían.
De continuar la represión gubernamental en Venezuela, no será un solo caso el que varios parlamentarios y familiares denuncien en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y más recientemente en algunos Parlamentos Latinoamericanos y europeos.
En sus últimos informes varias ONGs en nuestro país develan centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, quienes han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes, sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
Tales son los casos de Leopoldo López, Ceballos y Scarano alcaldes de San Cristóbal y San Diego, Salvatore Lucchese, decenas o centenares de estudiantes, Raúl Baduel y los policías acusados de disparar el 11 de Abril de 2001 contra los chavistas.
Con la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, queda en evidencia que el gobierno tuvo y tiene como objetivo dejar sin protección a los venezolanos, víctimas de la recurrente violación de sus derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos. Esto sin percibir que se les pueden convertir en un boomerang, debido a los compromisos que ha adquirido nuestro país en diferentes tratados internacionales, que ha firmado y ratificado como miembro de la ONU y de la OEA, de Mercosur y Unasur, los cuales que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano.
Por diferentes aberraciones humanas, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado en la conciencia no sólo de los gobernantes, llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población, o mediante el fraude electoral.
La reacción del cuestionado Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo a estos informes, y la descalificación a quienes los elaboraron a partir de denuncias de familiares o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en el país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir sus contenidos para garantizarles la impunidad a los delincuentes.
Los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedarán en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, delitos condenados por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben, su impunidad será transitoria y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional.
Y aunque es posible que por la presión internacional el cuestionado Presidente se vea obligado a morigerar la represión policial y controlar, si es que puede, a los grupos paramilitares, para cumplir con disposiciones del tratado integracionista, relativas a las libertades públicas, es necesario esperar las próximas ejecutorias gubernamentales. Lo que resulta evidente es que la salida de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tendrá un alto costo político internacional, y si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) maneja acertadamente las bravuconadas Maduristas, el costo político puede ser también nacional y cobrado en votos en próximas elecciones parlamentarias de 2015
