Decretar estado de excepción es grave
El estado de excepción no puede ni debe decretarse a la ligera. Requiere que haya una conmoción tal que no quede otra solución que recurrir a esa medida extrema prevista y regulada en tres artículos de la Constitución. Y como implica la suspensión de algunas garantías tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional.
El art 337 de la Constitución establece que el Presidente, en Consejo de Ministros, puede decretar un estado de excepción cuando circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos.
El discurso del Presidente no fue claro, hablo de una amenaza de golpe, pero ¿dónde están los detenidos por este hecho?, y de una conspiración internacional, ¿pero dónde están las pruebas?
La Constitución de un país es sagrada y manipularla, como vienen haciendo, coloca al gobierno en un terreno cada día más al margen de la ley.
Los Estados funcionan cuando sus instituciones lo hacen y el respeto a la ley es la norma. Situación está que no ocurre desde el momento en que el gobierno desconoció lo expresado el 6 de diciembre, cuando el pueblo venezolano le dio la mayoría absoluta a la oposición en la Asamblea Nacional.
Pretender repetir lo hecho con la Alcaldía Metropolitana, a la que desconocieron cuando perdieron, por elecciones, el control de ella, o cuando perdieron la gobernación de Miranda y crearon una autoridad paralela para substituir la legítima, no es posible políticamente con la Asamblea, por ser esta la máxima expresión de la voluntad popular y, en un cierto sentido, el órgano fundamental de un estado democrático.
Creer que establecer mecanismos y fórmulas al margen de la Constitución puede anular la voluntad popular es un craso error y de seguir en esa vía ocurrirá lo mismo que le sucedió a Fujimori cuando pretendió ignorar al Parlamento.
Maduro está jugando con fuego al intentar gobernar solo y por encima de todos los poderes y el tiempo y la naturaleza de la crisis no le permitirán imponer un régimen de excepción que ponga de lado las garantías constitucionales. Estamos en el siglo XXI y ningún presidente puede saltarse, sin consecuencias y a la torera, el orden constitucional.
